El hijo de Conde-Pumpido ha blanqueado 1,1 millones a una mafia de prostitución

Así consta en informes de inteligencia financiera remitidos al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Fuentes del caso confirman a ABC que Cándido Conde-Pumpido, abogado de los proxenetas detenidos, puso a disposición de estos una sociedad de su propiedad, Gestión de Proyectos Integral Gimonde S.L., dedicada a actividades de arquitectura e interiorismo. Pumpido es el abogado de Ángel Crispín Gilaranz Velasco, presunto líder de la trama criminal.

Los terminales de punto de venta (TPV) del conocido prostíbulo Vive Madrid , en la calle Marqués de Viana, iban a favor de una cuenta bancaria de esta empresa. Así, cuando un cliente del local de alterne pagaba con tarjeta de crédito a través de los seis datáfonos del local, el dinero terminaba en la sociedad de Conde-Pumpido.

El letrado pactó quedarse con un diez por ciento de comisión por estos servicios, aunque finalmente fue casi un doce, en concreto 125.715 euros. Conde-Pumpido reintegró el resto, unos 966.000 euros, a sus clientes proxenetas. Lo hizo mediante transferencias y entregas en metálico. El mediático letrado está siendo investigado, al menos, por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según confirman a ABC fuentes jurídicas.

Su papel es el de « activo colaborador de la organización criminal liderada por Gilaranz», revelan a este diario las fuentes consultadas. Otros delitos que se investigan incluyen la trata de seres humanos para la prostitución y fraude a la Hacienda pública.

Gestión de Proyectos Integral Gimonde, cuyo administrador único es Cándido Conde-Pumpido Varela, ingresó esos casi 1,1 millones de euros durante los meses de julio y agosto de 2015. La banda criminal acababa de ser desarticulada en la operación Pompeya, por lo que el abogado puso a disposición de los proxenetas la sociedad de su propiedad hasta que crearan otra estructura para poder seguir con sus actividades.

En esos dos meses se contabilizaron 455 operaciones con tarjeta de crédito a favor de una cuenta de la empresa en el BBVA. A instancias del juez, la entidad bancaria requirió información a Conde-Pumpido hijo sobre la actividad económica de la sociedad, el origen de los ingresos y el destino de los fondos, con un plazo de quince días. El abogado no respondió, por lo que el BBVA bloqueó la cuenta .

A la vista del bloqueo, que tuvo lugar el 25 de agosto del pasado año, según fuentes de la investigación, Conde-Pumpido se personó en la sucursal y explicó que estaba prestando de forma «temporal» servicios de gestión de cobro a través de los TPV de un «grupo de restaurantes y locales de ocio» que, según su versión, tenían «dificultades para realizar los cobros por sí mismos», una explicación que resultó poco convincente.

El hijo del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mostró un contrato con la mercantil Edca Madrid 2000 S.L., que manejaba los restaurantes La Embajada y El Rincón de Tetuán, el Café América y la «discoteca Vive Madrid». La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial acreditó que los fondos provenían básicamente de la citada «discoteca», eufemismo de uno de los prostíbulos más conocidos de Madrid, en el que ejercen alrededor de 200 prostitutas. Todos los cargos con tarjeta que terminaban en la cuenta de la empresa de Conde-Pumpido se realizaron entre las 00:30 y las 06:30, lo que enseguida descartó que fueran menús de restaurantes . De hecho, no hay ni una sola transacción con horario de mediodía.

Además, en la mayor parte de ellos se repite el mismo importe y sus múltiplos: 121, 242 y 484 euros, lo que apunta a que se trata de tarifas de las prostitutas.

En ocasiones, según refleja el informe de inteligencia financiera entregado al juez, la misma tarjeta se utilizaba varias veces a lo largo de la madrugada.

Según las fuentes consultadas, ya existe una pieza separada de la operación Pompeya que está investigando estos hechos en el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional.

Además de con Ángel Crispín Gilaranz, Conde-Pumpido mantiene relación profesional con Víctor Manuel de la Fuente, el responsable de gestionar las sociedades intermedias de la trama que servían para tramitar los cobros de los burdeles. Se trata de un complejo entramado empresarial cuyo objetivo era dificultar y entorpecer posibles investigaciones policiales, confirman a ABC fuentes conocedoras del caso.

Las primeras conclusiones de la investigación sitúan a la sociedad de Conde-Pumpido dentro de este «entramado criminal». Gestión de Proyectos Integral Gimonde fue constituida el 3 de enero de 2006 con el capital social mínimo, 3.012 euros. Cándido Conde-Pumpido Varela suscribió prácticamente el 95 por cien de las acciones (el 94,62, para ser exactos), mientras que su hermano Roi se quedó con el 4,98 por cien. El 0,40 por ciento restante es de Raquel Ruiz Sánchez, según refleja el acta de constitución de la sociedad, depositada en el Registro Mercantil.

Además de actividades de arquitectura y diseño de interiores , Gimonde S.L. declaró en su objeto social la «adquisición de terrenos, urbanización, parcelación, uso, venta (...) o cualquier otra forma de explotación de los mismos». La mercantil tiene su domicilio social en la calle Saliente de Madrid, cerca del Parque del Retiro.

En julio de 2015, coincidiendo con el inicio de las actividades de pago electrónico en burdeles, Conde-Pumpido registró un cambio de actividad en la empresa para «facilitar a clientes el anticipo de efectivo contra tarjeta de crédito en casinos, clubes y bares».

La Agencia Tributaria está investigando las cuentas de Conde-Pumpido así como las de la empresa utilizada para los datáfonos y las de su bufete. Todo apunta a que el hijo del exfiscal general del Estado será imputado por su participación en esta trama criminal , una vez que se haya recabado toda la información fiscal y sea remitida al juez.

Cándido Conde-Pumpido Varela ganó popularidad al encargarse de la defensa del juez Elpidio Silva, ya inhabilitado por prevaricar en la investigación a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. El hijo del que fuera fiscal general del Estado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero abandonó la defensa de Silva tras un agrio enfrentamiento entre ambos.