El caso Acuamed destapa una campaña de publicidad de 7,5 millones de euros con Zapatero

Se trata de la campaña promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro. El 8 de julio de 2007 el Ministerio dirigido por Cristina Narbona presentó la campaña informativa «El mar, fuente inagotable de vida» , que se llevaría a cabo durante el mes de agosto repartiendo 500.000 botellines de agua desalada en las principales playas de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

A finales de julio, el Consejo de Ministros fue informado de que el Ministerio de Medio Ambiente autorizaba a Acuamed , dirigida entonces por Adrián Baltanás, a realizar una campaña en el ámbito de la cuenca mediterránea . El «Programa del Agua» arrancó en noviembre de 2007, a cuatro meses de las elecciones generales, y supuso unos gastos de casi 7 millones y medio de euros en publicidad.

Bassat Ogilvy debía emitir facturas a las compañías que intervenían como adjudicatarias en las obras de las distintas plantas de desalación, como figura en el contrato con Acuamed, reclamando así a las constructoras el 1% que habían recibido en adjudicaciones en anuncios.

En el año 2008 el gasto en publicidad desciende de 7.447.599 a 3.833.061 euros. Y en 2009, a 1.954.396. Una vez destituido Baltanás, nombrado por la Administración socialista, el gasto medio bajo a los 200.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción revela en el sumario del caso Acuamed, un informe con las facturas abonadas a Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras, por valor y en proporción al importe del contrato, que supuso un total de 5.854.884,00 euros «a modo de colaboración». Entre ellas, UTE Desaladora Aguilas-Guadalentin (Sacyr y Ferrovial), 1.293.400 euros; Construcciones Alpi, 17.400 euros; UTE Desaladora de Oropesa (Técnicas Reunidas y Constructora Hispánica), 290.000 euros; Aqualia Infraestructuras, 139.200 euros o FCC Construcción, 57.884 euros.

El informe de la UCO se centra en la planta desaladora de Torrevieja (Alicante), que preveía garantizar los regadíos del trasvase Tajo Segura. La UTE liderada por Acciona pagó tres facturas por el concepto «contribución a la campaña desalización» con un valor total de 1.740.00 euros (1.500.000 más 16 por ciento IVA), sin haberse licitado un contrato específico a tal efecto.

Sistemáticamente desde el 2008, la UTE constructora de Torrevieja recordaba el «encargo por parte de Acuamed para realizar una campaña promocional», y que nadie asumía ese coste. Así se refleja en un correo enviado en marzo de 2012, donde Gabriela Mañueco, imputada en el caso, no atendió «el importe para publicidad» ni devolvió el dinero invertido ni llegó a reconocer la deuda.

Cuando le preguntaron en la Comandancia de la Guardia Civil a Baltanás por qué todavía Acciona reclamaba la devolución de los pagos que hicieron a Bassat, respondió que desconocía el motivo. «Se hizo un vídeo que salió en televisión y otros anuncios informativos, ya que existía una falsa idea respecto a la desalación». Curiosamente, no le interrogaron sobre las otras constructoras que colaboraron con el Gobierno de Zapatero en fechas tan próximas a unas generales.

En diciembre de 2014 el Consejo de Administración de Acuamed cuando Arcadio Mateo era el director general –ahora en libertad bajo fianza–, aprobó la liquidación del proyecto de las obras de la desaladora de Torrevieja, sin que se incluyera «ningún capítulo catalogado como publicidad», argumentando que «no procedería el abono por tratarse de un concepto no reclamable».

A pesar de cerrarse la liquidación, la IDAM Torrevieja UTE –Acciona Agua y Acciona Infraestructuras– siguió reclamando durante el año 2015 el abono de los 1,5 millones de euros por su contribución a la campaña de desalación.

El 27 de octubre de 2015, Javier Gómez Pastor, de Acuamed , le explica a Esteban Tolosana de Acciona, que estuvieron con el abogado del Estado y que «el tema de la publicidad» no lo ve. En otro pinchazo telefónico, Pastor le dice «olvídate de la publicidad», dándole vueltas a cómo se pueden contemplar los sobrecostes en seguridad y salud, sin que «parezca un cambio de cromos».

En su informe la UCO concluye que «no llegaron a encontrar la fórmula para llevar a cabo el abono, por ser un pago extracontractual y ajeno totalmente a la construcción de una desalalora» . Lo que todavía no ha investigado la Fiscalía Anticorrupción es qué ocurrió con el «impuesto revolucionario» pagado durante la etapa socialista por las otras constructoras que aparecen en el informe de la Guardia Civil.

El Ejecutivo de Zapatero apostó por las desaladoras para compensar la derogación del trasvase del Ebro , a pesar de las reticencias de los agricultores y de su alto coste energético. No previó que la crisis reventaría la «burbuja» inmobiliaria, y con ello la demanda de agua prevista. Sólo la planta de Torrevieja, uno de los iconos de la política puesta en marcha por Narbona, requiere de una potencia eléctrica equivalente al consumo de una ciudad de 100.000 habitantes a pleno rendimiento.

La inversión total prevista del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 fue de unos 19.007 millones de euros y se estimaba la recuperación de esa inversión a 45 años.

Como reconocía Nuria Segura, técnico de Acuamed, durante su declaración ante Eloy Velasco, la campaña fue sufragada por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora : «Si sumas todas las desaladoras (…) era una cantidad importante, yo no sé cuánto es normal en una campaña publicitaria… Pero vamos, siempre se habló de la famosa campaña de publicidad».