Alemania declara insostenible el actual estado de bienestar
Comienza sus trabajos una comisión estatal que formulará, antes de fin de año, propuestas para financiar las prestaciones
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Una Comisión Social Estatal formada por representantes de los dos partidos que forman la coalición de gobierno alemán, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), ha comenzado hoy su trabajo para formular antes de fin de año propuestas de financiación para beneficios sociales ... como la prestación de ciudadanía, la prestación de vivienda y la prestación por hijos. Se supone que sus conclusiones serán implementadas desde principios de 2026 por el Ministerio de Asuntos Sociales. «El estado del bienestar tal como lo tenemos hoy ya no es financieramente viable con los actuales logros económicos», ha dado el tono de la reunión el canciller alemán, Friedrich Merz, en una conferencia de su partido en Osnabrück. «No me permitiré irritar a nadie con palabras como ajustes sociales, recortes drásticos y demás», se dirigió a sus socios socialdemócratas, «pero el llamamiento es para todos nosotros: demostremos juntos que el cambio es posible, que las reformas son posibles».
Su número dos en el gobierno, el vicecanciller socialdemócrata y ministro de finanzas Lars Klingbeil, ha garantizado que las pymes están blindadas, aunque no descartaba un aumento de impuestos para las personas con los más altos ingresos y elevado patrimonio. «Ninguna opción está descartada», ha adelantado sobre la forma de cubrir el déficit presupuestario de 30.000 millones de euros que debe resolver su oficina. Klingbeil apoya las reformas, pero advierte que «necesitamos reformas estructurales para que las cotizaciones sociales sean sostenibles a largo plazo» y reclama que todas las reformas se ciñan a que «seguimos siendo un país que ayuda a quienes lo necesitan, a quienes enferman y a quienes necesitan ayuda».
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El canciller Merz, sin embargo, descarta subidas de impuestos y apuesta por la tijera de podar, hasta hacer del Estado alemán un ente sostenible. En lo que la prensa alemana llama ya el «Otoño de las reformas», la coalición cuenta con el principio de acuerdo para que a principios de 2026 entre en vigor la «jubilación activa», que permitirá a los jubilados seguir trabajando sin perder la pensión y sin pagar impuestos por hasta 2.000 euros mensuales. Pero es sólo el principio.
Actualmente, Alemania gasta 50.000 millones de euros al año solamente en el subsidio al ciudadano, la mitad de los cuales se destina a personas sin ciudadanía alemana. El 31,5% de su PIB anual se va en pensiones de jubilación y, en 2024, el gasto en complementos de ingresos, salud, cuidados de larga duración y prestaciones por desempleo ascendió a 47.000 millones de euros.
Por primera vez en unos diez años, por otra parte, el número de desempleados ha superado la marca de los tres millones. El sistema requiere inyecciones constantes de fondos públicos para evitar su colapso y el envejecimiento de la población añade una brecha estructural entre cotizantes y receptores. Y todo esto sucede en una situación prolongada de estancamiento económico, en la que Alemania no ha logrado todavía volver a los niveles previos a la pandemia. «Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años», sentencia Merz. Y aunque la ministra Bas ha calificado este enfoque como «una mierda», el acuerdo de coalición establece severos recortes que tomarán cuerpo en los próximos meses.
Merz cuenta con el apoyo del secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, dispuesto a un cambio de paradigma en cuanto a las prestaciones sociales (Bürgergeld). «Alemania está entre la espada y la pared porque el Estado del bienestar se ha vuelto inasequible», ha dicho. El partido hermano bávaro de la CDU, la Unión socialcristiana (CSU), apremia con declaraciones del presidente regional de Baviera, Markus Söder, que insiste en que «el Estado de bienestar necesita una actualización fundamental» y exige a «reformas duras, lo que significa menos beneficios sociales y más incentivos para trabajar». «La regla de razonabilidad para las ofertas de trabajo debe endurecerse y se necesitan reglas más estrictas para el beneficio de vivienda y los activos de protección, que ahorren muchos miles de millones», propone.
Los partidos políticos alemanes echan la vista atrás, en busca de soporte histórico para sus posiciones. El presidente regional de Renania-Palatinado, el socialdemócrata Alexander Schweitzer, recuerda a la CDU la época del «canciller de la unidad» y anima a que el partido debería «atreverse a ser más como Helmut Kohl». «A mediados de la década de 1990, el tipo impositivo máximo era del 56%, y también existía un impuesto sobre el patrimonio. Nadie tenía entonces la impresión de que el socialismo reinara en Alemania. Es un bien para la democracia exigir responsabilidades a quienes son tan ricos que nunca volverán a tener problemas», defiende Schweitzer.
Y a nadie escapa que el primer paso para desmontar el Estado de bienestar alemán lo dio el socialdemócrata Gerhard Schröder, con su «Agenda 2010», un programa de recortes sociales implementado a partir del año 2000 que terminó con una escisión de la que el SPD todavía no se ha recuperado y que augura para el gobierno que retome esa dirección un resultado similar.
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