La Justicia británica embarga cuatro cuentas del Estado en el Instituto Cervantes de Londres por el impago a las renovables

Este proceso está ligado al caso Infrared, que ganó a España en un proceso canalizado en el Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Dicho litigio arrancó en 2014 y llegó a su fin en agosto de 2019, cuando se publicó un laudo que quedó confirmado en marzo de 2021.

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La denuncia reclamaba una compensación de 75,7 millones de euros, que quedaron reducidos a 28,2 millones de euros una vez se conoció la sentencia final, emitida por un tribunal que presidió el jurista canadiense Stephen L. Drymer. Debido a los intereses de demora y las condenas en costas, las obligaciones asociadas a este caso están incrementándose de forma progresiva.

Lo primero ha añadido 4,8 millones al monto que adeuda el Estado, mientras que lo segundo ha incrementado las obligaciones en otros 4,5 millones.

El proceso de embargo de bienes impulsado en relación con el caso Infrared empezó el pasado mes de abril, con el embargo cautelar de dos inmuebles: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña, Acció.

En paralelo, los afectados por los impagos del gobierno de España activaron un proceso conocido como TPDO o Third Party Debt Order mediante el cual reclamaron que se intervengan cuatro cuentas de banco ligadas a la operativa del Instituto Cervantes en Gran Bretaña.

Un equipo de abogados y consultores especializados en este tipo de procedimientos empezó a trabajar en este proceso ligado al caso Infrared a comienzos de 2023. Las medidas adoptadas entre abril y noviembre han dado pie a la incautación que ahora sale a la luz. La decisión ya ha sido debidamente comunicada y notificada al gobierno de España.

La decisión judicial ha sido adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la rúbrica del magistrado Richard Harold Davison. El caso lleva el número identificador CL-2023-000026. La sentencia fue emitida el 9 de noviembre y sellada y comunicada a las partes el 10 de noviembre.

A raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 y del recorte de la llamada 'rentabilidad razonable', las empresas e inversores afectados presentaron medio centenar de denuncias ante distintos tribunales de arbitraje.

A lo largo de los últimos años se han publicado 25 sentencias internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a estas compañías por valor de 1.200 millones. A esta cifra hay que sumarle 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros« ligados al empeño del Ejecutivo en seguir dilatando estos procesos e incumpliendo los acuerdos».

Pese a haber dotado de legitimidad todos los arbitrajes y estar legalmente vinculado a reconocer su resultado, el Ejecutivo se niega a realizar estos pagos, «con el consecuente daño a la seguridad jurídica», según las citadas fuentes.

Ante los impagos del gobierno de España, las empresas afectadas han tomado medidas legales para registrar estos laudos ante los tribunales de terceros países como Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos.

En Reino Unido, la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Londres (magistratura de rango comparable al Tribunal Supremo español) autorizó en abril y agosto de este mismo año el embargo cautelar de tres propiedades inmobiliarias del Reino de España, todas ellas ubicadas en la capital inglesa. Se trata de la sede del propio Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña radicadas en Fleet Street y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Asimismo, los tribunales británicos han dado su visto bueno al embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones.

En paralelo a estas medidas de protección, también se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española e invocado la cláusula que sitúa a nuestro país en una situación de default técnico. Esta decisión encarece la financiación del Tesoro en los mercados de deuda.

España se sitúa ahora como uno de los países con más laudos internacionales pendientes de pago, a la altura de Venezuela y Rusia, en lo que constituye «un claro socavamiento del imperio de la ley y del Estado de Derecho, así como una señal muy negativa a la comunidad inversora internacional», afirman en el sector.