Artur Mas ha gastado 3.609 millones en su causa identitaria en cinco años

Las políticas sociales fueron las grandes damnificadas de los recortes aplicados por CiU. Sin embargo, la evolución de las partidas destinadas a sufragar esa gran cortina de humo que supone el proceso secesionista apenas se han alterado durante estos años. Más de 3.609 millones de euros ha destinado el líder convergente a su causa identitaria :

«TV3 no se toca». Esta frase, atribuida al consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ya es legendaria. La televisión pública más cara de España se ha puesto al servicio del proyecto independentista y ha permanecido inmune a los recortes. Mantener la sobredimensionada televisión catalana, así como Catalunya Ràdio, ha obligado a la Generalitat a hacer malabarismos presupuestarios destinados a enjuagar su deuda y proteger este instrumento de propaganda.

Un total de 1.736 millones de euros se han destinado en los últimos cinco años a los medios públicos catalanes , mientras que otros 389 millones se han invertido en afianzar medios privados –prensa, radio, televisiones...– afines a las tesis soberanistas, con el requisito, por supuesto, de utilizar el idioma catalán.

Las retransmisiones efectuadas en directo por la televisión pública de las movilizaciones separatistas celebradas en la Diada, así como la producción de reportajes donde se hace proselitismo soberanista, han generado enorme polémica.

La diplomacia como estructura de estado de la futura república catalana. Así concibe Artur Mas su acción exterior, a la que ha dedicado un total de 148,8 millones de euros desde 2010. La red de oficinas y «embajadas» no ha parado de crecer, mientras que el presidente catalán ha intensificado sus contactos internacionales en busca de complicidades, con escaso éxito.

La estructura diplomática es mastodóntica. Cataluña tiene «embajadas» de dudosa utilidad –poco se sabe del quehacer diario de sus delegados– en la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria e Italia, éstas dos últimas de reciente creación. Todas ellas están situadas en barrios exclusivos, como demuestra el hecho de que la Generalitat llegara a pagar 832.260 euros por el alquiler de su delegación en Bruselas.

Asimismo, hay que añadir 34 oficinas de Acció (promoción económica), cuatro oficinas del Instituto Ramon Llull, cuatro representantes de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo , once oficinas de la Agencia Catalana de Turismo, tres oficinas del Instituto Catalán de Empresas Culturales y 130 «casales» catalanes repartidos por todo el mundo y que reciben generosas subvenciones de la Generalitat. Un total de 88,2 millones de euros ha gastado Mas en esa proyección exterior, que incluye la creación de un organismo dedicado en exclusiva a esa labor, Diplocat, y el contrato de asesores británicos para internacionalizar el proceso independentista. Otros 60,6 millones se han dedicado a la cooperación y a subvencionar proyectos en países muy recónditos. Destacan las ayudas con destino a Guayaquil, Kansai o Rosario.

La Generalitat se ha convertido en una gran mecenas de las producciones culturales... siempre y cuando éstas contribuyan a favorecer la «identidad nacional» y la internacionalización de las producciones catalanas. Un total de 1.072 millones de euros se han dedicado a ello, lo que incluye la subvención del doblaje de películas al catalán, así como el fomento del asociacionismo y del «pancatalanismo», esto es, el gasto en entidades situadas fuera del territorio catalán y que, según el ideario independentista, forman parte de los «países catalanes»: Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y sur de Francia. Si se tiene en cuenta que en esas comunidades autónomas gobernó durante años el PP , puede comprenderse la carga política que tenía esa financiación.

Entre los beneficiados a dedo, es decir, sin concurso público, destacan Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia –cuyos expresidentes Muriel Casals y Josep Maria Vila d’Abadal, respectivamente, formaron parte de la candidatura de Artur Mas, Junts pel Sí–, la Red de Entidades Cívicas y Culturales de los Países Catalanes o la Asociación de Amigos de la Bressola.

