Las empresas reiteran su rechazo a la amnistía y piden al Gobierno frenar la escalada tributaria que daña la competitividad

«Lo vuelvo a decir claro, nosotros no compartimos la palabra amnistía», señaló el dirigente empresarial a preguntas de los periodistas durante su asistencia al 'Madrid Forum Leaders'. Sobre la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno propuesta por el Rey Felipe VI, Garamendi recuerda que ahora son los grupos parlamentarios los que tienen que votar o no si la apoyan.

«De momento, el Rey le ha encargado la posibilidad de ver si puede formar gobierno (...) Yo creo que está dentro lo que es el rango normal, constitucional, de cómo el Rey propone a una persona para ver si puede conformar una mayoría», apuntó. Cabe recordar que el presidente de la CEOE ya lanzó el mismo mensaje hace unas semanas, cuando aseguró que no estaban de acuerdo y que «la palabra amnistía» no está dentro de la Constitución Española. Entonces, Garamendi añadió que los empresarios están con «la moderación», que «fue lo votado por el 95% de los españoles».

«Lo que queremos es que todos cumplan la legalidad», señalaba en la misma línea el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM (CEOE), Miguel Garrido, que ha parafraseado a Séneca para recordar que «hay que ser esclavo de las leyes para poder ser libre y que todos somos iguales ante la ley». «No obstante, nosotros nos limitamos a una vez que se tomen decisiones sobre las cuales tengamos que opinar, daremos nuestra opinión y nos referimos concretamente a lo que al final acabe proponiendo o no se proponga», zanjaba el líder empresarial sin querer entrar al detalle de la eventual medida.

«La fiscalidad en España ya es suficientemente elevada; incluso creemos que es demasiado en relación con los países de nuestro entorno y que, por lo tanto, la tendencia a donde se debe ir es a la contraria, es a reducir la fiscalidad a las personas, a las familias y a las empresas para poder ser más competitivos», subrayó antes de la inauguración de Madrid Leaders Forum. Apuntaba el máximo dirigente de la patronal madrileña que con una rebaja de la fiscalidad «se fomentaría una mayor actividad y por lo tanto a la larga una mayor recaudación». «Subiendo los impuestos creo que perdemos competitividad como país», advierte.

En la misma línea, indicó que la propuesta de Sumar para subir de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI) debería ir acompañada de un refuerzo «de la competitividad de las empresas». La formación de Yolanda Díaz apuesta por un aumento del SMI para llegar al umbral del 60% del salario medio del país.

«Entendemos que el aumentar la remuneración de los trabajadores es algo deseable, que es algo que es bueno para la economía, pero es verdad que hay que hacerlo vinculado al incremento de la productividad de las empresas para no perder competitividad. Por lo tanto, queremos que hay que reforzar la competitividad de las empresas y de esa manera que se pueda hacer compatible que las empresas sigan siendo rentables con aumentar la capacidad de los trabajadores, que es algo que es bueno para el conjunto de la economía», argumentaba.

«Nos sentimos orgullosos de ser el motor de transformación que tiene España» afirmó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración de la jornada empresarial centrada en el talento como vía de crecimiento de las compañías. Martínez-Almeida también apostó por seguir generando «el marco adecuado para que las empresas sigan adelante y se generen las mejores condiciones de trabajo y competitividad».

Fuentes de la patronal madrileña consultadas por ABC, señalaban además que existe cierta inquietud sobre el proceso de negociación de la investidura de Pedro Sánchez por lo que a la política económica se refiere. Recuerdan que la disparidad de sensibilidades en materias vitales, como la laboral, podría complicar la consecución de acuerdo y ahondar en la incertidumbre que ya asola a las empresas por la propia marcha de la actividad.

Apuntan en este sentido hacia la posibilidad de que se lleve a cabo una revisión de la estructura de costes del despido improcedente en España, como ya se ha puesto encima de la mesa por parte del gabinete dirigido por la vicepresidenta en funciones y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de virar hacia un modelo de despido «restaurativo» en el que se tengan en cuenta las circunstancias personales de cada individuo en el momento del cese, abriendo así la puerta a pagos por encima del equivalente a los 33 días por año trabajado que rige en la normativa laboral actual.