El abuso de la temporalidad en el sector público tendrá sanción disciplinaria
El Gobierno diseña cambios exprés para recortar el 30% de eventualidad en la Administración, que ha abierto la puerta a multas millonarias a España
Propone a regiones y ayuntamientos un sistema de alerta que permita conocer que el contrato está a punto de concluir y evitar que se prolongue
Europa prepara sanciones millonarias a España por el 30% de temporalidad pública
La eventualidad en la Administración dobla la de las empresas
El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero los incumplimientos abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias sin atender. Hoy, la Administración sigue abusando de contrataciones eventuales y la temporalidad está ... desbocada, en el 30%. Para esquivar esas sanciones europeas, el Gobierno se ha puesto manos a la obra con una reforma, que ha propuesto a comunidades y ayuntamientos, que tiene como eje central más controles y medidas disuasorias que eviten que las administraciones incumplidoras sean multadas, como está previsto. Función Pública diseña un nuevo régimen sancionador para los incumplidores.
Se trata con ello de esquivar la recurrencia en los mismos puestos y que perpetúe la precariedad en el sector público. De entrada se trabaja en una definición más clara de la causalidad de contratos, y en un sistema de alerta temprana, una especie de alarma que avise al responsable de recursos humanos de que el contrato eventual en cuestión llega a su fin y no se repita, como ocurre ahora, contrataciones en fraude de ley.
Temporalidad de los empleados
públicos por sectores
En % sobre el total de contratos
Docentes
Funcionarios
No docentes
Laborales
Universidad
47,3
52,5
Justicia
31,1
52,4
Administración General del Estado*
6,3
15,4
Enseñanza no universitaria
31,6
53,1
Administración General de las CC. AA.
33,6
49,5
Sanidad
53,3
6,6
Local
29,9
55,1
Resumen general de contratos
3.032.353
Totales
1.954.637
Indefinidos
Laborales
352.195
1.077.716
Temporales
725.521
Funcionarios
Total
Fuente: CSIF y Ministerio para la Transformación
Digital y Función Pública
ABC
Temporalidad de los empleados públicos por sectores
En % sobre el total de contratos
Docentes
No docentes
Funcionarios
Laborales
47,3
Universidad
52,5
31,1
Justicia
52,4
6,3
Administración General del Estado*
15,4
31,6
Enseñanza no universitaria
53,1
33,6
Administración General de las CC. AA.
49,5
53,3
Sanidad
6,6
29,9
Local
55,1
Resumen general de contratos
Totales
Temporales
Indefinidos
3.032.353
1.077.716
1.954.637
725.521
352.195
Funcionarios
Laborales
Fuente: CSIF y Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública
ABC
Los trabajos de duración determinada han sido infructuosos. Como ya informó ABC, en 2021 el Gobierno impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la eventualidad en la Administración, entonces en el 30% y situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. El Ejecutivo fue entonces muy optimista en conseguir el objetivo. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal».
A finales de 2024, y con no menos optimismo, el ministro de Función Pública, Oscar López, sacaba pecho y aseguraba que desde 2021 se habían hecho fijos a 321.776 empleados públicos, cifra que el titular entendió que es suficiente para cumplir con el pacto alcanzado con la Unión Europea.
Casi cuatro años después de estos propósitos la temporalidad pública sigue descontrolada: apenas ha cedido y no cae del 30%, más de tres veces por encima del objetivo y el doble de la registrada en el sector privado (15%). Si se toman los datos del Boletín Estadístico de Empleados Públicos de julio de 2024, de los tres millones de trabajadores del sector público que están registrados, algo más de un millón son temporales, el 35,5%. Si se tienen en cuenta los datos de la EPA, el porcentaje estaría en el 28%. Un dato u otro, la realidad es que los trabajadores con contrato de duración determinada en la Administración no bajan del 30%.
Sanidad y educación
La reforma del Gobierno para evitar las multas millonarias está dirigida a toda la Administración, pero focalizada en sanidad, educación y en justicia. Si se analiza esta anomalía laboral por sectores los datos son mucho más elevados, especialmente en la sanidad pública y entre los docentes universitarios. En el primer caso la tasa de temporalidad supera el 50% y en el segundo roza el mismo porcentaje, mientras que en Justicia está en el 31% y en enseñanza no universitaria en el 33%. Por administraciones las diferencias son notables. La Administración General del Estado registra una tasa del 9,4% frente al 40% de ayuntamientos y comunidades.
Incumplimientos
La Comisión Europea ya ha abierto dos expedientes a nuestro país por el abuso de los interinos en el sector público y en 2024 Bruselas dio los primeros pasos en el procedimiento de infracción al enviar dos cartas de emplazamiento, en julio y octubre, al Gobierno, en las que le reprochó que la legislación española no contemple medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público que encadenan contratos, en línea con la normativa europea. Los incumplimientos han sido la respuesta.
Los interinos llevan a cabo una ardua batalla en la UE por la vulneración de sus derechos y el Grupo Popular en Congreso ha intensificado la petición de información en el Congreso. El Tribunal de Justicia europeo (TJUE) dictaminó que los interinos de larga duración pasen a ser fijos sin ser considerados funcionarios con la intención de limitar la posición de abuso de la Administración y reprendió a España por no contemplar sanciones para castigar los abusos. Ese fallo, no obstante, respondía a un caso judicializado en España y a la elevación de cuestiones prejudiciales a Luxemburgo.
Claves
Un sistema de alerta
Se quiere poner en marcha un sistema de alerta temprana, una especie de alarma que avise al responsable de recursos humanos de que el contrato eventual en cuestión llega a su fin y poder sortear de esta forma una contratación en fraude de ley.
Nuevo régimen sancionador
Los cambios incluyen una definición más clara de causalidad en la contratación y un nuevo régimen sancionador para desincentivar las contrataciones de duración determinada. Desde el sindicato de funcionarios se avisó de que denunciarían a las administraciones incumplidoras, que se concentran en casi un 90% en regiones y ayuntamientos.
Previamente, el Tribunal se había pronunciado en términos similares al poner coto a los interinos de larga duración, que consideraba que tenían que ser fijos. La sentencia del TJUE estableció que la concatenación de los pactos temporales vulnera el acuerdo marco de la normativa europea e instó a España a tomar medidas contra esa forma de precariedad.
De forma paralela, los tribunales españoles, en sucesivas sentencias, han instado a la conversión en indefinidos de los trabajadores contratados en abuso de temporalidad por el sector público, aunque siempre han defendido que se realice esta conversión a través de procesos selectivos, igual que el Tribunal Supremo.
Lentitud de las oposiciones
Pese a los avisos de Bruselas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales. A la lentitud de las oposiciones se suma también la denominada tasa de reposición que en algunos sectores aún impide que se sustituyan todas las bajas que se producen en las administraciones, como denuncia CSIF, que exige al Gobierno la limitación de esos límites. El exministro de Función Pública, José Luis Escrivá, se comprometió a que los Presupuestos de este ejercicio suprimieran estas acotaciones, pero la ausencia de cuentas públicas para este año mantiene los topes a la contratación. Es el mismo argumento que el Gobierno da a los sindicatos para no subir el sueldo a los empleados públicos, si bien desde CSIF se insiste en que el Ejecutivo recurra a un decreto, como ya hizo en 2020 y 2024.
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