España supera a Venezuela y se convierte en el país con más laudos impagados en el mundo

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Javier González Navarro

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A esa cifra hay que sumar otros 119 millones de euros como intereses del principal y 129 millones por las costas legales de los centros de arbitraje, como el Ciadi, del Banco Mundial.

Lavranos explicó en una conferencia internacional sobre inversión y seguridad jurídica en la energía renovable que «tarde o temprano España tendrá que pagar. Cuanto más tarde, será más caro para los contribuyentes».

Por su parte, Nick Cherryman, abogado del despacho neoyorquino Kobre & Kim, experto en arbitrajes, afirmó que el hecho de que España no quiera pagar «es un gran error desde el punto de vista financiero». Y subrayó que en los arbitrajes a los que se ha sometido España han participado más de 100 jueces reconocidos internacionalmente y aceptados por todas las partes en los litigios. «El Estado español debe pagar y respetar la ley», añadió este letrado con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la resolución de disputas entre estados a través de los arbitrajes.

También participó en esta conferencia Lena Sandberg, socia del bufete californiano Gibson, Dunn & Crutcher y especialista europea en ayudas de estado, ya que uno de los argumentos utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para no pagar es que si abonaran las mencionadas indemnizaciones podrían suponer ayudas de estado consideradas ilegales por la Unión Europea. Sandberg destacó que «España tenía el mismo sistema de primas a las renovables, por cierto, muy generosas, que otros países», y subrayó con rotundidad que «esas indemnizaciones no son ayudas de estado».

También pronosticó que en unos dos años deberían resolverse estos casos y añadió que «puede ser este un momento óptimo» para que se resuelvan los laudos por la convocatoria de las elecciones generales en nuestro país, lo que podría forzar, tanto a un nuevo gobierno como si repitiera el mismo, a hacer frente a los impagos.

Hay que recordar que los numerosos inversores afectados reclaman unas indemnizaciones valoradas en más de 10.000 millones de euros, aunque los laudos están rebajando considerablemente esas peticiones. Para ello, el Estado español se haya gastado, hasta ahora, más de 70 millones en despachos de abogados internacionales.

Nikos Lavranos manifestó que «la negativa a cooperar con el Banco Mundial y pagar los laudos «socava el orden legal internacional, así como los tratados que garantizan la inversión extranjera y la resolución de disputas a través de los arbitrajes». Además, «el incumplimiento de estas obligaciones supone un golpe a la seguridad jurídica y el Estado de derecho».

Los mencionados expertos recordaron ayer que la Justicia británica y la australiana han confirmado los laudos condenatorios contra España, asegurando su obligado cumplimiento. Estas sentencias han abierto la puerta a posibles embargos de activos españoles en el Reino Unido y en Australia. Como ya adelantó este periódico, Blasket Renewable Investments LL ha solicitado el embargo del Instituto Cervantes de Londres, de sus cuentas en el banco Santander, y de la sede de la Agencia per a la Competitivitat de L'Empresa, 'embajada' comercial de la Generalitat de Cataluña. Y en Australia podría ser embargada alguna de las sedes u oficinas comerciales de Navantia.

Asimismo, las empresas Infraestructura Servicios Luxembourg y Energía Termsolar (antes Antin, que construyó en 2008 la planta Andasol en la provincia de Granada) también han pedido al Tribunal Superior de Londres la posibilidad de detraer los 120 millones de euros de la indemnización de los 925 millones que debe de cobrar el Estado español por el desastre del Prestige.