El Gobierno usa el estado de alarma para recuperar las medidas tumbadas por el TSJM

La reunión se esperaba de trámite y con la previsión única y ya avanzada de aprobar el estado de alarma para la Comunidad de Madrid. Se adopta esta decisión una vez que el Gobierno entiende que Isabel Díaz Ayuso no garantiza por sus propios medios la adopción de las medidas de cierre que ayer tumbó el TSJM y que ahora necesitan un nuevo marco jurídico.

La decisión estaba tomada desde la tarde de ayer salvo rectificación completa de la Comunidad de Madrid. Por lo que ni siquiera se ha precisado que el presidente cancele su agenda . La reunión se esperaba muy rápida. Antes de que comenzase el Gobierno anunciaba una comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asumiendo que el cónclave no excedería de la media hora. Finalmente no ha sido así, aunque el Ejecutivo tenía elaborado ya el escenario desde la noche de ayer, y muy pronto se ha informado de que se aprobaba el estado de alarma.

En su comparecencia posterior, el ministro de Sanidad ha insistido en la idea de que esta declaración del estado de alarma no tiene que asemejarse con el escenario del mes de marzo, sino que lo que se pretende es dar "una nueva cobertura legal" a las medidas de limitación de la movilidad que se habían impuesto la pasada semana mediante una orden ministerial, tras la decisión del Consejo Interterritorial de Salud, que ayer fueron parcialmente tumbadas aduciendo que no se amparaban en la herramienta jurídica adecuada.

En este punto, Illa ha acusado a la Comunidad de Madrid de haber promovido el varapalo judicial del día de ayer. El ministro de Sanidad ha explicado públicamente un argumento que ya se trasladaba desde su entorno en el día de ayer. Y es que en hasta siete ocasiones la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los tribunales para solicitar aval a sus medidas de limitación de la movilidad. "En seis hubo pronunciamiento favorable invocando la Ley General de Salud Pública de 1986. En la última no ha invocado este aval. Son las comunidades autónomas las que lo han solicitado", ha dicho a Illa culpando a la Comunidad de Madrid de haber forzado esta situación: "Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí. El Gobierno ha hecho lo que tenia que hacer".

El estado de alarma estará en vigor durante 15 días naturales. Para extenderlo hará falta el aval del Congreso de los Diputados. El Gobierno no tiene claro que vaya a tener una mayoría en el parlamento para poder ampliarlo, por eso por el momento se plantea de momento que esté vigente tan solo estos 15 días. Según Illa, con estas más de dos semanas de vigencia unidas a la semana que ya venían estando vigente las medidas de control. Illa ha apuntado a que las restricciones se puede lograr una estabilización con medidas en el marco de la Ley Orgánica 3/1986. Se traslada así a Díaz Ayuso.

Con estas limitaciones ahora ya no serán diez ciudades las afectadas, sino nueve: Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Sale de la lista Alcalá de Henares,ya que su incidencia acumulada ha bajado el umbral de 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según ha explicado Illa. Al cierre perimetral de estos municipios se mantendrán las medidas que el TSJM no cuestionó: en toda la región se prohibirán los grupos de seis personas o más salvo que sean convivientes, se limitan los aforos al 50% y con hora máxima de cierre a las 22.00 en el comercio; en hostelería, el aforo se reduce a la mitad en interiores y será del 60% en terrazas. A las once de la noche deberán cerrar. Se prohíbe el consumo en barra, se limita el aforo en lugares de culto a un tercio y en los velatorios solo podrá haber 10 personas en interiores y 15 en exteriores.

Al contrario que en el mes de marzo, el decreto de alarma no designa a ningún miembro como autoridad delegada, al contrario que sucedió en marzo cuando los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transporte asunieron este papel. Y no habrá esa figura porque, ha dicho Illa, no está previsto tomar más medidas sino garantiza el cumplimiento de las ya acordadas. En caso de que alguna ciudad de las afectadas mejores su situación y se decida que ya no se le aplican las limitaciones la decisión la tomará el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha entendido que ya no había margen para la negociación porque la urgencia es máxima, ya que se inicia en unas horas el puente del 12 de octubre y se quiere impedir las entradas y salidas en gran parte de la región con carácter inmediato. El Ejecutivo considera que no había voluntad real de negociación en la Comunidad de Madrid, ya que insistían en la Puerta del Sol en su propuesta de trabajar sobre zonas básicas sanitarias.

Lo cierto es que la Comunidad de Madrid ha seguido demandando tiempo e instando a negociar, pero el Gobierno insiste en que solo había una opción para evitar el estado de alarma, y es que el Ejecutivo regional dictase una orden al amparo de la Ley Orgánica 3/1986 en virtud de la cual sí se pueden dictaminar limitaciones de movimiento.

Fuentes del Gobierno ya explicaban ayer que el presidente Sánchez le dio a la presidenta tres escenarios. El primero era el único que evitaba el estado de alarma utilizando esa orden al amparo de la ley Orgánica. Las otras dos ya implicaban el estado de alarma, o porque la Comunidad de Madrid lo solicitase o porque lo aplicase directamente el Gobierno.

Desde Moncloa trasladan que ayer «por cortesía» Sánchez accedió a retrasar el Consejo de Ministros de las 8:30 hasta las 12. Y justifican en La Moncloa que Díaz Ayuso «no le ha llamado hasta después de las 12 horas», una vez ya había comenzado el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Calvo se ha puesto en contacto con Ignacio Aguado para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de Ministros y que Díaz Ayuso no había llamado a Sánchez .

Posteriormente sí que han hablado los dos líderes. El Gobierno justifica que Ayuso ha pedido «más tiempo», algo que el Ejecutivo central no consideraba en ningún caso. Ha sido entonces cuando el presidente le ha trasladado que «hay que proteger la salud pública ya y que se aprobará el estado de alarma». Eso sí, han acordado que durante los 15 días de vigencia los equipos seguirán hablando de los escenarios posteriores. Pero esos contactos parten de un fuerte desencuentro. Y es que aseguran desde la presidencia del Gobierno que Pedro Sánchez ha pedido a la presidenta «que apoye al Gobierno en el estado de alarma» y que «la respuesta de Díaz Ayuso ha sido no».