Récord de altos cargos en manos del Gobierno: casi 600, un centenar más que con Rajoy

Una gran parte de esos altos cargos pueden ser ocupados por quien el presidente o su Gobierno decidan libremente, siempre que no estén legalmente inhabilitados para ejercer responsabilidades públicas. Pero, para ciertos altos cargos es obligado que el elegido sea funcionario de carrera, condición que no tenían los dos directores generales cuyo nombramiento acaba de anular el TS . En todo caso, como condición general, mínima e imprescindible , la Ley 40/2015 establece que para acceder a cualquier alto cargo se ha de contar con «honorabilidad y la debida formación y experiencia» .

Esa misma ley indica, detalladamente, los puestos que se consideran altos cargos de la Administración General del Estado. Y, según ese criterio legal, actualmente hay 567 plazas que se cubren con el dedo político del presidente del Gobierno o el de su elenco de 22 ministros, que -lógicamente- también tienen la condición de altos cargos. Así que la cifra de conjunto asciende actualmente a 590 altos cargos entre el Gobierno propiamente dicho y sus cuadros de mando en ministerios y organismos dependientes.

El acuerdo de coalición que firmaron hace dos años el PSOE y Podemos multiplicó las carteras ministeriales . Había que hacer hueco a nombres y aspiraciones. Por eso, desde entonces, hay 22 ministerios, frente a los 13 que tenía el Ejecutivo de Mariano Rajoy , al que además le bastaba con una vicepresidencia, frente a las tres que hay ahora.

Esa multiplicación de ministerios ha conducido también a una proliferación de altos cargos: más direcciones generales, secretarías de Estado, subsecretarías, directivos... Según el último informe anual de empleo público que realiza la Intervención General del Estado, a 31 de diciembre de 2020 había un total de 399 altos cargos políticos, frente a los 304 que tenía el Gobierno de Rajoy a 31 de diciembre de 2017, meses antes de ser derribado por la moción de censura de Sánchez.

A esos 399 puestos políticos hay que añadir otras 168 plazas de diversa índole que completan la actual lista de 567 altos cargos que cuelgan del presidente del Gobierno y de sus 22 ministros. La cobertura de esas 168 plazas también pasa por instancias gubernamentales o por el Consejo de Ministros, aunque tienen un carácter más institucional o puede influir más el perfil técnico. Es el caso del nombramiento de embajadores. Aun con todo, en la decisión entra de lleno la mano política, porque pasa por el tamiz del Gobierno.

La Ley 40/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que para acceder a estos puestos -ministros incluidos- se debe ser una persona «idónea» para la responsabilidad a desempeñar.

Así, el párrafo primero del artículo 2 de esa ley indica: «El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo».

A renglón seguido detalla lo que a los efectos de esta ley se entiende por «honorabilidad»: no estar condenado o tener antecedentes penales no cancelados, no estar inhabilitado o suspendido para empleo o cargo público, y no acarrear una sanción en vigor por infracción muy grave. La misma ley advierte que esta honorabilidad no solo se ha de tener en el momento de acceder al alto cargo sino también mantenerla mientras se ocupe.