Policías y guardias civiles salen a la calle en contra de la reforma de la ley de Seguridad

Aunque la reforma está aún encallada en la Comisión de Interior del Congreso, es verdad que el Gobierno y sus socios han hecho avances hasta alcanzar 36 puntos de acuerdo. Sin embargo, aún persisten algunas diferencias en temas clave, por lo que es difícil aventurar que la reforma vaya a salir adelante en lo que queda de legislatura.

Entre las discrepancias más importantes está la prohibición o no de utilizar pelotas de goma para disolver protestas violentas; lo relativo a la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, y el aval a los rechazos en frontera, que algunos llaman devoluciones en caliente y que, por cierto, han sido avalados por el Constitucional.

A cambio, sí hay pleno acuerdo en que llevar a un ciudadano a comisaría para filiarlo sea algo excepcional y además en reducir a dos horas el tiempo máximo para realizar esta comprobación, salvo por causas excepcionales debidamente justificadas, en el que ese plazo podría mantenerse en las seis horas actuales. Un plazo de tiempo que, según la práctica diaria de la Policía y la Guardia Civil, es complicado cumplir muchas veces, no por falta de voluntad, sino de medios.

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Asimismo, la reforma plantea especificar que la presunción de veracidad de los agentes cumpla la exigencia de «lógica, coherencia y razonabilidad». El problema, no solo para las fuentes policiales consultadas sino también para los letrados del Congreso, es quién define lo que es «lógico, coherente y razonable», un parámetro subjetivo que puede provocar inseguridad jurídica en las Fuerzas de Seguridad.

De igual manera, la reforma recoge que no será sancionable que los ciudadanos ejerzan el derecho de reunión sin comunicación previa «ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata». Hasta ahora, el artículo 37 de la ley de Seguridad Ciudadana lo consideraba infracción leve. Las fuentes consultadas explican que si no es necesaria ya esa comunicación previa los dispositivos de seguridad necesarios para evitar incidentes en ellas serán mucho menos eficaces, ya que no podrán ser preventivos. Eso sin contar que el número de protestas se puede multiplicar con lo que eso supone de alteración en la convivencia ciudadana.

Asimismo, dejarán de ser infracción grave las manifestaciones que provoquen «perturbación grave de la seguridad ciudadana» frente al Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, por lo que se facilita que los diputados o senadores tengan que debatir una ley con protestas masivas a las puertas de las cámaras.

Aunque la totalidad de los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil ven aspectos lesivos en la reforma de la ley de Seguridad, Jupol, en el ámbito del primero de los Cuerpos, y Jucil, en el del segundo, han decidido actuar por su cuenta y convocar en solitario la manifestación, junto a su matriz, Jusapol.

Los convocantes protestan por «una reforma que se hace sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los juristas» y añaden que esta reforma «hará de España un país más inseguro, tanto en las áreas urbanas como en las rurales».

Aseguran que «los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades. Solo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes».