Consejo de Ministros en campaña

El anuncio de la convocatoria de elecciones no pone fin al trabajo del Gobierno socialista. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado en su comparecencia en La Moncloa que seguirá trabajando «hasta el último día» no como coletilla sino porque la fecha elegida le deja aún tres Consejos de Ministros, incluyendo el de hoy, en los que podrá aprobar varios paquetes de reales decretos-ley que aún podrán realizar todo su recorrido en el Congreso. Según fuentes socialistas, «hay tiempo para impulsar cuestiones pendientes e importantes que el Gobierno quiere sacar adelante». La disolución de Las Cortes el próximo día 5 de marzo pondrá fin a la actividad legislativa ordinaria , esto es la tramitación de leyes cuyo proceso aún no haya concluido.

Sin embargo, la disolución no afectará a los reales decretos-leyes que hayan sido ya aprobados por el Consejo de Ministros y se encuentren pendientes de convalidación. Todos ellos podrán ser debatidos y votados en la Diputación Permanente -el órgano del Congreso que sustituye al Pleno durante los periodos de disolución de Las Cortes o entre ambos periodos de sesiones- si el Gobierno así lo necesita durante el mes siguiente a su aprobación por el Consejo de Ministros. Así pues, Sánchez dispondrá de mes y medio a partir de hoy, hasta el final de marzo para seguir aprobando medidas que le favorezcan de cara a la campaña electoral.

En cuanto a las leyes en proceso de tramitación, dispondrán hasta el 4 de marzo para completar su tramitación. El calendario de sesiones plenarias establece dos semanas más de pleno ordinario antes de esa fecha lo que significa que podrán entrar básicamente los textos que regresen al Congreso después de haber sido aprobados por el Senado.

La semana que viene, por ejemplo, serán debatidos en el pleno cuatro proyectos de ley. La reforma de la Propiedad Intelectual; la nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario; la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria y la mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. También se elevará al pleno la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

No hay duda de que la convocatoria de elecciones y el ambiente de campaña electoral impregnarán los debates y el trabajo parlamentario de las próximas dos semanas. En este contexto, se debatirá el próximo martes una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela que, dado que Sánchez así le reconoció a primeros de febrero, se traducirá un debate político sobre la situación en aquel país. El PSOE también defenderá una proposición no de ley para erradicar la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Ambas iniciativas tienen recorrido político porque evidenciarán si existe una mayoría parlamentaria que les apoya, pero no legislativo ya que no son vinculantes para el Gobierno.

El PP también pedirá la toma en consideración de una proposición de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado, pero aunque esta iniciativa se aprobada no podrá completar su tramitación antes de que se disuelvan las Cortes y, por lo tanto, decaerá. Lo mismo sucederá con las proposiciones de ley que se puedan aprobar el martes siguiente o en las distintas comisiones.

Ayer el Ejecutivo aprobó varias cuestiones importantes, además de la exhumación de Franco .

El proyecto de ley educativa del Gobierno a través del cual se deroga la Lomce del PP y se actualiza la Loe aprobada por los socialistas en 2006, nació fallido. Ayer aterrizó en el Consejo de Ministros el anteproyecto que le quita valor a la Religión, ataca a la concertada y no blinda al castellano en las aulas de Cataluña o Baleares. Sin embargo, el texto final de la «ley Celaá» (llamada Lomloe) ha suavizado el tono respecto al anteproyecto que tantos quebraderos de cabeza produjo a la comunidad educativa que criticó la falta de consenso, pese a que el Gobierno ha sostenido siempre todo lo contrario, y que no fue enviado al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno, antes de llegar al Consejo de Ministros. Es absolutamente imposible por tiempos aprobar un proyecto de ley en el Congreso en dos semanas, por lo que el anuncio de ayer tiene solo el fin propagandístico informa Josefina G. Stegmann.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible dotado con 45 millones de euros . Un programa dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros «los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 €».

El Consejo de Ministros aprobó también un Real Decreto por el que se regulan «las pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal». El Gobierno defiende que de esta forma se va a conseguir «un régimen único de prestaciones con independencia de la fecha de ingreso a las Fuerzas Armadas y el Régimen de Seguridad Social al que se pertenezca».

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes varios acuerdos internacionales con Perú, Arabia Saudí y Montenegro, acuerdos que van desde el intercambio de información clasificada en el ámbito de la defensa, en el caso de Perú, hasta el transporte aéreo con Arabia Saudí.