El Gobierno transferirá a Sepes las viviendas titularidad del Estado para destinarlas al alquiler asequible

Según ha avanzado el departamento de Isabel Rodríguez, Sepes pasará a tener en su patrimonio viviendas procedentes del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied); del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif); de la Sociedad de Infraestructuras y de Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). También aportarán vivienda la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional, pero ambas mantendrán la titularidad de los inmuebles y solo cederán a Sepes su gestión en virtud del convenio que suscriban las entidades.

Vivienda por el momento no adelanta un cálculo de casas que pueden ser objeto de integración en Sepes. En el caso de Adif, fuentes de la compañía aseguran que la voluntad es poner a disposición todos los inmuebles y parcelas que puedan ser destinados a ese fin. Pero tampoco se aventuran a dar cifras exactas.

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La aportación a SEPES se realizará a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación sí corresponderá a la entidad de suelo, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial. Según Vivienda, es por ello que corresponde a Sepes su regularización registral y catastral.

En el aire queda lo que ocurrirá con las viviendas titularidad de Sareb, que Isabel Rodríguez adelantó que tomarían un papel importante en la empresa estatal de Vivienda. Por el momento, como ya contó este periódico, el conocido como 'banco malo' se encuentra remitiendo información al Ministerio de Economía -quien hace de interlocutor con Vivienda- sobre los inmuebles y suelos disponibles susceptibles de ser utilizados a corto plazo.

En paralelo a este anuncio, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde para que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de impulsar la promoción de vivienda pública. Según Vivienda, la reforma sirve para avanzar en la «simplificación y flexibilización» del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la ley de Vivienda.

Según el renacido departamento, la norma introduce una modificación en la disposición adicional quincuagésima séptima, relativa al régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública, estableciendo una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando éstos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de social o a precios asequibles.