Los empresarios catalanes se ponen de perfil ante la posible amnistía de Sánchez

El día de ayer sirvió para centrar aún más si cabe el mensaje de los empresarios al ya oficialmente candidato a la investidura Pedro Sánchez. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a abrir fuego contra la medida reiterando el rechazo público ante un posible perdón a los políticos implicados en causa penal por el 'procés'. «Lo vuelvo a decir claro, nosotros no compartimos la palabra amnistía», aseguraba reiterando el mensaje que ya lanzó hace unas semanas, cuando aseguró que no estaban de acuerdo y que «la palabra amnistía» no está dentro de la Constitución.

En este caso, el discurso fue plenamente respaldado por el máximo dirigente de CEIM, Miguel Garrido, quien aseguraba antes del comienzo de la jornada sobre Liderazgo Empresarial para directivos impulsado por la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) que en esta cuestión debe imperar el cumplimiento de la ley.

«Lo que queremos es que todos cumplan la legalidad», apuntó Garrido que, parafraseando a Séneca, recordaba que «hay que ser esclavo de las leyes para poder ser libre y que todos somos iguales ante la ley». «Nosotros nos limitamos a una vez que se tomen decisiones sobre las cuales tengamos que opinar, daremos nuestra opinión y nos referimos concretamente a lo que al final acabe proponiendo o no se proponga», señaló.

Con estas declaraciones, los responsables empresariales se alinean casi de pleno tras las reproducidas hace escasos día por el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, quien asegura que no comparte «la amnistía porque no obedece a un interés general, quiebra la seguridad jurídica y porque rompe ese marco de estabilidad y progreso que ha tenido España desde el año 78».

Pero aun con la rotundidad del rechazo de la plana mayor empresarial la fotografía final podría salir algo movida. Fuentes de Fomento del Trabajo, el ala catalana de la CEOE, evitan pronunciarse sobre las posibles concesiones de Sánchez a los partidos independentistas hasta que no haya sobre la mesa una propuesta concreta. «De momento no comentamos nada», apuntan en conversaciones con ABC asegurando que es la postura habitual de los empresarios catalanes en momento de tira y afloja sobre la cuestión territorial, más aún ante la indefinición de la eventual maniobra para la amnistía y en un marco de incertidumbre por la investidura, no segura, del candidato socialista.

Con todo, sí cabe recordar que el líder de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, mantiene los puentes tendidos con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y una actitud menos contestataria hacia una posible desjudialización del conflicto. Si bien las fuentes consultadas por este medio aseguran que no habrá pronunciamiento, en tiempos pasados tanto la patronal catalana como Pimec, sí se mostraron claramente proclives a abrir una senda de diálogo y negociación en un manifiesto conjunto firmado en 2019 bajo la rúbrica de 'A favor del progreso de Cataluña'. Así, estaría por ver la profundidad del eventual pronunciamiento que hagan desde Fomento de Trabajo en este momento, si bien se espera que sea menos reactivo que el de sus compañeros de la patronal a nivel nacional.

«Corresponde a la clase política, y no a la Justicia, liderar un proceso de forma efectiva y resolutiva, para la canalización y conducción de este conflicto al escenario del pacto», señalaban en ese comunicado, de hace ahora cuatro años, aludiendo precisamente al daño económico que implicaría apuntalar un marco de conflicto que incremente la inseguridad jurídica.

Más allá, entre las preocupaciones que invaden a los empresarios por el tiempo de negociación que se abre ahora para el candidato Sánchez está casi al mismo nivel que la amnistía la gobernabilidad a resultas de una investidura. «Está por ver cómo se pueden entender partidos tan distantes en materia económica», apuntan fuentes de la patronal que temen un incremento de la inestabilidad por la complejidad de sacar adelante medidas.

«¿Qué pensarán partidos como Junts o el PNV de encarecer el despido?», se cuestionan las fuentes empresariales como uno de los ejemplos que podría friccionar la coalición a la hora de aprobar una medida dirigida a aumentar los costes para las empresas por los ceses improcedentes.

Con todo, el recado para el Gobierno en funciones no quedó sólo en el rechazo a la amnistía sino que también cargaron contra la posibilidad de que el Gobierno recoja el guante la OCDE que instó esta misma semana a nuestro país a aumentar los impuestos a los carburantes para que reflejen «mejor» sus emisiones de gases contaminantes, aunque acompañando esta medida de ayudas para «los más vulnerables», advirtiendo de que la pluralidad de regulaciones autonómicas está obstaculizando la unidad de mercado y el crecimiento de las empresas, lo que redunda en una menor eficiencia a nivel nacional.

«La fiscalidad en España ya es suficientemente elevada; incluso creemos que es demasiado en relación con los países de nuestro entorno y que, por lo tanto, la tendencia a donde se debe ir es a la contraria, es a reducir la fiscalidad a las personas, a las familias y a las empresas para poder ser más competitivos», subrayó Miguel Garrido antes del Madrid Leaders Forum.

En el evento, en el que se abordaron las actuales tendencias empresariales para la captación y formación del talento la ex ministra de Empleo y Seguridad Social y actual presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, urgió articular una triple vía para abordar la captación y formación de talento para también resolver el problema de la escasez de mano de obra mediante la formación de los casi tres millones de parados que registra nuestro país, el impulso al talento sénior dentro de las compañías y la capacitación de las personas extranjeras para una rápida incorporación al mercado laboral. «Los necesitamos a todos, la clave está en la diversidad de los perfiles profesionales».