La activista rechaza que la examinen los médicos enviados por el Gobierno
Cefalea crónica e intolerancia a la luz. Después de 21 días de huelga de hambre, Aminetu Haidar se debilita por horas amarrada a una manta y a la esperanza de volver a su tierra. Tras el esperpento de las últimas horas ayer recibió la visita ... de una ambulancia con su personal sanitario que solicitó permiso para hacerle un chequeo. La enviaba la Delegación del Gobierno en Canarias. Y Haidar, con su inquebrantable coraje -«mis convicciones no se venden», proclama-, la rechazó porque el médico que la está atendiendo desde el principio «ha asumido la tarea de velar por su salud», según explicó la Plataforma de Apoyo que la acompaña día y noche en el aeropuerto de Arrecife. Posteriormente, un juez se presentó con un médico forense para examinarla. «Mi voluntad es no alimentarme», reiteró la activista. Ante esta respuesta el juez le comunicó que quería comprobar si seguía en pleno uso de sus facultades mentales y le advirtió que podrían alimentarla a la fuerza. Poco después, la comitiva judicial se marchó.
Ayer, se leyó un comunicado de la activista en el que pide «protección urgente para sus hijos», de 13 y 15 años por la «agresión» a los que los somete la policía marroquí. La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, se ha interesado por protocolos que establezcan cómo actuar y evitar la muerte de la activista. Pero dichos protocolos no existen por lo que se apuntó la posibilidad de que el juez imponga la alimentación.
El juez Antonio García, portavoz de la APM, sostiene que no se puede trasladar la doctrina del Constitucional sobre alimentación forzosa a presos al caso de Haidar. El TC, en dos sentencias permitió esa alimentación a reclusos del Grapo, cuando perdieron la conciencia y estaban incapacitados para decidir. Uno de los tres motivos argumentados era la sujeción especial del preso con respecto a la Administración penitenciaria, como recoge en un artículo el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Manuel Atienza.
García considera que si se alimentara a la fuerza a la activista se vulneraría su derecho a decidir libremente su plan de vida. Aunque llegara a una situación de inconsciencia, Aminetu ya ha anticipado cuál es su voluntad y esa voluntad equivale a «un testamento vital».
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