Sánchez incluyó los peajes en dos reformas prometidas a Bruselas

El hecho de que el Gobierno se haya comprometido a acometer una reforma o inversión significa que para recibir los fondos europeos del programa 'Next Generation' hay que cumplir con lo estipulado en el plan. De lo contrario, como ha recordado Bruselas en varias ocasiones, el país incumplidor se expone a perder parte de los recursos comunitarios para la reconstrucción tras el Covid-19. A este aspecto se refería el director de la DGT cuando señaló que implantar los peajes en 2024 es una exigencia de la Comisión.

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, negó la mayor al cabo del rato en un acto público: «Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras». Y aprovechó la ocasión para atacar al Partido Popular. Igual que, el lunes, en el debate entre los candidatos, el presidente del Gobierno respondió con «qué dice. De verdad, señor Feijóo», cuando el candidato del PP le preguntó por ello. Nada ha dicho el Gobierno de lo firmado con Bruselas en 2021 y que no se ha modificado en ningún documento público posterior. En el plan de recuperación que se aprobó, la fijación de peajes se recoge en dos componentes distintos, además de hacerse referencia a ello en otros apartados.

El componente uno del documento es el primero en el que se apunta a que el pago por uso llegará a España; concretamente en la nueva ley de movilidad. «Esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'», indica la reforma dos del citado componente.

En el plan se justifican los peajes con que las cuentas públicas no pueden asumir los costes de conservación de las carreteras de alta capacidad, que abarcan 12.000 kilómetros. «La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte», ahonda. Y se establece que esta normativa ha de estar aprobada para el segundo semestre de 2023, con lo que entraría en vigor para 2024.

Asimismo, en el componente 28, reforma cuarta, relativo a fiscalidad y transición energética, se recoge también esta imposición. «Reformas en materia de movilidad sostenible que se enuncian a continuación: crear un pago por uso de la red viaria de carreteras (...)», se describe.

Pero las referencias no quedan ahí. En los objetivos generales del documento se destaca que «se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal». Y se repite: «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras». Unas referencias que ahora el Gobierno obvia.