El impuestazo a la banca costaría 3.900 millones al PIB, 50.000 millones menos de crédito y 35.000 empleos

Según los cálculos del sector, a los que ha tenido acceso este periódico, el tributo forzaría una restricción de crédito de 50.000 millones de euros; por cada 100 euros de crédito, las entidades están obligadas a respaldarlos con seis euros de capital propio, de media. Si lo que quiere recaudar el Ejecutivo entre 2022 y 2023 son 3.000 millones de euros, esa cantidad se resta del capital propio y, por ende, se reduce automáticamente en 50.000 millones la capacidad de la banca de prestar dinero, ya que no podría respaldarlos con ese capital.

Las entidades sostienen que esto representa el 4,1% del total de stock de préstamos bancarios al sector privado. Y por ponerlo más en contexto, representa 15 meses de nuevo crédito hipotecario o el importe de 250.000 hipotecas medias. Dinero que no fluirá a la economía por el castigo fiscal.

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En términos de PIB, el gremio estima que por cada 100 euros que recaudaría el impuesto, la economía se contraería en 130 euros. Es decir, que la imposición del gravamen le costaría al PIB unos 3.900 millones de euros, más de lo que se recaudaría. Además, se recuerda que si la economía se resiente, también lo hace lo que se ingresa por impuestos como el IVA, IRPF o Sociedades, de manera indirecta.

Por su parte, la banca también calcula que a consecuencia del golpe sobre el PIB y la menor capacidad de conceder crédito, además se traduciría en menos puestos de trabajo; concretamente, entre 25.000 y 35.000 empleos menos, según los modelos de estimación realizados.

Las entidades asimismo hacen hincapié en que el Gobierno les acusa de un gran reparto de dividendos en 2021, pero que omite que en 2020 el Banco Central Europeo (BCE) les impuso una contención casi total. Y todo ello también relacionado con que las cotización de los bancos en Bolsa están prácticamente en mínimos desde la crisis financiera, y sin visos de remontar ante la amenaza de una recesión en Europa. Una posibilidad, esta última, cada vez más tangible al calor de las subidas de tipos de interés. Pero la ofensiva del sector no se queda en los datos. Se sirven también de otros argumentos más allá de las cifras para evidenciar que con un impuesto como este no solo pierden las entidades, sino todo el país. Señalan que los inversores reclaman «estabilidad jurídica, calidad regulatoria, transparencia...», además de certidumbre sobre el sector y la economía en su conjunto.

Las entidades consideran que se trata de un impuesto «injustificado» ya que ellas pagan incluso más que otros sectores: «El tipo efectivo medio de la banca es del 24,7% frente a un 21, 3% de media de las empresas en España según el IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros)». Y a todo ello se une que el sector ya cuenta con tributos específicos sobre depósitos y sobre la constitución de las hipotecas (Actos Jurídicos Documentados).

Otro de los puntos de fricción para el gremio está en el problema de la doble imposición. El Gobierno ha diseñado la figura no como un impuesto al uso sino como prestación patrimonial pública no tributaria, para tratar de blindarse ante posibles reclamaciones por este motivo. Aunque en el sector tienen claro que esto solo es una cortina ante la realidad: que hay doble imposición. Y se quejan de que la proposición de ley no permite su deducción en Sociedades.

La banca tiene claro que PSOE y Podemos no van a dar marcha atrás en su iniciativa. Se resignan a que tendrán que soportar un nuevo impuesto y, en teoría, no hay previsión de llevarlo a los tribunales. Su opción ahora es dar la batalla de las cifras y los argumentos.

En lo que sí confían es en que los diferentes poderes públicos puedan torcer el brazo al Gobierno y suavizar el impuesto. ¿Cómo? Con enmiendas en el trámite parlamentario. Para ello, las entidades presionarán a diferentes partidos políticos para lograr colocar su mensaje de que no han de soportar un gravamen tan duro sobre sus cuentas.

El sector se moverá en los pasillos del Congreso, y apuntando el tiro hacia aquellos partidos que creen que pueden ser más favorables a sus pretensiones. Estos son los más conservadores y liberales, y con el ojo también puesto en el ámbito nacionalista dados los intereses que algunos partidos como el PNV tienen en el sector financiero español.

Más allá de ello, la banca tiene esperanzas puestas en que el BCE publique una opinión desfavorable sobre el gravamen. El Gobierno puede pedir al supervisor que emita un dictamen, pero de no solicitarlo, la institución dirigida por Christine Lagarde puede hacerlo 'motu proprio'. Como publicó este periódico, el Ejecutivo sí que tiene en sus planes realizar la consulta.