Sareb traspasará a la empresa estatal de vivienda parte de las casas que rechazaron las autonomías por estar inhabitables

Algunas de esas administraciones, incluso apuntaban a que las casas ofrecidas no tenían condiciones legales de habitabilidad. Desde el anuncio de Sánchez en abril de 2023, apenas han sido cuatro centenares las casas de la Sareb que han adquirido autonomías y consistorios, a las que se les da preferencia por encima de particulares cuando muestran interés por alguna de ellas.

A día de hoy ni siquiera son las mismas casas que se ofrecieron entonces. Fuentes conocedoras de la cartera de Sareb apuntan a que al menos 10.000 de esas 20.000 viviendas han sido vendidas durante este tiempo a particulares, siguiendo el mandato de liquidar los activos tóxicos de la banca en la crisis del ladrillo que dio origen a la entidad en 2012. Pero la cartera del 'banco malo' es dinámica y las casas se va reponiendo según se desbloquean los procesos judiciales y se transforman en viviendas las garantías hipotecarias depositadas a la banca por los promotores morosos de la burbuja inmobiliaria. Por lo que, aunque no sean los mismos inmuebles residenciales, el 'stock' disponible en cifra sí podría recuperarse en número a corto plazo.

Las otras 10.000 viviendas de ese plan siguen siendo en estos momentos comercializadas por Aliseda/Anticipa (Blackstone) e Hipoges (KKR), quienes tienen contrato de gestión en vigor hasta el mes de junio. Fuentes del mercado apuntan a que Sareb todavía no ha recibido ninguna orden del Gobierno para frenar la venta, por lo que en su condición de 'servicers' siguen desarrollando el trabajo encomendado por el 'banco malo'.

Con todo, el plan de que sean las autonomías y los ayuntamientos quienes asuman 20.000 casas del plan de vivienda asequible del Gobierno previsiblemente quedará suprimido una vez eche a andar la nueva empresa estatal de vivienda, que gestionará todas los inmuebles que reciba. Por lo que se conoce hasta ahora, Sepes integrará desde Sareb 13.000 casas a corto plazo, muchas de ellas ya habitadas y más tarde se añadirán otras 15.0000, que están pendientes de ser rehabilitadas y tardarán algo más.

Por último, la idea es que a lo largo de 2026 y 2027 (año en el que la Sareb debería desaparecer) se incorpore el resto de inmuebles hasta llegar a los 40.000. La misión de la nueva empresa estatal es que todos estos pisos sean destinados al alquiler con precio por debajo de mercado. Desde Sareb también podría sumarse los suelos de la promotora Árqura, los de más valor de la entidad, cuya venta quedó paralizada a finales del año pasado tras conocerse la creación de la empresa pública de vivienda. Pendiente de saber también está lo que sucederá con los terrenos del proyecto Viena, que actualmente están siendo licitados. Por último, falta definir la cuantía que el Estado (a través de Hacienda) tendrá que abonar a Sareb para poder traspasar a Sepes estos activos.

No solo Sareb aportará su patrimonio para hacer crecer la empresa estatal de vivienda. La entidad también pasará a tener en su haber, viviendas procedentes del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied); del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) o de la Sociedad de Infraestructuras y de Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), según aprobó el Consejo de Ministros a final de año. También aportarán viviendas la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional, pero ambas mantendrán la titularidad de los inmuebles y solo cederán a Sepes su gestión en virtud del convenio que suscriban las entidades.

La aportación a SEPES se realizará a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación sí corresponderá a la entidad de suelo, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial. Según Vivienda, es por ello que corresponde a Sepes su regularización registral y catastral.