Mención aparte, en lo que respecta al gasto identitario, merecen los fastos celebrados el año pasado con motivo del tricentenario de la guerra de sucesión de 1714. La fecha es un referente del soberanismo catalán, pues aseguran que fue el año en que Cataluña perdió sus libertades. Más de 86 millones costó esa conmemoración, aunque el grueso de la cifra corresponde a la construcción del Born Centre Cultural, santuario secesionista.

La Generalitat organizó en 2014 el polémico simposio «España contra Cataluña», criticado por la comunidad académica catalana por su sesgo ideológico. El nombre del acto lo dice todo. Idear y planificarlos actos del Tricentenario le costó al Gobierno autonómico más de un millón de euros, los pagados a la empresa Magmacultura para que creara una oficina técnica sobre este evento. Igualmente costosa fue la realización de audiovisuales e inserciones publicitarias encargada a las empresas Karavan Productions Films, SL (72.539 euros), Carat España, SAU (233.772 euros) y Media Planning Group, SA (dos contratos de 3,6 millones y 460.000 euros).

Aplicar el monolingüismo en una sociedad donde se utiliza por igual el catalán y el castellano, le ha costado a Artur Mas un total de 189,5 millones de euros durante estos cinco años de mandato. La promoción de la lengua catalana tiene muchos ámbitos, incluidos los que traspasan las fronteras autonómicos. Organizar cursos de catalán para la población adulta y el alumnado extranjero, el aprendizaje on line o el apoyo a la enseñanza y la proyección exterior de la lengua catalana forman parte de esa generosa partidas de dinero públicos.

Este año, la partida destinada a promocionar el uso del catalán dentro y fuera de Cataluña a través de cursos y diversas acciones, ha aumentado en 1,6 millones pasando de los 33,1 millones de 2014 a 34,7 millones, pero se da la circunstancia de que la demanda de esas actividades ha caído. En el caso de los cursos para adultos, a alumnos nacidos en el extranjero o a inscritos en cursos on line o a la obtención de acreditaciones de catalán, se ha pasado de 268.500 alumnos en 2014 a 143.500 alumnos en 2015, 125.000 alumnos menos. La partida presupuestaria dedicada a lengua catalana también incluye el apoyo a industrias culturales en catalán (ciclo y muestras de cine, festivales de música o video juegos).

Que la gestión del deporte dependa de la Consejería de Presidencia da idea del objetivo político de este departamento, que en cinco años, ha supuesto un gasto de 426,1 millones de euros. El deporte como fuente de salud o motor económico no es el enfoque principal de estas subvenciones, sino la proyección de la imagen de Cataluña en el mundo que proporciona este tipo de actividad. La Plataforma ProSelecciones, dedicada a lograr que las selecciones deportivas sean reconocidas internacionalmente, es una de las entidades protegidas por Artur Mas. El presidente de la Federación Catalana de Korfbal, Francesc Serra, admitió en una comparecencia parlamentaria que esta entidad «nació del interés político del país» y que «por eso recibimos subvenciones, si no no existiríamos». Korfbal es una de las 21 selecciones catalanas reconocidas internacionalmente, la mayoría de las cuales corresponde a disciplinas desconocidas o minoritarias, como fistball, tamborí o twirling.

Un total de 36,2 millones ha dedicado la Generalitat a los procesos electorales y la participación ciudadana. Conocida es la afición de Artur Mas a convocar elecciones anticipadas. Ocurrió en 2012, después de que el Gobierno de España se negara a negociar un pacto fiscal en plena crisis económica, y en 2015, para satisfacer a sus socios independentistas. No se descarta un tercer adelanto para marzo de 2016 si no prosperan los acuerdos de investidura entre Junts pel Sí y la CUP.

Pero entre esas dos fechas se produjo el simulacro de consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el Tribunal Constitucional y que ahora es investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que supuso un gasto de nueve millones de euros. Incluso se llegó a prever una ampliación de gasto a 20 millones de euros.