Un tribunal permite embargar el instituto Vicente Cañada de Londres por los impagos de España en renovables

El terreno embargable por los inversores en renovables se utiliza para diferentes actividades, como el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio privado internacional en un antiguo convento dominicano que lleva más de un siglo en Londres.

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Javier González Navarro

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Los titulares del laudo Antin obtuvieron la orden judicial en relación con su litigio en curso con el Gobierno español por las deudas impagadas de más de 120 millones de euros. Los inversores en renovables obtuvieron un laudo contra España en 2018, que fue confirmado en 2019. Ese laudo fue reconocido como sentencia judicial vinculante contra España por el Tribunal Superior inglés en 2021.

España fracasó a principios de este año en su intento de anular ese reconocimiento como sentencia, cuando su solicitud fue desestimada por el juez Fraser, y España fue condenada a pagar las costas de esa solicitud fallida. El recurso de los abogados del Estado también fue denegado por el Tribunal Superior.

Nick Cherryman, uno de los abogados que representa a los inversores en renovables, aseguró a los padres de los más de 400 alumnos que el funcionamiento cotidiano de la escuela no se vería afectado por la orden judicial. «Este último paso de mis clientes, que son acreedores judiciales, para ejecutar su sentencia contra los bienes de España es necesario porque España, deudor recalcitrante, se niega a cumplir la sentencia en su contra. La orden de embargo del tribunal inglés sobre el terreno en cuestión, una vez definitiva, daría derecho a mis clientes a vender el terreno que alberga la escuela, no la escuela en sí. Esta orden no debería afectar a las actividades cotidianas realizadas en dicha propiedad». El centro tiene previsto comenzar las clases de todas las etapas educativas el próximo 7 de septiembre.

Y añadió que «las deudas de España con mis clientes llevan impagadas casi media década. España es la segunda nación más morosa del mundo en lo que se refiere al incumplimiento de laudos arbitrales, acompañada en los tres primeros puestos por Venezuela y Rusia».

Por parte de los titulares del laudo Antin se están realizando esfuerzos para embargar los activos del Gobierno español en todo el mundo para satisfacer las deudas pendientes. En mayo de 2023, el Tribunal Superior de Londres rechazó los intentos de España de invocar la inmunidad estatal para evitar que el laudo fuera reconocido como sentencia judicial en Londres. Tras rechazar una solicitud similar, los tribunales de Australia calificaron recientemente al Gobierno español de «deudor recalcitrante».

Las indemnizaciones totales reclamadas por los inversores en renovables ascienden a más de 10.000 millones de dólares, y los intereses siguen aumentando esta cifra. La cantidad total reconocida en los laudos e impagada por España es de casi 1.200 millones de euros, cifra a la que habría que sumar unos intereses, hasta ahora, de 120 millones y unas costas de 59 millones.

El Instituto Español Vicente Cañada Blanch no es la primera institución de propiedad española que se ve afectada por los tribunales de Londres que ordenan incautaciones provisionales por parte de inversores renovables a los que España les debe millones.

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Londres emitió una orden provisional que permitía a otro inversor renovable, Blasket Renewable Investments, embargar potencialmente el Instituto Cervantes, una institución cultural propiedad del Reino de España situada en el centro de Londres.

Los titulares del laudo Antin invirtieron en la construcción de la instalación solar Andasol, en Granada, en 2008, tras el anuncio por parte de España de incentivos para los inversores en renovables que fueron suprimidos retrospectivamente por el Gobierno. Tras el éxito de una demanda en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) presentada por los titulares del laudo Antin ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, el Gobierno español fue condenado a pagar 101 millones de euros más intereses.

El TCE es un tratado internacional patrocinado por el Banco Mundial que proporciona un marco para la cooperación transfronteriza en materia de energía y la inversión en los estados firmantes. Su objetivo es promover la seguridad energética mediante mercados más abiertos y competitivos. Proporciona un sistema completo para la resolución de litigios entre los estados participantes y entre los inversores y los estados receptores.

En junio de 2022, había 53 signatarios del TCE, entre ellos España y la propia UE. Recientemente, España, junto con Francia y los Países Bajos, anunció su intención de retirarse del TCE. Aunque España abandone el TCE, sigue estando sujeta a una cláusula de extinción de 20 años que permite a los inversores presentar demandas en virtud del TCE durante este periodo.

Los demandantes recuerdan que España creó diversas medidas para atraer inversiones en energías renovables, con especial atención a los proyectos de energía solar. En particular, España adoptó en 2007 una legislación que garantizaba a los inversores en emplazamientos de energías renovables una «rentabilidad razonable» de su inversión como incentivo para realizar inversiones en energía solar como parte de un impulso a la promoción de las energías renovables.

Entre 2012 y 2014, España diluyó y posteriormente revocó estos incentivos, impidiendo con carácter retroactivo que se pagara a los inversores lo que se les debía.

La supresión «injustificada» por parte de España de su régimen de precios e incentivos a las energías renovables entre 2012 y 2014 constituyó una violación del TCE, lo que dio lugar a la presentación de múltiples demandas judiciales contra el Gobierno español.