La eventualidad en la Administración dobla la de las empresas
El sindicato CSIF exige la eliminación de la tasa de reposición que prometió Escrivá
La Justicia europea insiste en que los interinos que acumulen años de contrato temporal deben pasar a fijos
La reforma laboral lleva cuatro años en vigor, un periodo en el que las empresas, a golpe de legislación, han dado un giro radical en el modelo de contratar a sus trabajadores. Durante este tiempo la estabilidad, muy apoyada en los contratos indefinidos fijos ... discontinuos y a media jornada, ha ido relegando a las fórmulas temporales, limitadas drásticamente a un máximo de un año para una economía muy marcada por la estacionalidad del turismo y la hostelería y también del campo.
Pero lo que es norma para las empresas no lo es para el sector público, que dobla la temporalidad del privado. Desde hace años la tasa en la Administración se mantiene en el entorno del 30% frente al 15% que registra la empresa privada, según la última EPA. La reforma laboral no ha ayudado en este caso a combatir la precariedad sencillamente porque no se ha aplicado. Y el problema, además, no tiene muy fácil solución, teniendo en cuenta que muchos de esos contratos temporales que realiza se asocian a actividades altamente marcadas por la estacionalidad, como ocurre en la enseñanza y en la sanidad.
Contratación masiva
Para remediar el problema CSIF propone, entre otras cuestiones, eliminar la tasa de reposición, a lo que se comprometió el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero no llegó a poner en práctica. Recuerda el sindicato de funcionarios que esta tasa se reguló a finales de los 90, y que entre 2008 y hasta los acuerdos de empleo suscritos por CSIF en 2017 y 2018, sólo cubría entre un 0 y un 30% anual de los empleados públicos que causaban baja. Asegura que esto supuso la amortización de miles de plazas de personal jubilado y la contratación masiva de personal temporal.
El abuso de la temporalidad en el sector público tendrá sanción disciplinaria
El Gobierno diseña cambios exprés para recortar el 30% de eventualidad en la Administración, que ha abierto la puerta a multas millonarias a España
La evolución de la temporalidad en la Administración comenzó una carrera al alza desde 2018. Cuando ese año Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la inestabilidad laboral, pero el sector público, con autonomías y ayuntamientos a la cabeza, ha seguido engordando plantillas con empleados sin puesto fijo y encadenando contratos durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.
Los datos son ilustrativos de lo que ha ocurrido en este tiempo. En 2017 la tasa de temporalidad en el sector público era del 27,4% y desde entonces no ha parado escalar, hasta situarse en el 30%. Caso contrario es el sector privado, con un 23,7% de eventualidad en 2017 y un 15% en la actualidad. Dos realidades muy distintas para una misma legislación.
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