Los exportadores advierten de que Trump puede imponer tasas a España aunque se expone a denuncias en la OMC

Según advierten a ABC tanto el Club de Exportadores como la Cámara de Comercio de España, estos hechos deberían bastar para que nuestro país se tome muy en serio la última amenaza del inquilino de la Casa Blanca, que en las últimas horas ha suscitado cierto debate público en cuanto a su verosimilitud. «Estoy pensando en castigarlos con aranceles, francamente creo que lo voy a hacer, deben ser castigados», afirmó Trump el pasado miércoles, en una clara advertencia a Pedro Sánchez por su negativa a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB.

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La respuesta inicial del Ejecutivo ha sido la de enrocarse en su posición y encomendarse a Bruselas, que ayer mismo salió en defensa de nuestro país al afirmar que «responderá» a cualquier ataque -sin decir cómo- y recordar que el comercio es una competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembro. En efecto, el Ejecutivo comunitario tiene la exclusiva de la política comercial y así lo recogen las normas de la OMC, que han sido firmadas tanto por la UE como por los EE.UU.

A pesar de ello, ya desde su primer mandato Trump ha demostrado su disposición a quebrar la unidad comercial de los Veintisiete cuando le interesa y, no menos importante, su desdén hacia la OMC -en 2029 amenazó con abandonar sus filas-, según advierte a ABC Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España.

Según este experto, el magnate tiene tres mecanismos para tratar de forzar las disposiciones del organismo internacional. Puede apelar a un incumplimiento de los derechos humanos en nuestro país, que es el escenario menos probable, o recurrir a dos piezas de su propia legislación que ya ha venido utilizando ampliamente tanto en su primer como segundo mandato.

La primera es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que le permite castigar a un país concreto si puede justificar -en otros casos, lo ha hecho vagamente- una amenaza a la seguridad nacional. Y la segunda, la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al Gobierno a poner trabas a las importaciones de un producto concreto -y un país concreto- si se dan prácticas discriminatorias como un exceso de cuota de mercado o 'dumping'; es decir, ayudas públicas que atentan contra la competencia.

Precisamente, esto último es lo que pasó con la aceituna de mesa española. En 2018 el Departamento de Comercio consideró que las ayudas de la PAC suponían un tipo de 'dumping' y el presidente les impuso un arancel del 35%. En 2021 la OMC dio la razón a la Comisión Europea y determinó que esas tasas eran contrarias a sus tratados, pero EE.UU. recurrió a un birlibirloque legal para mantener el gravamen -incluso durante el mandato de Joe Biden-, hecho que provocó un segundo fallo en contra del organismo internacional en febrero de 2024. Como ya se ha avanzado, a pesar de esto la aceituna española sigue pagando arancel en EE.UU.

En caso de que esos aranceles se terminaran imponiendo, explica Raúl Mínguez, otra posibilidad es que un tribunal en Estados Unidos los declarara nulos en virtud de un incumplimiento de las leyes de ese país. En cualquier caso, es poco probable que este futurible -muy lejano- disuada a Trump: «ya sabemos como actúa», apunta Mínguez.

El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, es de la misma opinión, por eso pide al Gobierno que no descarte ninguna vía de negociación que pueda frenar la «hostilidad comercial» contra España por parte de la Casa Blanca; por ejemplo, una negociación directa al margen de la Comisión. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede tratar asuntos comerciales con Washington, explica este experto, dado que es una competencia exclusiva de la UE, pero sí puede poner sobre la mesa otros temas de interés y hacerlo «utilizando sus mismas tácticas», opina.

«Trump tiene la costumbre de utilizar el comercio como arma para resolver otros problemas», explica Bonet, y el mejor ejemplo -nos dice- es la última amenaza, que al fin y al cabo obedece a un desacuerdo sobre el gasto en defensa y a nada que tenga que ver con el aceite de oliva o el vino. Por eso, el presidente de los exportadores cree que el Ejecutivo -«de modo extraoficial»- también podría utilizar como baza negociadora otros asuntos que interesan a EE.UU.; por ejemplo, sus bases militares en la Península o la llamada 'tasa Google', un impuesto a las tecnológicas que España es uno de los pocos países que aplica (para enfado de Trump).

Bonet es muy claro en que en ningún caso propone que el Gobierno utilice estos recursos como chantaje, sino para tener algo que ofrecerle a la otra parte: «Tenemos que hacerles ver que somos un aliado fiable y que hay capacidad para la negociación bilateral».