Las 65.000 familias afectadas por los recortes a las renovables acuden al Defensor del Pueblo

El problema tiene su origen en el distinto trato legal que reciben los inversores extranjeros y los nacionales en las instalaciones fotovoltaicas afectadas por aquellos recortes, ya que los primeros han podido acudir a los tribunales de arbitraje internacionales -donde han ganado la mayoría de los laudos, aunque el Gobierno español se niega a pagar las indemnizaciones que superan ya los 1.200 millones de euros-, mientras que los segundos sólo podían recurrir a la Justicia española. Misma situación, pero distinto cauce legal -y desenlace- para cada tipo de afectados.

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Desde 2016, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo dieron la razón al Ejecutivo de Mariano Rajoy y, más concretamente, a su ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, subrayando que el Gobierno del PP había justificado «de forma suficiente» la necesidad de aprobar las medidas del recorte de las renovables por la vía de urgencia, por lo que actuó de acuerdo con la legislación. Un jarro de agua fría para los damnificados ante el distinto trato que están recibiendo en sus reclamaciones.

Por lo tanto, existe una anomalía incomprensible para muchos que facilita la posibilidad de recibir una indemnización -sólo los inversores extranjeros- y cierra la puerta a 65.000 familias españolas, que se trataban de inversores minoristas.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, ha instado a Pedro Sánchez a que «ponga fin al ridículo internacional y al vergonzoso escarnio que sufren las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España. Tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas están unidos a unas inversiones en renovables que fueron pedidas en 2007 por el Estado español con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos».

Todos estos objetivos se alcanzaron con éxito -recuerda la asociación Anpier-, «pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones tan solo a los dos años de estar operativas con recortes de hasta un 50%, el más sórdido de los episodios que jamás ha experimentado un sector regulado en un país del primer mundo, puesto que la seguridad jurídica es una máxima que habría de ser inquebrantable».

«Pedimos equidad de trato», declaró a ABC Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier. Por eso, y ante la estrategia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de «esconder el ala», «hemos decidido contactar con el Defensor del Pueblo para encontrar alguna solución». Una nueva vía para tratar de exigir las indemnizaciones que reclaman en igualdad respecto a los inversores foráneos.

Asimismo, este calificó de «triste y lamentable» la posible continuidad en su cargo de Ribera, que «mantiene cerradas las puertas del diálogo».

Para Martínez-Aroca «la situación exige sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, por los injustos recortes y restaurar una situación de justicia. Y para ello es preciso reconocer los errores y dejar de confundir a la sociedad en un juego que a nadie beneficia porque daña la credibilidad del Estado español frente a sus compromisos internacionales y frente a la obligación de velar por sus propios inversores nacionales, especialmente cuando se trata de miles de familias con recursos económicos limitados que entraron en este sector de buena fe y llamados por el propio Estado».

El presidente de Anpier se refiere a que fue el propio IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente entonces del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que en 2007 lanzó una campaña con el eslogan «El sol puede ser suyo» que respondía a la estrategia del ministro Miguel Sebastián.

Miles de familias apostaron por la inversión en huertos solares por, fundamentalmente, dos motivos: uno, porque era una forma de recibir un complemento a su futura pensión de jubilación y, otro, porque era una forma de evitar que el campo español se despoblara. Así, la mayoría acudió a la financiación de bancos y cajas para conseguir el capital necesario, muchas veces aportando garantía personales, como sus propias viviendas, porque el dinero pasó de los bancos a las empresas que construyeron los parques fotovoltaicos.

La deuda, que alcanzó los 25.000 millones de euros, sigue pagándose mes a mes y la mayoría no terminará con ella hasta 2028 después de conseguir refinanciar la misma, obteniendo un plazo más largo, pero con intereses más altos.

Hay que recordar que el 24 de octubre de 2014 el recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, visitó la planta fotovoltaica de Jumilla (Murcia) donde anunció que «la futura Administración socialista restituirá la retribución» de las fotovoltaicas cuando los socialistas regresen al poder, «para que tengáis un futuro garantizado».

Sánchez se solidarizó con los productores de fotovoltaica y se mostró «a favor de la restitución de un contrato firmado por el Estado con vosotros» y que el Gobierno del PP «ha incumplido».