2017, el año en el que la Fiscalía paró los pies al plan secesionista ilegal

La primera acción judicial llegó el 27 de enero, a comienzos de año, cuando la Fiscalía de Cataluña abrió diligencias de investigación contra el entoncs senador de ERC Santiago Vidal , por desvelar que la Generalitat disponía de los datos fiscales de los ciudadanos. «Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal...», aseguró Vidal.

A partir de ahí, cada paso ilegal hacia delante del secesionismo catalán en el Parlament tuvo su respuesta en forma de querella . La cámara autonómica preparó el terreno con resoluciones que buscaban dar una fingida apariencia de legalidad a los actos de la ruptura que llegarían a la vuelta del verano: la tramitación de las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, el culmen, que sucedió el 27 de octubre.

Así, el 23 de febrero de 2017, la Fiscalía de Cataluña interpuso una querella por desobediencia y prevaricación contra Carme Forcadell , entonces presidenta de la Mesa del Parlament , Lluis Corominas, Anna Simó, y Ramona Barrufet, miembros de la Mesa. Ellos admitieron a trámite la resolución que declaraba el inicio de un supuesto proceso constituyente catalán con la creación de un consejo asesor y una comisión de seguimiento. El Tribunal Constitución anulaba la resolución y puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que no tardó en presentar la querella.

El 9 de mayo, la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat desoyó al Constitución y publicó un acuerdo para la adquisición de material para la celebración del referéndum secesionista ilegal. El 16 de mayo, siete días después, la Fiscalía se querelló por desobediencia, malversación y prevaricación contra Meritxell Borrás y Frances Esteve Balagué, la consejera del ramo y el secretario general, respectivamente.

Tras el verano, el secesionismo elevó el tono y mantuvo el órdago, preparando el referéndum independentista ilegal, previsto para el 1 de octubre. El 7 de septiembre, el entonces fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, remitió un oficio a la Fiscalía Superior de Cataluña y a las Fiscalías de las cuatro provincias para que ordenaran a la Policía requisar cualquier material preparatorio. Se preveían una pluralidad de actuaciones delictivas, explica la memoria del Ministerio Público, que relata la creciente tensión.

El 8 de septiembre, después de la tramitación de las leyes de desconexión, cuando el Parlamento catalán dio un golpe de Estado al crear una arquitectura normativa fuera de la Constitución, otra querella por desobediencia, prevaricación y malversación se registró contra los miembros de la Mesa que promovieron las normas.

Hasta la querella por rebelión, la que marcó el tono definitivo de la investigación contra los líderes secesionistas, hubo más querella, por los acuerdos de la llamada sindicatura electoral, además de una denuncia en la Audiencia Nacional por sedición por el acoso a la Guardia Civil el 20 de septiembre en la Consejería de Economía.

Así, tras la declaración unilateral de independencia, el 30 de octubre, lunes, la Fiscalía actuó por rebelión contra los antiguos gobernantes catalanes, los parlamentarios autonómicos y los agitadores del independentismo que impulsaron el «procés», el plan ilegal para alcanzar la secesión por las vías ilegales.

Para destacar su importancia, el Ministerio Público dedica un capítulo exclusivo a su actuación frente al plan secesionista. «La organización, convocatoria y celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña y la ulterior declaración de independencia ha marcado durante este año la vida social, económica, política, y desde luego, jurídica de nuestro país», expresa la Fiscalía General del Estado en una introducción a su actividad.