El nuevo fiscal general, clave en la respuesta judicial al golpe secesionista

Aunque el nuevo nombramiento se llevará a cabo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez constituido, ya se habla de nombres para ocupar ese puesto. A día de hoy tiene muchas posibilidades el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo . Conocedor del funcionamiento de la Fiscalía General, cuya Secretaría Técnica dirigió, parece que su perfil técnico y jurídico se ajusta a las circunstancias presentes, aunque es joven para arriesgar su carrera en un puesto cuya estabilidad no está garantizada más allá de dos años. La elección de Crespo, cuya carrera ha estado a la sombra del que fuera fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, sería bien acogida por sus compañeros, pues se trata de un «indiscutido líder intelectual de la izquierda» en la Fiscalía, según reconocen fuentes próximas al órgano.

No obstante su prestigio técnico y profesional lo situaban también ayer en el Ministerio de Justicia, aunque las fuentes consultadas cuestionan esta posibilidad ante su nulo perfil político. Esta opción sólo se podría dar además si Justicia e Interior están desligados, en cuyo caso Margarita Robles asumiría sólo el segundo de estos ministerios. En cualquier caso es previsible que Pedro Sánchez tenga en cuenta la opinión de Robles sobre el destino de Crespo. Antes de dar el salto a la política por segunda vez, la diputada era magistrada de la Sala Tercera del Supremo, de la que Crespo es fiscal-jefe.

Para la Fiscalía General también se ha barajado el nombre de Javier Zaragoza , fiscal de Sala y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, si bien el hecho de que sea uno de los cuatro fiscales de la causa abierta por rebelión en el Tribunal Supremo no favorece su elección.

Por su parte, Álvaro García Ortiz , presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) podría ser también una apuesta para el Ejecutivo de Sánchez. García Ortiz es otro líder indiscutido en la UPF y el candidato a Consejo Fiscal más votado de la historia: 956 votos en una carrera de 2.550 personas.

La situación de la actual consejera de Justicia del gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo , es distinta: según ha podido saber ABC de fuentes solventes, fue ella la que se ofreció a Ferraz para este puesto. Exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su actual «militancia» política en un gobierno de un partido que está siendo investigado por corrupción (PSPV) la cuestiona como candidata idónea de un partido que proclama la regeneración y despolitización de la justicia.

Así como el nuevo nombramiento puede afectar a causas judiciales en curso si hay un cambio de criterio, no lo hará en la jefatura de plazas clave como son la Fiscalía de la Audiencia Nacional o la Fiscalía Anticorrupción, desde donde se dirigen las investigaciones más importantes del país. Estos puestos ya se renovaron el año pasado bajo el mandato del fiscal general José Manuel Maza .

Por el propio curso de los acontecimientos, en los que diariamente se entremezclan actuaciones judiciales con ocurrencias políticas del anterior y el nuevo gobierno de la Generalitat, ahora en manos de Joaquim Torra , es probable que el primer movimiento de la Fiscalía tenga que ver con Cataluña, una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como se reconoce en las filas socialistas. Precisamente hoy se celebra la vista contra la confirmación del auto de procesamiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena , quien propone llevar a juicio a 25 dirigentes independentistas, a 13 de ellos por rebelión.

Desde que el pasado octubre el entonces fiscal general José Manuel Maza interpusiera personalmente la querella contra Puigdemont y su ejecutivo tras la declaración unilateral de independencia , la Fiscalía no ha variado un ápice su posición respecto a los actuales procesados. En cada una de las vistas en las que los encarcelados por rebelión han pedido su libertad, los representantes del Ministerio Público se han opuesto. Sólo en una ocasión, cuando se difundió que el exconsejero de Interior Joaquim Forn padecía tuberculina, la Fiscalía rebajó el tono y apoyó su excarcelación, no sin antes dejar claro que los fiscales del caso actuaban por orden del fiscal general.

Uno de los pasos decisivos en las próximas semanas será el escrito de acusación del Ministerio Público, un trámite en el que podría rebajar la actuación de los procesados de rebelión a sedición, lo que suavizaría el posible horizonte penal de los independentistas. No obstante, la presencia de la acusación popular de Vox garantiza que el delito de rebelión estará sobre la mesa del Tribunal.