Sánchez blinda su ofensiva fiscal sobre los bancos y las eléctricas
Hacienda diseña una figura jurídica no tributaria para tratar de eludir las posibles demandas por doble imposición o confiscatoriedad
Evita entrar en el resbaladizo terreno de definir los beneficios extraordinarios
El Gobierno se ha cuidado de configurar los nuevos gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas de forma que sean difíciles de atacar jurídicamente por los afectados. Consciente de las dificultades técnicas de crear un nuevo impuesto sobre unas ganancias por las que ... las empresas ya habrían tributado en el Impuesto sobre Sociedades y de delimitar los presuntos beneficios extraordinarios que estarían obteniendo los bancos y las empresas de energía en el actual contexto, el Ministerio de Hacienda ha optado por configurar los nuevos gravámenes bajo la forma de una prestación patrimonial.
La principal ventaja de esta fórmula es que se trata de una figura no tributaria sobre la que, según los expertos consultados, será difícil invocar los principios de no confiscatoriedad, igualdad entre contribuyentes y respecto a la capacidad económica que la Constitución consagra para el sistema tributario.
«Al plantearlos como una prestación patrimonial no tributaria el Gobierno busca eludir las reglas de aplicación del sistema tributario que establece el artículo 31 de la Constitución y complicar los posibles recursos que pudieran plantear los afectados», asegura un asesor fiscal de una de las principales empresas del Ibex 35.
La iniciativa del Gobierno pretende recaudar el 4,8% del margen que obtienen las entidades financieras por los intereses que aplican y las comisiones que cobran y el 1,2% de la cifra total de negocios de las grandes empresas energéticas bajo el argumento de que están obteniendo unos beneficios extraordinarios, tanto por la subida de los tipos de interés como por el encarecimiento de la energía.
La apuesta del Gobierno tiene sus riesgos. En las semanas previas al registro por parte del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de la iniciativa parlamentaria para la creación de ambos gravámenes, las principales organizaciones de asesores fiscales del país, tanto Aedaf como Reaf, habían advertido de la complejidad jurídica del empeño y del riesgo de que las nuevas figuras pudieran ser anuladas en los tribunales por generar una situación de confiscatoriedad o doble imposición.
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El comunicado conjunto emitido por la Asociación Española de la Banca (AEB) y la patronal de las antiguas cajas de ahorros (CECA) incidía en que el sector actuaría en el trámite parlamentario para garantizar el adecuado encaje de los gravámenes extraordinarios que el Gobierno pretende imponer a las grandes empresas de la banca y el sector energético «con los principios básicos de nuestro sistema tributario como son los de igualdad, no discriminación y capacidad económica». La naturaleza no tributaria de la figura elegida blinda al Gobierno frente a una eventual ofensiva jurídica que pida amparo por los principios de aplicación del sistema tributario.
Posibles focos de conflicto
El conflicto jurídico puede venir por lo que podría considerarse como una utilización abusiva de una figura que en la legislación española se prevé para fines distintos al recaudatorio o incluso desde el flanco de la política.
Según los profesionales de la asesoría fiscal consultados, las prestaciones patrimoniales no tributarias se configuran en la Ley General Tributaria -la norma que regula el funcionamiento básico del sistema tributario - como un mecanismo para que particulares o empresas compensen al Estado por la ventajas obtenidas por alguna actuación pública. Se entienden como tales las tarifas que pagan los usuarios por la utilización de una obra o servicio público y fue también la figura que se utilizó para que las petroleras asumieran una parte del descuento de 20 céntimos sobre la gasolina.
Las fuentes jurídicas consultadas advierten de que la norma no configura este mecanismo con un fin meramente recaudatorio o redistributivos, que básicamente son los que ha alegado el Gobierno para su activación a la que incluso ha puesto un objetivo de ingresos: 7.000 millones de euros.
Luego está la controversia política. Apenas 24 horas tardó el Gobierno Vasco - presidido por el PNV, uno de los socios de referencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez- en advertir de que los nuevos gravámenes no dejarán «ni un euro» en las Haciendas Forales y en señalar tal circunstancia como un problema de diseño del impuesto.
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Esto es así porque al tratarse de una figura no tributaria no entra dentro del radio de acción del Concierto Económico y ni el Gobierno Vasco ni el de Navarra pueden reclamar compensación por ella. Un obstáculo para el trámite parlamentario que deberán afrontar los nuevos impuestos sobre banca y energéticas a partir de septiembre.
El otro que se puede plantear, como advierte uno de los asesores consultados, es que los gravámenes sobre banca y energéticas tampoco estarán sujetos a las condiciones establecidas en los convenios internacionales para evitar la doble imposición, lo que ataca directamente los intereses de las empresas con sede fuera de España.
Se añade el asunto de las sanciones en caso de que esas nuevas cargas fiscales se trasladen a los clientes, que según la propuesta de PSOE y Unidas Podemos pueden llegar al 150% del importe repercutido. Fuentes del sector energético y financiero lo consideran un brindis al sol, imposible de aplicar en la práctica.
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