El Gobierno quiere ligar la subida de las pensiones al IPC por ley desde enero

Ligar pensiones y precios es una petición irrenunciable de Unidas Podemos que el ministro y la comisión del Pacto de Toledo deben ahora poner sobre el papel. En la comisión parlamentaria hay consenso en torno al «mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas» , según figura en el borrador del resumen ejecutivo de las conclusiones que remitió el propio Escrivá a la comisión parlamentaria, y a la que ha tenido acceso este diario, ya recoge una revalorización con el IPC real . De hecho, entre los grupos parlamentarios parece haber consonancia en este aspecto aunque quedan algunos detalles por concretar a nivel de redacción.

Fuentes del Pacto apuntan a que la comisión continuará con sus trabajos la próxima semana y no se descarta que los portavoces lleguen a un acuerdo a finales de la misma. Quedaría para la semana siguiente la posibilidad de la luz verde definitiva de la comisión, algo que está pendiente de ajustar en el calendario debido al encaje de la moción de censura presentada por Vox.

En cualquier caso, la intención de Escrivá va más allá de garantizar este año el poder adquisitivo en la Ley de Presupuestos para 2021. Su idea es fijar legalmente ya desde enero que en el medio plazo el poder de compra de los pensionistas quede garantizado. Este «marco estable» quedaría fijado en la Ley General de Seguridad Social y se daría así perpetuidad a una nueva indexación de la pensiones a los precios , una fórmula que, sin embargo, fue muy criticada por Bruselas porque compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, además de favorecer, sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones.

Sin embargo, Europa podría estar dispuesta a aceptar este vínculo a cambio de ajustes en otros aspectos. Fedea ya alertó de que indexar las prestaciones de manera indefinida supondría un coste acumulado de 327.000 millones de euros en los próximos 30 años.

Otro de los grandes frentes abiertos en el seno de la comisión es la posibilidad de desviar en torno a tres puntos de cotizaciones de las cuotas de desempleo para el pago de las pensiones. Esto sería que unos 12.000 millones de euros de la partida de desempleo pasarían a contingencias comunes La opción, planteada desde Seguridad Social, suscitó la solicitud de comparecencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por parte de los populares, aunque fue rechazada. Los populares dudan que la ministra Díaz esté de acuerdo en esta maniobra financiera, pues supondría limitar aún más sus funciones, ya de por sí mermadas tras la división de las carteras diseñada por Pedro Sánchez.

La relación entre ambos ministros no es la mejor y sus diferentes criterios son un secreto a voces. Esta falta de sintonía fue patente en las negociaciones para prorrogar los ERTE. Alineada con empresarios y sindicatos, Díaz se enfrentó a Escrivá y éste tuvo que ceder para cerrar el pacto que ha ampliado esta protección al empleo hasta 2021.