El Pacto de Toledo blindará la jubilación de los funcionarios a los 60 años

Una de las cuestiones sobre las que sí se avanzó ayer, según fuentes de la negociación, es la relativa a mantener la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas con 30 años de cotización , como profesores, militares de carrera, jueces, fiscales o funcionarios de la Administración Central. Hasta el momento había reticencias en cuanto a si era una cuestión que debía incluirse en el Pacto de Toledo o, por contra, sacarlo de este terreno, ya que no es un aspecto que esté relacionado con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que ayer tanto PSOE como Podemos insistieron en la idoneidad de que se incluya en el informe de la comisión ya que Europa está mirando con lupa los regímenes especiales como este y ha recomendado que sean integrados. Así, ayer se acordó incluir una especificidad en la que se concluye que no habrá merma sobre los derechos adquiridos de estos colectivos, tal y como habían solicitado los populares.

Actualmente, estos funcionarios pueden jubilarse voluntariamente una vez cumplidos los 60 años, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado y hayan completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado. El «blindaje» de estas condiciones se produce tras la publicación en uno de los reales decretos de medidas económicas para hacer frente a la pandemia aprobado en abril y en el que se hacía efectiva la integración del régimen de clases pasivas en el ministerio de Seguridad Social. Esto provocó un fuerte revuelo entre los funcionarios y los grupos políticos han recogido rápidamente el testigo.

Actualmente a este régimen están acogidos unos 700.000 funcionarios que, de hecho han quedado como en una isla, ya que los funcionarios que se integraron al sistema a partir de 2011 pasaron directamente al régimen general. No obstante, cabe recordar que esta recomendación llegará al tiempo que desde el ministerio de Seguridad Social se aboga por introducir medidas que acerquen la edad real a la edad legal de jubilación (67 años) para el resto de cotizantes. De hecho, ayer mismo, el ministro José Luis Escrivá insistió en el Congreso en que hay «incentivos mal diseñados que se deben corregir» en lo que se refiere a la jubilación anticipada y avanzó que próximamente presentará una serie de «propuestas concretas» para retrasar voluntariamente la jubilación.

Otra de las propuestas que ayer se pusieron sobre la mesa fue, según fuentes de la negociación, que los autónomos cuenten con una recomendación especial para evitar que sus aspectos vayan dispersos a lo largo del documento. La comisión también debatió sobre la revalorización de las pensiones, algo que en principio recoge el mayor de los consensos pero que, sin embargo, ayer ocasionó divergencias en cuanto a la redacción de la medida.

Así, los trabajos continuarán hoy mismo a primera hora de la mañana. Y es que, tras años sin alumbrar un pacto que garantice la sostenibilidad de las pensiones y saque esta cuestión de la arena política, la pandemia ha hecho que esta sea una cuestión inaplazable . Las ayudas de Bruselas llegarán a cambio de unas reformas , incluida la de pensiones, que no pueden caer en saco roto. Por ello un consenso político que asegure su tramitación en un momento en que las fuerzas parlamentarias son tan complejas es un aval al que el Gobierno no quiere renunciar.

La comisión comenzó ayer a concretar los cambios que quieren hacerse en el borrador heredado de la anterior legislatura y sobre el que los grupos decidieron ponerse a trabajar para no empezar desde cero y ya que había consenso sobre varios de los puntos.

Fuentes del Pacto de Toledo explican que existe cierto acuerdo en torno al resumen de objetivos que los grupos solicitaron al Ministerio de Seguridad Social y que éste a su vez remitió a la comisión, aunque se han pedido cambios en la redacción de los mismos. Desde el PSOE hay un gran interés en acelerar los trabajos y alumbrar un acuerdo antes del 15 de octubre , momento en que España debe enviar el plan de reformas. Sin embargo, el calendario aprieta y antes de esa fecha resulta muy difícil que se emita un consenso. De hecho, otras fuentes apuntan a que, de haberlo, el consenso podría llegar en un plazo de en torno a un mes.

Otros de los puntos novedosos sobre los que ya se habría logrado acercar posturas giran en torno al reconocimiento de las prestaciones por enfermedades como la polio, el reconocimiento de la prestación a parejas de hecho y corregir las penalizaciones a las personas con largas carreras de laborales que, sin embargo, tienen que jubilarse anticipadamente y soportan importantes penalizaciones en su prestación, tal y como reivindica la asociación Asjubi 40.