Una alta participación derrotaría a los partidos independentistas

Las encuestas auguran una campaña electoral de vértigo y, a partir de la medianoche de hoy, cuando se inicia oficialmente el periodo para que los candidatos pidan el voto a los electores, los líderes políticos asumirán el esprint final sabiendo que no hay nada decidido.

«El 21-D va a ser un test de estrés social para saber la capacidad de movilización sobre un asunto concreto. La sociedad catalana no ha estado nunca, desde la restauración de la democracia, tan motivada como ahora », señala a ABC Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3.

No se recuerda una cita electoral con tantos motivos para que la movilización sea histórica: familias rotas por diferencias políticas, empresas que cambian su sede social (y en algunos casos, también, la fiscal), destitución del gobierno de la Generalitat por incumplir la Constitución (con el expresidente autonómico prófugo de la Justicia y su exnúmero dos en prisión preventiva), un partido ganador que puede quedarse por debajo de los 40 escaños (de un parlamento de 135 asientos) y unos ciudadanos llamados a votar un jueves, día laborable, a tres días de Nochebuena. «No va a dejar de votar nadie», añade Michavila.

La tendencia demoscópica apunta a una gran participación . En la cita de 2015 se superaron todos los registros para unas elecciones autonómicas en Cataluña: el 74,95 por ciento de los más de 5,5 millones de catalanes llamados a votar acudieron a las urnas. En esta ocasión, la participación podría superar el 80 por ciento, llegando así al máximo alcanzado en Cataluña, allá por 1982 en la convocatoria de la primera victoria del PSOE de Felipe González. O superándolo, como apuntaba la última encuesta publicada por ABC hace unos días que prevé una participación del 82 por ciento.

Esta alta participación beneficiaría a los partidos llamados constitucionalistas (Cs, el PSC y el PP) y, también, a los comunes, ya que este aumento se produciría en poblaciones tradicionalmente abstencionistas (como San Adrián del Besós o El Vendrell, en las provincias de Barcelona y Tarragona, respectivamente), que en 2015 estuvieron por debajo de la media autonómica. Y son feudos que acostumbran a votar partidos no independentistas.

Sin embargo, este aumento de voto no iría todo a los partidos citados y está por ver si la distancia se recorta lo suficiente como para darle la vuelta electoralmente. «Los datos nos dicen que por cada votante recuperado de la abstención que va al bloque de los partidos independentistas, ERC, el PDECat y la CUP, los partidos constitucionalistas recuperan tres», indica Michavila.

Además, hay que tener en cuenta que la ley electoral que rige para el Parlamento de Cataluña -curiosamente esta es la única región que se rige por una norma nacional para el ámbito electoral- beneficia a los nacionalistas al ser desproporcionadamente mayoritarios en las provincias de Gerona (16 escaños) y Lérida (15 escaños), cuyas circunscripciones están sobrerrepresentadas respecto a los escaños que se reparten por Barcelona (85 escaños) y Tarragona (18 escaños). La provincia de Barcelona (4,1 millones de votos) será decisiva y los partidos se centrarán con especial dedicación en la capital catalana y su área metropolitana.

Si las «plebiscitarias» convocadas por Artur Mas en 2015 las perdieron los partidos secesionistas en número de votos, pero las ganaron en escaños, el reto de los partidos que no quieren romper España pasa, ahora, por ser mayoritarios en votos y escaños.

Tomando como referencia las encuestas publicadas en las últimas seis semanas y efectuando un promedio de sus resultados, el partido que ganaría sería ERC, que llegaría a los 40 escaños , la cifra más baja del vencedor de unas elecciones autonómicas en Cataluña (en 1980, Jordi Pujol obtuvo 43 escaños). Después quedarían Cs (29), el PSC (20), JpC (19), CatComú (10), el PP (10) y, finalmente, la CUP (7).

Con este hemiciclo, el bloque independentista pasaría de los 72 actuales a los 66 escaños , a dos de la mayoría absoluta y, por lo tanto, se abrirían nuevas vías de pactos para formar gobiernos que no fueran nítidamente secesionistas.

Una opción sería que el bloque constitucionalista, que sumaría 59 escaños, formase un gobierno tripartito (Cs, el PSC y el PP), con la ayuda imprescindible de los diez diputados de los comunes. Sin embargo, por lo manifestado en la precampaña por los líderes de CatComú y el propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es poco probable que los escaños de la coalición populista faciliten un gobierno de Cs o el PSC con presencia de los populares.

Como única alternativa a un gobierno independentista, quedaría la opción que prima el factor ideológico izquierda/derecha . ERC, el PSC y CatComú sumarían 70 escaños. Suficientes para gobernar y reeditarían los tripartitos de 2003 a 2010, pero esta vez con un presidente de ERC. Desde las filas socialistas reiteran que no harán presidente a un candidato secesionista, pero no concretan si se opondrían a un candidato que renuncie a vías unilaterales, aunque sea de ERC. Al fin y al cabo, los de Junqueras ya eran independentistas con Maragall y Montilla.

Con los datos de las encuestas sobre la mesa no hay más opciones de formar el próximo gobierno de la Generalitat. A partir de aquí, el examen que cuenta es el del 21-D y todavía quedan diecisiete días.

La tendencia demoscópica de las últimas fechas muestra una mejora para JpC y el PSC, a costa de ERC y CatComú, respectivamente. «El resultado es incierto», confiesa Michavila.