El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Educación en clave electoral

Deroga la Lomce del PP, quitando peso a la asignatura de Religión pero baja ligeramente el tono en cuanto al ataque a la concertada y la libertad de la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña

MADRID/ - BARCELONAActualizado:

El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Educación que modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006, y elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert».

Así lo ha confirmado ayer ABC y anunciado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En su intervención ha asegurado que «es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado» y ha defendido que el proyecto de ley es «imprescindible» por su propósito de derogar la Lomce. «La Lomce ha hecho descender el número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en tres puntos y dos puntos en Bachillerato. No conviene a la educación española y nos separaba del trabajo que viene haciendo la Unión Europea en relación a competencias educativas».

La «ley Celaá» (llamada, en realidad, Lomloe) debe pasar ahora al Congreso, pero dado que Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 28 de abril, el 5 de marzo se disolverán las Cortes por lo que la tramitación parlamentaria quedará suspendida.

El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Por esta institución debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo». El PP y Cs, sin embargo, sostienen lo contrario y aseguran que el Gobierno sí estaba obligado a considerar el dictamen del Consejo de Estado.

Pero, ¿qué dice la «ley Celaá»?

El proyecto de ley le quita peso a la Religión, ataca a la concertada y y no blinda al castellano en Cataluña. Sin embargo, en el último texto, a diferencia del anteproyecto del remitido al Consejo Escolar del Estado tratado en su Pleno el pasado 8 de enero, y al único al que se ha podido acceder públicamente, era más duro en los dos últimos aspectos.

¿Cómo le quita peso a la Religión? En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Por otro lado, suprime el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno y, además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.

¿Cómo ataca a la concertada? Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

Pero de cara a las elecciones, el PSOE ha optado por suavizar el texto. Por ejemplo, añade en el artículo 109.2 la alusión a la elección, entendida como elección de las familias.

Otro apartado controvertido del anteproyecto se refería a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se mencionaba, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento» que la concertada entendió como el intento de poner « comisarios políticos». El nuevo texto ahora solo habla de «representante del Ayuntamiento».

Escuelas Católicas señaló, sin embargo, a través de un comunicado que consideran que basándose en la nueva redacción del artículo 109.3, «el proyecto contraviene los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006».

¿Cómo ataca al castellano? El redactado final es más ambiguo que el anterior en cuanto a la competencia plena de la Generalitat a la hora de fijar el papel del castellano en la enseñanza, aunque sigue mantiendo que el gobierno autonómico debe ser el que controle que se aplican las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» de esta lengua en las aulas catalanas.

El anteproyecto presentado en noviembre supuso un giro de tuerca respecto a la obligación establecida por la justicia de impartir clases en castellano «en una proporción razonable». Esta última palabra cayó del redactado y se dio margen absoluto a las comunidades para «fijar la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular». El anteproyecto las empoderó también para establecer «las materias que deban se impartidas en cada una de las lenguas (catalán y castellano) pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes», idea que va en la línea del anuncio desde hace años de la consejería de Educación de que «en las zonas de mayoría de alumnos catalanohablantes se refuerza el español», algo que, según denuncian las entidades de defensa del castellano, «nunca ha sucedido».

Derecho a recibir enseñanza en castellano

La ley aprobada ayer obvia estos detalles referentes a la capacidad ejecutiva del Govern por lo que respecta a las horas que se imparten en castellano y se limita a afirmar, como en el anteproyecto de finales de 2018, que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», lo que desde algunas asociaciones de defensa del castellano se interpreta como un gesto de rebajar el tono del anterior redactado. Recuerda también, como en el documento previo, que el castellano es «lengua vehicular» en Cataluña, de acuerdo con «la normativa aplicable».

«Pleno» dominio

En el punto 2 de la disposición adicional trigésima octava, la ley subraya que el dominio del castellano que debe tener el alumnado de esta comunidad debe ser «pleno», concepto que no aparecía en el anteproyecto en el que solo se apuntaba que todos los alumnos deben alcanzar la «competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana».

Sin embargo, el documento deja claro que corresponde a las «administraciones educativas (en este caso la Generalitat) aplicar los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promover la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice» que los alumnos de esta comunidad alcanzan la competencia «en el grado requerido» en lengua castellana «impulsando la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas».

«No rescata al castellano»

«Si son ellos los que deben controlar si el castellano se respeta, la situación no cambia mucho. Es como poner al zorro al control del gallinero», aseguran a ABC fuentes de una asociación de defensa del bilingüismo. Por último, la ley impulsada por los socialistas elimina un punto que fue bien recibido por los detractores de la inmersión el que instaba a las autoridades educativas catalanas a «adoptar las medidas oportunas a fin de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación».

«La nueva ley es más ambigua, pero, tal y como está redactada, no rescata al castellano en Cataluña», concluyen las citadas fuentes.

Bachillerato con suspenso

El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posiblidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.