Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza: los paraísos judiciales del independentismo en la UE

Sobre los exconsejeros, el juez hizo referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a tres de los procesados en esta causa: Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Recordó que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra estos tres exconsellers tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea.

Desde el primer momento tuvo claro que no entregaría a Puigdemont por el delito de rebelión y lo llegó a decir en varias ocasiones sin llegar a analizar siquiera la ingente documentación aportada por el juez del Tribunal Supremo y los fiscales españoles y alemanes. Lejos de limitarse a constatar si el delito de rebelión tiene un equivalente en la legislación penal del país (doble incriminación), los magistrados entraron a valorar los hechos, a discutir si hubo o no violencia e incluso a analizar la participación de Puigdemont en los hechos en base a su propia declaración negándola.

Llarena también se detiene en la negativa de Bélgica a tramitar la euroorden en los términos en la que fue concebida, como herramienta de cooperación internacional. En este caso no fue una extralimitación a la hora de valorar la entrega de Comin, Serret y Puig, sino un defecto de forma lo que llevó a las autoridades belgas a ni siquiera entrar en el fondo de la cuestión. Bélgica sostiene que es necesaria una orden nacional de detención; para Llarena, el auto de procesamiento que acompaña a la euroorden es suficiente. Sus objeciones formales son «inasumibles», dice el juez español.

El futuro de Clara Ponsatí, quien inicialmente huyó a Bélgica con los otros exconsejeros, estaba pendiente del tribunal de Edimburgo, que no ha dejado de dar largas a las vistas en las que se ha de afrontar la entrega. La Fiscalía del Tribunal Supremo estaba trabajando codo con codo con sus colegas escoceses para apuntalar la reclamación, que tenía que resolverse en una vista el próximo 30 de julio. En esa estrategia coordinada de victimización internacional, la defensa de Ponsatí -objeto hasta de portadas de periódicos- pretendía llevar al tribunal el testimonio proindependentista de medio centenar de «expertos».

El hecho de que Anna Gabriel obtuviera recientemente un permiso de residencia de cinco años en Suiza da idea de que para la exlíder de la CUP no es un país enemigo. Tampoco lo debe ser para Marta Rovira, que lo escogió para refugiarse el mismo día que debía comparecer en el Supremo para informarle de su procesamiento, el pasado marzo. Llarena también ha retirado la solicitud de extradición -en este caso no rige la euroorden- de Rovira, de cuya permanencia en ese país Llarena no ha llegado a tener comunicación oficial, pese a las averiguaciones que ordenó hacer para conocer su paradero.