Sánchez apuesta por intervenir más el mercado de la vivienda y amenaza a las comunidades con quitarles fondos si no blindan la VPO

Sánchez presentó su propuesta en distintos bloques, empezando por la nueva empresa estatal de vivienda que partirá de Sepes y a la que aseguró que ya se han transferido 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo «para construir miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible para las familias jóvenes». Asimismo, señaló que a lo largo del primer semestre la empresa pública empezará a incorporar unas 30.000 viviendas de la Sareb, de las que 13.000 lo harán de forma inmediata. Fuentes gubernamentales apuntan a que otras 15.0000 están pendientes de ser rehabilitadas y tardarán algo más en sumarse, y que la idea es la de añadir más tarde otras 12.000 casas hasta llegar a a un total de 40.000.

También para el crecimiento de la empresa pública se propondrá un «mecanismo legal» para que esta tenga «prioridad» en la compra de viviendas y de suelos. Según fuentes del Gobierno, en la práctica supondrá que cualquier administración del Estado que quiera vender suelo necesitará previamente del permiso del Ministerio de Vivienda, quien decidirá si el terreno es susceptible de incorporarse a Sepes para incrementar el parque público de vivienda.

En este mismo bloque también se contempla el objetivo de garantizar que la Administración General del Estado mantenga la titularidad de todas las viviendas promovidas de manera indefinida y no puedan ser vendidas a entes privados. El blindaje será de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas si quieren recibir los fondos del próximo Plan Estatal de Vivienda.

Otro de los bloques presentados por Sánchez versó sobre el incremento de oferta de alquileres asequibles. El presidente del Gobierno aseguró que el Gobierno creará un fondo de garantías públicas que proteja a los propietarios e inquilinos que firmen contratos con precios por debajo de mercado, una medida que según Sánchez se ha aplicado con éxito en Francia y que el Ejecutivo tratará de aprobar este año para los contratos firmados por arrendatarios menores de 35 años. De su gestión también se encargará Sepes.

Para generar más oferta, el Gobierno pondrá en marcha un programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías destinado a aquellos caseros que posteriormente introduzcan el inmueble en el mercado de alquiler asequible durante al menos cinco años.

Más allá de las viviendas deshabitadas, el Gobierno quiere también hacer efectiva su ley de Vivienda en las regiones donde no se ha intervenido los alquileres y propondrá en el Congreso una exención fiscal del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que rebajen un 5% el precio del alquiler respecto al anterior contrato firmado, con independencia de que la vivienda se sitúe en una zona tensionada, como ocurre con la exención del 90% activada hace solo un año.

Para un arrendador tipo que ya se estuviera beneficiando de la reducción general del 50% que instauró la ley de vivienda el ahorro medio sería, a la luz de los datos de comportamiento de este incentivo proporcionados por Hacienda, de en torno a 300 euros. Fuentes del Ministerio deslizaron sin embargo que el ahorro podría llegar de 6.000 euros sobre los rendimientos netos del contrato en una ciudad como Madrid, pero si se toma como referencia el alquiler medio en esta ciudad que proporciona el índice de referencia de Vivienda esa ventaja extra se quedaría en menos de la mitad, unos 2.000 euros, y ello en el caso de las rentas más altas.

También por la Cámara Baja tendrá que pasar la subida de impuestos que el Ejecutivo propondrá para los pisos turísticos. Sánchez habló ayer de llevar a cabo una reforma fiscal para que estas viviendas «tributen como lo que son: un negocio», apoyado en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA, pero todavía no hay concretado un porcentaje, según La Moncloa. También se cambiará el régimen de ventajas fiscales de las socimis, para que solo apliquen a aquellas que inviertan en la promoción de vivienda en alquiler asequible, a pesar de que el Congreso tumbó la propuesta de acabar con la figura tributaria de las socimis el pasado noviembre. La medida solo afectará a las socimis que tengan la vivienda como negocio.

Sánchez también anunció ayer que el Gobierno limitará la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incrementando la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble, como ya hacen Dinamarca o Canadá. «Solo en el 2023 los no residentes de fuera de la UE compraron en España 27.000 casas o pisos. Lo hicieron para especular», aseveró el líder del Ejecutivo. Esta medida también tiene que ser aprobada en las Cortes.

La propuesta del PSOE llega tan solo un día después de la anunciada por el PP, tras el cónclave mantenido el pasado fin de semana en Oviedo entre la cúpula nacional y los barones autonómicos se saldó con un decálogo de medidas con las que las autonomías del PP tratarán de desactivar el ansia intervencionista del Gobierno, además de mostrarse ante los jóvenes como una alternativa eficaz para resolver la crisis habitacional. De esta manera, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóohace de la rebaja de impuestos para la compra y transmisión de vivienda su buque insignia y propone menguar del 10 a un tipo reducido del 4% el impuesto de transmisión patrimonial para los jóvenes menores de 40 años, lo que supondría un ahorro de entre 4.000 y 6.000 euros en el precio de compra en función de la región, así como rebajas en el IRPF para la compra de primera vivienda y para propietarios que saquen sus inmuebles al mercado del alquiler. Los populares también abogan por impulsar la aprobación de una ley para desalojos exprés en menos de 24 horas de okupas ilegales y la derogación de la ley de la Vivienda.