El Gobierno confirma por decreto a dos altos cargos de Podemos cuyo nombramiento anuló el Supremo

Para colocar a afines que no son funcionarios, Pablo Iglesias pactó con Pedro Sánchez aprovecharse de una excepción legal para repartir libremente ciertas direcciones generales. Ahora bien, para que sea legal, hay que acreditar que las tareas a desempeñar son tan singulares que esos puestos no pueden ser cubiertos solo por funcionarios. El TS concluyó que el Gobierno no lo argumentó, así que no estaban justificados esos nombramientos discrecionales y, por tanto, se había infringido la normativa al designar a dedo a dos afines para esos altos cargos.

El fallo afectó al director general de Políticas para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares Hernández –que procedía de Renfe–, y a la directora del Instituto de la Juventud (Injuve), María Teresa Pérez Díaz, una periodista de 28 años que había sido diputada de Podemos y asesora de Iglesias cuando él era el líder del partido.

La sentencia del TS llegó el pasado diciembre. Pero, en vez de apartar a esos dos directores y sustituirlos por dos funcionarios, el Gobierno publicó un nuevo decreto para confirmarlos como altos cargos y mantener a esos afines en la estructura de confianza de la ministra Belarra. Lo firmó el pasado martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a propuesta de Ione Belarra, tal y como ha recogido el BOE.

Como el Supremo basó su sentencia en que el Ejecutivo no había motivado por qué esos puestos no podían ser cubiertos por funcionarios de carrera, el Gobierno ha lanzado un decreto con cuatro páginas de supuestas justificaciones. Entiende que, extendiéndose más, el Supremo ya puede darse por satisfecho, y así se evita destituir a Castañares y a Pérez Díaz. Cada uno disfruta de 86.108 euros de sueldo anual.

La sentencia de diciembre que anuló esos nombramientos fue fruto de unos recursos de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) . Su presidente, Jordi Solé Estalella, lamenta que el Gobierno haya optado por reiterarse en el nombramiento discrecional que censuró el Supremo. «Ante la sentencia, lo correcto es que hubiera corregido esos nombramientos», en vez de maniobrar para «reiterarse en lo que le afeó el Tribunal Supremo», afirma Solé.