La reforma penalizará la jubilación anticipada para los sueldos más altos

Las jubilaciones voluntarias anticipadas se han disparado un 66% en los últimos cinco años y ahora el objetivo del Gobierno es elevar los coeficientes reductores que se aplican a los trabajadores que optan de forma voluntaria por jubilarse antes y que, en su diseño actual, suponen una carga menor para los salarios más elevados, lo que estaría propiciando un mayor número de retiros previos a la edad de jubilación legal en la franja superior de rentas.

En la actualidad el sistema penaliza la jubilación anticipada a través de los coeficientes reductores. Por cada año que se adelanta la jubilación, se aplica un recorte de hasta el 8% sobre la base reguladora (un concepto parecido al de salario). Sucede sin embargo que, en la práctica, el efecto de este recorte es mucho menor en los salarios más altos. Como la base reguladora máxima sobre la que se cotiza es mayor que la pensión máxima del sistema ocurre que un recorte del 8% en aquella se traduce en apenas una bajada del 2% en la pensión máxima , según cálculos de la Seguridad Social. En los salarios bajos este efecto no sucede.

Un recorte del 8% en la base reguladora de un salario menor se traduce de forma automática en una bajada similar de la pensión. Resulta con ello un doble efecto. Primero, que la penalización para la prejubilación es mayor para los salarios más bajos. Y que, en el caso de los salarios más altos, la penalización es poco relevante.

La intención del ministerio de Seguridad Social es lograr la convergencia entre la edad real de jubilación y la legal , porque estas jubilaciones anticipadas tienen un coste muy elevado para el sistema, además de un fuerte impacto en términos de talento y experiencia. La reforma buscará por tanto minimizar los casos en los que el trabajador decide retirarse antes de tiempo pese a que ello implique un recorte en sus ingresos futuros. La teoría del ministerio es que los desincentivos no están siendo lo suficientemente efectivos.

Desde el 1 de enero la edad de jubilación está fijada en 65 años y diez meses con la excepción de aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 37 años, que pondrán seguir retirándose a los 65 años. La edad efectiva de retiro, sin embargo, es de 64,5 años . Acercar la edad real a la legal como plantea el ministro conseguirá limitar el periodo de tiempo que los mayores reciben una pensión y ampliar las carreras de cotización.

Escrivá es partidario de mantener la reforma de 2011, que progresivamente va elevando la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años en 2027 , punto en el que convergen también los agentes sociales pero que choca con las voces parlamentarias, especialmente entre Unidas Podemos , que reclama volver a la jubilación a los 65 años. Fuentes del Pacto aseguran que no es descartable que la formación morada presente algún voto particular en este terreno. De hecho fue precisamente Unidas Podemos, entonces representado en la comisión por la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , quien hizo descarrilar la última comisión y cuyo texto de trabajo hoy está sirviendo de base para la negociación.

La importancia de la reforma de las pensiones en estos momentos es máxima. No solo por equilibrar un sistema en quiebra, sino porque su activación es una de las llaves maestras para d esbloquear los fondos europeos con los que combatir la pandemia. Su luz verde depende, no obstante, de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo llegue a un acuerdo en sus recomendaciones, proceso que, precisamente, entra esta semana en su recta final. El Gobierno quiere poner en marcha la reforma teniendo en cuenta estas recomendaciones, pues allanaría su tramitación parlamentaria.

Según explican fuentes de la comisión, más allá de alargar la edad real de jubilación, también hay consenso en blindar la revalorización de las pensiones para para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Igualmente los grupos parlamentarios han acercado posturas en lo relativo a separar las fuentes de financiación del sistema , de tal manera que el Estado asuma los gastos impropios, como bonificaciones y ayudas por hijo a cargo o dependientes y las prestaciones de maternidad y paternidad. En este sentido, el ministro de Seguridad Social ha impulsado que estos gastos pasen al Presupuesto General del Estado ya de 2021. Unas de las bonificaciones que, con más probabilidad, desaparecerán en las próximas cuentas serán las otorgadas a la contratación.

Habrá desincentivos al anticipo del retiro e incentivos para la jubilación demorada, esto es, que los trabajadores se mantengan en activo más allá de la edad legal de jubilación. En estos momentos la Seguridad Social aplica porcentajes adicionales de cotización de entre el 2% y el 4% a los trabajadores que retrasan ese retiro , en función de su carrera laboral. Sin embargo, estos «premios» apenas se está aprovechando. En la mayoría de los casos, solo lo hacen los autónomos : de los 60.000 trabajadores que están en la jubilación demorada, unos 50.000 son autónomos. La idea del ministro Escrivá es que estos incentivos se extiendan a los trabajadores por cuenta ajena, esto es, al régimen general.