Más de 3.000 policías y guardias civiles salen a la calle contra la reforma de la ley de Seguridad

La marcha, que no ha cubierto las ex por expectativas en cuanto a asistentes por parte de los convocantes, Jusapol, Jupol y Juicil, ha sido apoyada por una quincena de diputados del PP, con su portavoz de Interior, Ana Vázquez a la cabeza, así como por el vicesecretario de Asuntos Institucionales, Esteban González Pons.

Vox también ha querido apoyar la manifestación, y su delegación ha estado encabezada por Javier Ortega Smith.

Al contrario que en la masiva marcha de noviembre de 2021, ni el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el de Vox, Santiago Abascal, han estado presentes. Feijóo, según explicó Esteban González Pons, tenía un acto en Galicia y él estaba representándole.

El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha asegurado que la reforma «debilita a las Fuerzas de Seguridad y perjudica a los ciudadanos», al tiempo que denunció la falta de diálogo del Gobierno con los sindicatos y asociaciones a la hora de llevarla a cabo.

Más duro aún se ha mostrado Aarón Rivero, secretario general de Jupol, que ha asegurado que el «Gobierno pacta la reforma con delincuentes e independentistas», mientras que Ernesto Vilariño ha afirmado que «no podemos permitir que un grupo de violentos legisle para que alguien mantenga el poder. No nos sentimos respaldados».

Por su parte, González Pons ha asegurado que el Gobierno, con esta reforma, «prepara la calle para cuando el PP llegue al Gobierno, y por eso quiere debilitar a las Fuerzas de Seguridad».

La manifestación de este mediodía no ha tenido la misma fuerza que la de noviembre de 2021. Y ello porque, a diferencia de entonces, no han convocado todos los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Esta fractura en la unidad de acción ya se había visto esta semana, cuando ningún representante de Jupol ni de Jucil asistieron a la protesta del resto ante el Palacio de la Moncloa para reivindicar las mismas condiciones de acceso a la jubilación que los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.

Se trata de una reivindicación que se suma a la de la equiparación salarial y que ha cogido más fuerza aún después de que ABC desvelara que el Gobierno había transferido 46 millones de euros a la Generalitat  precisamente para que los Mossos pudieran acceder a esa jubilación en condiciones ventajosas. Asimismo, dio otros dos millones y medio al Gobierno navarro con el mismo fin. Todo ello ha provocado una gran indignación en las Fuerzas de Seguridad.

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Pero la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, que es la que ha sacado hoy a la calle a los agentes, ha sido vista con recelo desde un principio por los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. En noviembre de 2021, miles de funcionarios de los dos Cuerpos, y de policías locales, salieron a la calle en Madrid en contra de los acuerdos a lo que estaba llegando entonces el Gobierno con sus aliados independentistas.

Fue el PNV el que propuso la reforma y a la idea se sumó todo el bloque de izquierdas y secesionista. En un principio parecía que el acuerdo podía ser fácil, pero cuando en la Comisión de Interior del Congreso se descendió a la letra pequeña surgieron discrepancias que a día de hoy son aún insalvables.

Entre las discrepancias más importantes está la prohibición o no de utilizar pelotas de goma para disolver protestas violentas; lo relativo a la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, y el aval a los rechazos en frontera, que algunos llaman devoluciones en caliente y que, por cierto, han sido avalados por el Constitucional.

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A cambio, sí hay pleno acuerdo en que llevar a un ciudadano a comisaría para filiarlo sea algo excepcional y además en reducir a dos horas el tiempo máximo para realizar esta comprobación, salvo por causas excepcionales debidamente justificadas, en el que ese plazo podría mantenerse en las seis horas actuales. Un plazo de tiempo que, según la práctica diaria de la Policía y la Guardia Civil, es complicado cumplir muchas veces, no por falta de voluntad, sino de medios.

Asimismo, la reforma plantea especificar que la presunción de veracidad de los agentes cumpla la exigencia de «lógica, coherencia y razonabilidad». El problema, no solo para las fuentes policiales consultadas sino también para los letrados del Congreso, es quién define lo que es «lógico, coherente y razonable», un parámetro subjetivo que puede provocar inseguridad jurídica en las Fuerzas de Seguridad.

De igual manera, la reforma recoge que no será sancionable que los ciudadanos ejerzan el derecho de reunión sin comunicación previa «ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata». Hasta ahora, el artículo 37 de la ley de seguridad ciudadana lo consideraba infracción leve. Las fuentes consultadas explican que si no es necesaria ya esa comunicación previa los dispositivos de seguridad necesarios para evitar incidentes en ellas serán mucho menos eficaces, ya que no podrán ser preventivos. Eso sin contar que el número de protestas se puede multiplicar con lo que eso supone de alteración en la convivencia ciudadana.

Asimismo, dejarán de ser infracción grave las manifestaciones que provoquen «perturbación grave de la seguridad ciudadana» frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, por lo que se facilita que los diputados o senadores tengan que debatir una ley con protestas masivas a las puertas de las cámaras.