Sánchez dispara un 30% el coste para las arcas públicas de la estructura política del Gobierno

Ese, al menos, es el caso de España. La macroestructura de 22 ministerios alumbrada por el pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se convirtió desde su mismo nacimiento en la más costosa de la historia y la tormenta perfecta que ha sobrevenido después, con una pandemia que ha forzado hasta el límite las costuras del presupuesto público y una crisis energética que también está acarreando costes elevados para las arcas del Estado , no ha impedido que tanto su tamaño como su coste hayan continuado aumentando sin freno.

Los datos oficiales de gasto presupuestario que acaba de hacer públicos la Intervención General del Ministerio de Hacienda revelan que en 2021 la factura para las arcas del Estado de la estructura del Gobierno, entendida como la suma de las nóminas de los altos cargos más las de los asesores y cargos de confianza de los que se rodean, marcó un máximo histórico y superó los 140 millones de euros .

La cifra tiene miga. En primer lugar implica que con el déficit público por encima del 10% y la deuda asentada en máximos históricos superando el 120% del PIB el gabinete Sánchez no sólo no maniobró para aligerar el coste de la estructura del Gobierno, que ya en lo más duro de la pandemia superó el máximo histórico marcado en la era Zapatero, sino que lo ha ensanchado en 10 millones extra.

En segundo lugar, revela que desde el inicio de la pandemia el coste del Gobierno de 22 ministerios engendrado por Sánchez e Iglesias ha incrementado su coste para el erario público nada menos que un 14% (17 millones, en euros contantes y sonantes) eludiendo cualquier señal de contención.

La brecha se ensancha si la comparación se traza con el coste que supuso el último gobierno de Mariano Rajoy. Según los datos de Hacienda, desde la entrada de Sánchez en el Gobierno el coste de la estructura política del Ejecutivo se ha disparado un 30% y hoy cuesta 32 millones de euros anuales más de lo costaba en 2017 .

Este sobrecoste equivale, por ejemplo, a la aportación anual conjunta que todo el sector público español tienen previsto realizar en el periodo 2021-2027 para combatir la pobreza infantil, que fue presentada desde el minuto uno por el Gobierno como una de las prioridades de su acción política.

Varios datos ilustran el cambio de enfoque respecto al coste que debe tener el Gobierno para el erario público en la transición de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. Durante los seis años y medio que gobernó Rajoy el coste de altos cargos y asesores nunca superó los 110 millones del último gabinete Zapatero. Es cierto que la mayoría de esos años el Gobierno aplicó una congelación salarial que impidió que ese coste aumentara y que no fue hasta 2018, justo con el cambio de Gobierno, cuando empezaron las subidas salariales en la Administración.

El salario de Pedro Sánchez y de los ministros de su primer gabinete subió al mes y medio de aterrizar en La Moncloa y en cosa de un año experimentó cuatro mejoras, curiosamente gracias al acuerdo que Cristóbal Montoro , ministro de Hacienda de Rajoy, cerró con los sindicatos de funcionarios.

Desde su llegada a La Moncloa a principios de junio de 2018 hasta hoy, el salario del presidente del Gobierno y del resto de altos cargos se ha incrementado un 8,5% , sin embargo el coste de la red de altos cargos para el Presupuesto lo ha hecho un 14%, casi el doble. El motivo no es otro que el agigantamiento que ha experimentado la estructura del Gobierno tras el acuerdo PSOE-Unidas Podemos tras las generales del 10 de noviembre de 2019.

La necesidad de dar foco a los dos miembros de la coalición de gobierno alumbró el Ejecutivo más poblado de la historia democrática de España, en el que no solo el número de ministerios creció hasta la cifra de 22 sino que se aumentó un 25% el número de puestos directivos de la Administración (secretarías de estado, direcciones generales, secretarías generales...) hasta la cifra inédita de 259, que en los meses posteriores aún se ampliaría y que ha dado un nuevo estirón debido al despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La cascada de costes asociada a este incremento sin precedentes del número de altos cargos se ha multiplicado por el derecho que la ley reconoce a todos los altos cargos para configurar su propio equipo de confianza, con asesores que en algunos casos se reclutan en la Administración, pero que en otros se fichan de fuera, sumando nuevas cargas salariales a la ya tensionada cuenta de gastos de personal.

Las cifras del Ministerio de Hacienda revelan que mientras las cargas asociadas al pago de altos cargos se han incrementado un 14% desde el año 2017, la nómina de asesores y personal de confianza de éstos se ha disparado cerca de un 60% en el mismo periodo .

La evolución de esta cuenta de gasto ha sido tan espectacular que en plena pandemia el Gobierno se vio obligado a detraer 20 millones de euros de otras partidas del Presupuesto para poder hacer frente al pago de la nómina de todos los asesores y cargos de confianza incorporados en los 22 ministerios del Gobierno.

Si ya fue complicado el encaje de piezas para construir el primer gobierno de coalición de izquierdas de la democracia, su desarrollo posterior no ha sido menos accidentado. La federación de asociaciones representativas de los cuerpos superiores de la Administración (Fedeca) llevó al Tribunal Supremo una treintena de nombramientos de directores generales – principalmente de las áreas de gobierno de Unidas Podemos– por saltarse a la torera el principio según el cual los puestos directivos de la Administración de director general hacia abajo deben ser ocupados por personas procedentes de la escala funcionarial.

Unidas Podemos ignoró directamente ese principio recogido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y buscó fuera de la Administración a 13 de los 15 directores generales de sus ministerios . El Supremo le ha obligado a motivar varios de esos nombramientos para cumplir, aunque sea formalmente, con la norma.

No menos polémicos han sido los nombramientos masivos de asesores . La avalancha de reclamaciones ciudadanas a Transparencia para que se hicieran públicos los nombres y perfiles profesionales de los elegidos para asesorar a los altos cargos ha sido respondida con silencio administrativo y cuando se ha contestado a instancias de Transparencia la justificación ha sido que «el nombramiento y cese del personal eventual se realiza de forma libre para la realización de funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, sin que sea exigible una cualificación académica o profesional determinada».