La familia dulcera Martínez demanda a sus propios abogados por estafarles 50 millones

A la imagen icónica del niño sonriendo con una magdalena en la mano se ha cambiado el rostro en un dramático destino para el que fue un negocio boyante de sobaos, magdalenas, croissants y todo tipo de repostería. La sociedad familiar de los herederos del fundador Epifanio Martínez, Inversiones Montellano S.L., ha interpuesto una querella en el juzgado de instrucción número 52 de Madrid, que ha sido admitida a trámite, contra sus abogados, tres socios del despacho ABCGC, y otros tres profesionales vinculados al supuesto entramado, por estafa, apropiación indebida, falsedad documental y deslealtad profesional.

Todo ello por un desfalco de un goloso pastel que valoran en 50 millones de euros «promovido por el propio despacho en su propio beneficio» al recomendarles todo tipo de movimientos por parte de los tres abogados de ese bufete. La querella, a la que ha tenido acceso ABC, indica que propusieron a la familia, a través de la sociedad de inversión, dos millonarias inversiones en Andorra y otra en Marbella, que habrían supuesto una «completa ruina» para sus clientes, aunque no para ellos, bajo riesgo de perder buena parte del dinero invertido.

Los asesores legales de la familia habrían actuado en su propio beneficio: «Les ha podido la ambición», apunta la querella, y «han orillado todos los principios que deberían inspirar su asesoramiento» para enriquecerse «de forma ilícita» y «hacerse millonarios» a costa de la saga familiar. La querella resalta que, además de cobrar las minutas por su asesoramiento también lo han hecho por cada euro invertido a través suya mediando «engaño» y «abuso de confianza» porque los abogados, indica el texto, participaban personalmente en las sociedades beneficiarias de las inversiones ocultándoselo a sus clientes.

Los hechos se remontan a 2021, según la querella, cuando los socios del despacho propusieron a la familia invertir en diversos activos inmobiliarios. Los abogados habrían convencido a la familia a realizar estos movimientos de calado con los que buscaban rentabilidad y, sobre todo, una necesidad de movilizar ese capital que no podía quedarse paralizado, sobre todo por el impacto tributario que podría tener para sus intereses societarios.

Pero en mayo de este año, la familia descubrió que estos tres abogados participaban en lo que califican como una monumental «estafa» por ocultarles buena parte de sus intereses. La consejera delegada de Inversiones Matollano, Clara Isabel Martínez, se percató de la insistencia de los abogados en la firma de determinados documentos, lo que le llevó a acudir a la justicia junto a su madre y sus dos hermanos, integrantes de esa sociedad. La defensa jurídica de los intereses de la familia Martínez en el conflicto la ejerce el letrado Lucas Fernández de Bobadilla, de la firma MA Abogados, que dirige Alberto Pérez-Solano, secretario general del Sevilla FC.

Los abogados del despacho ABCGC, con los que este diario se ha puesto en contacto, niegan rotundamente cualquier irregularidad. Fuentes de la firma penalista Campaner Law, que se ha hecho cargo de la defensa, de los querellados, aclaran que su actuación se limitaba a la prestación de servicios jurídicos y no de asesoramiento en inversiones. Y consideran que su labor profesional a favor de los intereses jurídicos encomendados por la familia Martínez fue adecuada.

Además, niegan las prácticas por las cuales se imponía a sus clientes la toma de decisiones y menos aún la de adentrarse en inversiones concretas. Y puntualizan: la consejera delegada de Inversiones Matollano cuenta con una amplia formación universitaria económica y lleva invirtiendo en todo tipo de sociedades desde hace una década.

La herencia procede del legado que había dejado Luis Martínez, uno de los hijos del fundador de la repostería, Epifanio Martínez, hace 40 años en Burgos. Luis, que falleció en 2023 a los 74 años tras graves problemas de salud, fue el último presidente de lo que fue un negocio familiar, pero que decidieron vender a la norteamericana Bimbo en 1999.

La vida de los Martínez daría para una auténtica película de cine. Una pareja humilde que abandona su hogar y se instala en un pequeñito pueblo burgalés donde se hacen cargo de una panadería para sacar adelante a sus siete hijos con un negocio 'puerta a puerta'. El regreso a sus orígenes en Cantabria y el inicio de la apertura de establecimientos de obrador hasta montar un emporio que llegó a representar el auge de la bollería industrial en España. 

Los hijos de los históricos reposteros ya tuvieron desavenencias en el pasado por la gestión de una empresa que no paraba de crecer, casi como lo hacen los dulces cuando entran en el horno. Aquella situación se zanjó con la venta de la corporación a la multinacional, por la que habían pujado antes otras grandes empresas del sector, se hacen ricos. Pero los problemas derivados de cómo gestionar ese patrimonio han abierto ahora una brecha con su propio bufete de abogados que ha derivado en los despachos judiciales.

La familia Martínez considera que han sido objeto de un supuesto delito de engaño porque se les ha hecho creer que la operación era una «gran oportunidad de inversión inmobiliaria» y que todo el proceso se encontraba «bajo un asesoramiento legal ajustado a la operación». Pero insisten, según relata en la demanda: «Solo una persona engañada podría realizar un préstamo o una financiación millonaria de la que no va a recibir ninguna contraprestación», indica. Además, el perjuicio que invocan es la consecuencia final del estado de engaño porque a consecuencia de esos movimientos se acepta la operación y su patrimonio se ha desvanecido drásticamente, como lo hacían las magdalenas del grupo al caer en cualquier taza de café. Un cruce de intereses a cuenta de una herencia demasiado dulce que ha acabado en los tribunales.