Economía pacta un mes más con Bruselas para intentar borrar los peajes del plan de recuperación

En 2021, el Gobierno incluyó en el plan de recuperación la fijación de peajes en las vías de alta capacidad, que superan los 10.000 kilómetros en España. Un año más tarde encargó un informe a KPMG para estudiar su implantación y modelo. Y ya en 2023 el Ejecutivo ha intentado dar marcha atrás, pero los compromisos adquiridos le mantienen atado.

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Daniel Caballero

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La medida se recoge en los componentes 1 y 28 del plan de recuperación, dándose de plazo para llevarlo a cabo hasta 2024. Se justifica en la necesidad de «garantizar la conservación de la red viaria» y «bajo el principio del cobro al 'usuario pagador' y del principio de 'quien contamina paga'». Asimismo, también figuran los peajes en los objetivos generales.

El mes pasado la bola se le hizo grande al Gobierno al indicar el director de la DGT que debían implantarlos en 2024. El Ministerio de Transportes le desmintió, también desde otros ministerios. Después se empezó a reconocer que sí era un compromiso con Bruselas y todo acabó con Pedro Sánchez confirmando que estaban negociando eliminarlo del proyecto inicial, no sin antes haber recibido un tirón de orejas público de la Comisión afirmando que ese era el compromiso.

Tras la prórroga acordada con Bruselas, al Ejecutivo le queda una última bala de 30 días para convencer a los funcionarios de la Comisión de no fijar peajes en las carreteras y rebajar ese compromiso, por ejemplo, a un estudio de la situación. De no lograrlo, deberá llevarlo a cabo si desea recibir todos los fondos europeos que quedan todavía pendientes; en caso de incumplir un compromiso, Europa recortaría la asignación a nuestro país.

Las negociaciones se dan en el marco de la adenda al plan de recuperación, que es un anexo que se hace al mismo para acceder a créditos blandos por 84.000 millones de euros y a otros 10.300 millones en transferencias a fondo perdido. En ese documento se establecen nuevas reformas e inversiones a financiar con esos recursos, pero no solo.

En la adenda, aprobada por el Gobierno y presentada a la Comisión el 6 de junio, se incluyeron hasta 70 cambios en los hitos y objetivos del plan de recuperación. «La nueva situación económica y geopolítica hace necesario adaptar algunos hitos y objetivos acordados en 2021 a las nuevas realidades», recoge el documento.

El Ejecutivo no dio ningún detalle de las modificaciones que había solicitado y solo ha trascendido que están negociando borrar la implantación de los peajes porque el presidente del Gobierno se vio forzado a confirmarlo. Todo lo demás se mantiene oculto.

La adenda es un documento de casi 200 páginas en el que se recogen los nuevos hitos y objetivos, pero no de manera detallada sino que actúa más como una declaración de intenciones de la ruta a seguir. La realidad es que aunque el Consejo de Ministros haya aprobado el documento de España, este no se hará efectivo hasta que reciba luz verde de la Comisión y del Consejo de la Unión Europea.

¿Cuáles son los plazos? Desde la aprobación y envío de la adenda se abre un plazo de dos meses para negociar el documento y los cambios planteados, que vencía este 6 de agosto. Un tira y afloja entre el Ejecutivo y la Comisión para llegar a un entendimiento, ya que es Europa la que desembolsa el dinero. Si Bruselas no da su visto bueno, España se quedaría sin esos recursos. Ese 'ok' debe ratificarse un mes después por el Consejo.

El citado plazo de dos meses, sin embargo, no es cerrado. Se podía solicitar a Bruselas ampliar el mismo otro mes más, como finalmente ha hecho el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño. En este departamento señalan que la prórroga se debe a «la coincidencia con el periodo estival», por lo cual dicen haber acordado esa extensión hasta el 6 de septiembre para aprobar la adenda y todo lo que conlleva. Se justifican, así, con que «agosto es prácticamente inhábil», aunque la realidad es que de todo el periodo de negociaciones solo entraban en agosto seis días; el resto del tiempo para negociar ha sido en junio y julio.

El diseño de la adenda ha estado plagado de quejas por parte de las empresas y la oposición política, además de las comunidades autónomas, especialmente del Partido Popular.

El PP denunció desde el principio que no habían contado con ellos para armar un documento tan relevante para el futuro del país, a lo que se unieron también las comunidades en las que gobiernan. Además, la polémica estuvo servida ya que la aprobación y envío se produjo a mes y medio de las elecciones generales del 23J.