Hacienda gravará las ventas de las energéticas al 1,2% y los intereses y comisiones de la banca al 4,8%

El argumento que esgrime el Ejecutivo es que ambos sectores están teniendo elevados beneficios en un entorno como el actual y por ello deben contribuir más a financiar la lucha contra la crisis de inflación. Así, cada gremio sufrirá el gravamen de forma distinta.

En el caso de las energéticas, se gravará el importe neto de su cifra de negocios, lo que equivale a sus ventas de bienes y prestaciones de servicios, al 1,2%. Se aplicará a partir de un umbral de 1.000 millones sobre ese aspecto, tomando como referencia la cifra de cada compañía de 2019; se utiliza ese año como base ya que es el último del que se disponen datos sin distorsionar por la pandemia de Covid-19. Otra causa de exclusión será que una empresa no tenga más del 50% de su negocio vinculado al sector energético, ya que hay firmas que no son energéticas pero tienen negocio en ese ámbito y no deberían estar sujetas.

En el caso de la banca, el gravamen recaerá sobre los márgenes de su negocio financiero. Es decir, sobre los intereses y las comisiones. En concreto, el diferencial entre lo que percibe la entidad y lo que paga la misma en cada uno de los dos conceptos. El tipo a aplicar sobre ello será del 4,8% y el umbral a partir del que se aplicará será en este supuesto de 800 millones de euros.

Como puntos en común están que el gravamen se aplicará sobre grupos fiscales consolidados; que quedarán fuera de la imposición las operaciones intragrupo; que se excluyen las operaciones de filiales en el exterior. Asimismo, el gravamen no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

En cuanto al abono de las figuras, con las que se espera recaudar 7.000 millones en dos años, se producirá en septiembre a año vencido. Es decir, se gravará por ejemplo el año 2022, la obligación de pago surgirá el 1 de enero de 2023 y el pago se realizará en septiembre de 2023. Con todo, se establece también un pago a cuenta (un adelanto) del 50% en el mes de febrero que luego se descontará de la cantidad a desembolsar en septiembre; de esta forma, este febrero las energéticas y la banca ya deberán abonar a las arcas públicas 1.750 millones de euros.

Más allá de ello, la proposición de ley prohíbe que las empresas repercutan los gravámenes a los consumidores, como ha avisado estas semanas el Gobierno; lo que sí ha quedado descartado de plano es incluir esto como delito en el Código Penal, como reclamaba Unidas Podemos. ¿Cómo se hará eso? No lo aclara el Ejecutivo. La realidad es que se encomiendan a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España articulen la forma para vigilar este aspecto y sean las que impongan sanciones de hasta un 150% sobre la cantidad que se traslade al cliente.

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Una vez presentada en el Congreso la proposición de ley, se iniciará tras el parón de agosto su tramitación parlamentaria. La intención es que se le dé prioridad absoluta en la Cámara Baja para tenerlo aprobado antes de finales de año; y para eso se utiliza la figura de la proposición de ley, que es más ágil ya que no requiere de ciertos informes preceptivos que lo retrasarían todo.

Por su parte, desde la Asociación Española del Gas, han mostrado su preocupación por el anuncio del Ejecutivo de promover la implantación de un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con carácter retroactivo, «en una coyuntura económica tan delicada como la actual y en la que debería prevalecer la planificación y la prudencia fiscal».