Europa prepara sanciones millonarias a España por el 30% de temporalidad pública
Bruselas abrió dos expedientes previos a nuestro país por incumplir la ley y el Plan de Recuperación, que situó en el 8% la eventualidad
A final de 2024 las autoridades comunitarias dieron dos meses para recortar la precariedad y evitar el proceso infractor
La mitad de la plantilla en Sanidad y universidades es eventual y en los ayuntamientos y comunidades autónomas ronda el 40%
Crece el malestar entre los funcionarios: sin subida de sueldo y con una temporalidad del 30%
El compromiso de recortar la temporalidad desbocada en el sector público viene de lejos, pero el problema más que solucionarse se enquista y los incumplimientos abocan a España a multas millonarias tras años de avisos de las autoridades comunitarias.
En 2021 el Gobierno ... impulsó por la vía exprés un plan de choque para reducir la eventualidad en la Administración, entonces en el 30% y situarla en el 8% a final de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas. El Ejecutivo fue entonces muy optimista en conseguir el objetivo. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público», dijo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificando la puesta en marcha de la ley de estabilización de las plantillas en el hecho de que «no es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal».
Temporalidad de los empleados
públicos por sectores
En % sobre el total de contratos
Docentes
Funcionarios
No docentes
Laborales
Universidad
47,3
52,5
Justicia
31,1
52,4
Administración General del Estado*
6,3
15,4
Enseñanza no universitaria
31,6
53,1
Administración General de las CC. AA.
33,6
49,5
Sanidad
53,3
6,6
Local
29,9
55,1
Resumen general de contratos
3.032.353
Totales
1.954.637
Indefinidos
Laborales
352.195
1.077.716
Temporales
725.521
Funcionarios
Total
Fuente: CSIF y Ministerio para la Transformación
Digital y Función Pública
ABC
Temporalidad de los empleados públicos por sectores
En % sobre el total de contratos
Docentes
No docentes
Funcionarios
Laborales
47,3
Universidad
52,5
31,1
Justicia
52,4
6,3
Administración General del Estado*
15,4
31,6
Enseñanza no universitaria
53,1
33,6
Administración General de las CC. AA.
49,5
53,3
Sanidad
6,6
29,9
Local
55,1
Resumen general de contratos
Totales
Temporales
Indefinidos
3.032.353
1.077.716
1.954.637
725.521
352.195
Funcionarios
Laborales
Fuente: CSIF y Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública
ABC
A finales de 2024, y con no menos optimismo, el ministro de Función Pública, Óscar López, sacaba pecho y aseguraba que desde 2021 se habían hecho fijos a 321.776 empleados públicos, cifra que el titular entendió que es suficiente para cumplir con el pacto alcanzado con la UE.
Pero lo cierto es que casi cuatro años después de estos propósitos la temporalidad pública sigue desbocada: apenas ha cedido y no cae del 30%, más de tres veces por encima del objetivo y más del doble de la registrada en el sector privado (13%). Si se toman los datos del Boletín Estadístico de Empleados Públicos de julio de 2024, de los tres millones de trabajadores del sector público que están registrados, algo más de un millón son temporales, el 35,5%. Si se tienen en cuenta los datos de la EPA, el porcentaje estaría en el 28%. Un dato u otro, la realidad es que los trabajadores con un contratos de duración determinada en la Administración no bajan del 30%.
Y si se analiza esta anomalía laboral por sectores los datos son mucho más elevados, especialmente en la sanidad pública y entre los docentes universitarios. En el primer caso la tasa de temporalidad supera el 50% y en segundo roza el mismo porcentaje, mientas que en Justicia está en el 31% y en la enseñanza no universitaria en el 33%. Por administraciones las diferencias son notables. La Administración General del Estado registra una tasa de temporalidad del 9,4% frente al 40% de ayuntamientos y comunidades, según denuncia el sindicato CSIF, que ha volcado sus servicios jurídicos en atender las denuncias de los colectivos afectados. La central que dirige Miguel Borra ya avisó de que denunciaría a las administraciones incumplidoras.
Interinos, una vida laboral dando tumbos por las administraciones
La Administración tendrá que hacer fijos por ley a casi 800.000 temporales este año por exigencia de Bruselas
La Comisión Europea ya ha abierto dos expediente a nuestro por el abuso de los interinos en el sector público y en 2024 Bruselas dio los primeros pasos en el procedimiento de infracción al enviar dos cartas de emplazamiento, en julio y octubre, al Gobierno, en las que le reprochó que la legislación española no contemple medidas de protección para los trabajadores temporales del sector público que encadenan contratos, en línea con la normativa europea. Los incumplimientos han sido la respuesta.
Los interinos llevan a cabo una ardua batalla en la UE por la vulneración de sus derechos. El Tribunal de Justicia europeo (TJUE) dictaminó que los interinos de larga duración pasen a ser fijos sin que sean considerados funcionarios con la intención de limitar la posición de abuso de la administración y reprendió a España por no contemplar sanciones para castigar los abusos. Ese fallo, no obstante, respondía a un caso judicializado en España y a la elevación de cuestiones prejudiciales a Luxemburgo.
Previamente, el Tribunal se había pronunciado en términos similares al poner coto a los interinos de larga duración, que consideraba que tenían que ser fijos. La sentencia del TJUE estableció que la concatenación de los acuerdos temporales vulnera el acuerdo marco de la normativa europea e instó a España a tomar medidas contra esa forma de precariedad.
De forma paralela, los tribunales españoles, en sucesivas sentencias, han instado a la conversión en indefinidos de los trabajadores contratados en abuso de temporalidad por el sector público, aunque siempre han defendido que se realice esta conversión a través de procesos selectivos, igual que el Tribunal Supremo.
Tasa de reposición
Pese a los avisos de Bruselas as administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal. A la lentitud de las oposiciones se suma también la denominada tasa de reposición que en algunos sectores aún impide que se sustituyan todas las bajas que se producen en las administraciones, como denuncia CSIF, que exige al Gobierno la limitación de esos límites. El anterior ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, se comprometió a que los Presupuestos de este ejercicio suprimieran estas acotaciones, pero la ausencia de cuentas públicas para este año mantiene los topes a la contratación. Es el mismo argumento que el Gobierno da a los sindicatos para no subir el sueldo a los empleados públicos, si bien desde CSIF se insiste en que el Ejecutivo recurra a un decreto, como ya hizo en 2020 y 2024.
Sin plaza fija y encadenado contratos
La evolución de la temporalidad en la Administración ha sido al alza en los últimos años. Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la temporalidad. Este fue el espíritu de la reforma laboral que entró en vigor hace tres años, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras el público ha seguido engordando sus plantillas con trabajadores sin puesto fijo y encadenando contratos durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.
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