Un informe jurídico avisó de que Acuamed perdería fondos comunitarios

–«En el concurso que estamos hablando no existe ningún precio nuevo, la excavación es la misma, la tubería es la misma... En vez de llevarlo a un sitio lo llevas a otro y el incremento es cero […]. Como no hay nuevas expropiaciones y tú el agua se la sigues entregando a los mismos usuarios, pues realmente es una modificación técnica... No vaya usted por aquí y vaya por otro lado», explica Steegmann para justificar un modificado en el contrato de 9.180.000 euros de Cerro Colorado, de los cuales ya habían ejecutado 6 millones en el primer tramo.

La llamada intervenida por la Guardia Civil fue el 9 de marzo de 2015. Discutían sobre una segunda fase de la obras que dotarían de agua de riego al Valle del Guadalentín desde la desaladora de Águilas , uno de los contratos investigados por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional. Los regantes de Puerto Lumbreras y Lorca querían continuar la conducción de agua desalada con una tubería enterrada hasta un punto distinto y para ello se necesitaba tomar una decisión sobre la eventual modificación del contrato de Acuamed con Altyum.

Para justificar su posición, el contratista, acusado de malversación y de organización criminal, encargó un informe a un bufete especializado en Construcción e Ingeniería que expuso cuáles serían los costes añadidos para Acuamed si se resolvía el contrato vigente con Altyum. Las conclusiones, a las que ha tenido acceso ABC en exclusiva, son contundentes. Las firman Jesús Trillo-Figueroa y Benigno Blanco –secretario de Estado de Aguas en Medio Ambiente y de Infraestructuras en Fomento durante los gobiernos de José María Aznar–, y se entregaron el 20 de abril de 2015. «Aparte de los riesgos de pérdida de los fondos comunitarios con que se financia la obra y su nueva contratación, se añadiría el coste de la indemnización al contratista actual, con el consiguiente perjuicio económico para las arcas públicas».

A ello se refería Steegman en uno de los pinchazos telefónicos, recordando que la obra estaba financiada por fondos europeos. «Es que, encima, el 80% lo paga Europa, de otra forma lo pagaríamos todos los españoles, ¿no?». A lo que el director general de Acuamed le restaba importancia: «Bueno, eso se nos escapa a nosotros… El Estado español sigue siendo rico, por eso no te preocupes».

Finalmente, no consiguieron «encajar el puzzle», como pedía Arcadio Mateo y el verdadero detrimento para las arcas públicas fue la adjudicación como obras de emergencia de los kilómetros restantes hasta llegar a las zonas regables de Lorca y Totana, incluyendo el tramo que habría ejecutado Acuamed con Altyum con un coste 50% inferior. Para ello, se basaron en el decreto-ley de sequía, que adoptó medidas administrativas excepcionales en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura. El presupuesto para 27 kilómetros de tuberías, incluyendo otros tres tramos, fue de 20 millones de euros que asumió por completo el Estado.

Hasta ahora, el juez Velasco en su auto de prisión mencionaba únicamente el perjuicio para la Administración de 240.000 euros en los trabajos en el embalse de Cerro Colorado . Razonaba que «el contratista adquirió las tuberías a la empresa que las vendía más caras, simplemente porque el director general de Acuamed se las hubiera obligado a comprar», pero no entró en más cuestiones. En la actualidad, esa cantidad está pendiente de liquidación y no ha sido aún ni reconocida ni abonada por la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura.

Un análisis de la UCO incorporado al sumario resalta que la trama corrupta de Acuamed pidió el informe al bufete de Trillo-Figueroa por su «influencia hacia altos cargos de la administración», y no valoró el daño económico para las arcas públicas al que alude la conclusión final. Aunque Benigno Blanco, quien participó en la redacción del proyecto de Plan Hidrológico Nacional, se reunió con la abogada del Estado tras el consentimiento de Liana Ardiles, directora general del Agua, el contrato de 9,1 millones de euros no se modificó. Esto supuso la consiguiente pérdida de los fondos comunitarios aprobados para la segunda fase de la obra, el 80% de 3,1 millones de euros. El pliego de condiciones del contrato de Cerro Colorado estipulaba una indemnización al contratista del 6% si se anulaba la construcción: unos 186.000 euros.