El lío de los peajes en España: qué hará el Gobierno, qué exige Bruselas y qué modelos existen

Pere Navarro, el director de la DGT, ha revivido la polémica con sus palabras en una entrevista en TV3: «El año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas». Una frase que no deja lugar a dudas de las intenciones y que ha levantado ampollas en el Ejecutivo.

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El PP avisa de que en 2024 se pagarán peajes en las autovías: «El Gobierno lo ha comprometido aunque no lo cuente»

Bruno Pérez

«Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el PP, sino porque lo ha comprometido el Gobierno de España», advierte el portavoz económico de los populares

Más tarde, la propia DGT ha desmentido a su responsable y el Gobierno también ha salido al paso pero... ¿qué se sabe hasta ahora de los peajes en autovías? ¿Nos lo exige Bruselas realmente? ¿Qué piensa el Gobierno? ABC responde a todas las preguntas de en qué estado se encuentra el asunto.

Pere Navarro indicó que en 2024 habrá peajes en las carreteras españolas, por imposición de Bruselas, pero la propia organización que dirige, la DGT, ha salido al paso de sus palabras para dar marcha atrás. Según recoge EP, la institución habla de «confusión» de su director. En este sentido, la DGT aclara que no dispone de «ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse» sobre esta cuestión.

Desde el Gobierno la reacción tampoco se ha hecho esperar. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha desmentido al responsable de la DGT y ha negado que el Ejecutivo tenga en mente imponer peajes en las autovías. «Quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras. Además, sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular, que fue quien encargó precisamente estudios para implantar peajes a partir del año 2021, y además, la hipocresía reforzada de muchos líderes del PP, que en privado reconocen que están a favor de un sistema como este», ha indicado.

De hecho, la titular del Transportes sacó pecho de que en esta legislatura el Ejecutivo ha eliminado el pago en más de 1.000 kilómetros de autopistas, atacando también al Partido Popular.

Con todo, la Comisión Europea ha desmentido a la ministra: «Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de 'quien contamina, paga'», ha confirmado en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.

El director de la DGT fue claro en su intervención al destacar que la implantación de peajes en las carreteras españolas se trata de una exigencia de la Comisión Europea. Y puso como fecha clave el año 2024.

Ni la referencia a Bruselas ni el plazo son casuales, pese al desmentido de la ministra. Lo cierto es que no se trata de una exigencia de Europa, sino que fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que se comprometió a implantar el llamado pago por uso en las carreteras españolas.

La Moncloa incluyó el compromiso en el plan de recuperación remitido a Bruselas en 2021. «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras», indica el documento oficial.

El plan añade en otro de sus puntos que «se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal». Y es en el componente 28, reforma cuatro, donde se recoge explícitamente: «Crear un pago por uso de la red viaria de carreteras».

Asimismo, los peajes aparecen también en el componente uno del plan de recuperación, en el que se desarrolla más la idea e incluso se pone fecha. El compromiso adquirido es que en 2024 habrán de aprobarse peajes para las carreteras españolas, para las vías de alta capacidad como son las autovías. En ello le va a nuestro país el recibir parte de los fondos europeos, al tratarse de un compromiso con Bruselas. En caso de incumplimiento, España se expondría a un recorte del dinero a percibir.

La confusión es lo que reina en estos momentos en lo que respecta a los peajes. En un asunto que emula al río Guadiana, que aparece y desaparece, según quiere el Gobierno. En 2021, al momento de aprobar el plan de recuperación, el Ejecutivo destacaba que este sistema de peajes «supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'».

Entonces, como publicó ABC, la intención con este sistema era costear el mantenimiento de la red estatal de carreteras. El Gobierno explica que de los 24.466 kilómetros de la red estatal de carreteras, 12.000 pertenecen a vías de alta capacidad. Esto genera unos costes crecientes que «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios» y un déficit de mantenimiento que repercute en una pérdida de valor. En concreto, la Asociación Española de la Carretera que toda la red tiene un déficit de conservación y mantenimiento de 10.000 millones de euros.

A mediados de 2022 se dio un avance importante a los planes públicos. La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargó entonces varios informes a la consultora pública Ineco para estudiar y valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, en el que se contemplan los peajes.

Medio año más tarde, al tiempo de presentar el borrador de anexo al plan de recuperación para recibir los créditos de los fondos europeos, el Gobierno comunicó que aparcaba el plan de los peajes en las autovías ya que consideraba que no se daba el momento. Lo aparcaba, pero sin olvidarse, por entrar en periodos electorales, aunque sobre el papel no está recogido ningún acuerdo con Bruselas para dilatar su aprobación más allá de 2024. En los documentos, el compromiso sigue vigente. Es más, la Comisión Europea ha tenido que salir a confirmar que los peajes son una reforma pendiente.

El Ejecutivo trata de pasarle la responsabilidad al PP sobre el asunto de los peajes echando la vista atrás a estudios que hizo el anterior gobierno de los populares. E incluso llega a negar que se vayan a implantar los peajes.

Sin embargo, el PP tiene en la memoria lo comprometido con Bruselas: «Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular, sino porque el Gobierno ya lo ha comprometido aunque ni lo cuente ni lo diga», señaló Juan Bravo, portavoz económico de los populares, hace un mes.

Y se defendió de la siguiente manera: «Está en el plan de recuperación, en la página dos, donde se dice que en el año 2024 se pagará por el uso de autovías, para que luego no se diga (si gobierna el PP) que lo ha hecho el Partido Popular. No. Ya está comprometido, lo que pasa es que se ha llevado al año 2024 para que se hiciera después de las elecciones y si les toca a ellos ya verán como lo justifican y si lo hacemos otros pues dirán que hemos subido los impuestos».

No es tan sencillo como decidir implantar peajes en las carreteras españolas. Aplicaría sobre aquellas dependientes del Estado pero falta por tomar una decisión respecto al modelo a aplicar. Y desde el inicio se han barajado, principalmente, dos opciones.

La primera de las opciones es una especie de tarifa plana, el pago por el sistema de viñetas. Este método ya se utiliza en países como Austria o Países Bajos y consiste en que el conductor adquiere una especie de pegatina o un registro para la matrícula del coche que le habilita a circular por las vías de peaje sin restricciones, en función de lo contratado.

Este sistema se puede contratar por días, semanas, meses o años, siendo el anual el que sería más habitual para los conductores. Se trataría, en suma, de una cantidad fija a pagar cada un determinado periodo de tiempo para poder circular por las carreteras.

La segunda de las opciones es el pago por kilómetros. Es decir, abonar una cantidad determinada por cada kilómetro que se recorra en las carreteras afectadas. Esto tiene el inconveniente de la infraestructura de arcos de peaje, y habría que determinar la cantidad a cobrar por cada kilómetro; en un inicio se especuló con un precio de un céntimo.