Moncloa se expande en las firmas estratégicas con 1.500 millones

La expansión comenzó hace casi dos años, con la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas que dirige la SEPI. Una de las medidas estrellas del Gobierno para salvar a las grandes compañías de la quiebra por el Covid-19. El fondo ha repartido ya más de 2.000 millones (2.040), de los cuáles 1.200 han llegado a las empresas como préstamos participativos, la modalidad de ayuda que permite al Estado colocar a sus miembros en el Consejo de Administración de las firmas rescatadas y convertir la deuda en acciones en caso de impagos por parte de las compañías. En algunos casos, como en las ayudas a la aerolínea Plus Ultra , en la práctica supondría nacionalizar la empresa, como ya publicó este periódico.

De manera aclaratoria, las ayudas se pueden dividir en préstamos ordinarios (cuentan en el pasivo de las empresa) y participativos o solo en calidad de estos últimos, pues Bruselas así lo estipula en la norma que avala el nacimiento del fondo de rescate español. De esta froma no se carga el pasivo de las empresas en crisis. De hecho, cuando se combinan ambos modelos de recapitalización, la Comisión Europea exige que el montante del participativo sea superior al del ordinario.

La expansión del Estado comenzó con Air Europa, el caso más representativo por ser la primera empresa rescatada por la SEPI y la única en la que el Estado se ha planteado, al menos de forma pública, entrar en el accionariado. Así lo reconoció la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una reciente entrevista con ‘Bloomberg’ en la que dejó abierta la puerta a convertir uno de los préstamos participativos otorgados por el Estado a la aerolínea del grupo Globalia en acciones. En dicha entrevista se especuló, de hecho, con la opción de que el Estado tomase hasta un 40% de la compañía.

Solo unos días más tarde el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, desmintió al Gobierno. El «único compromiso que tiene la empresa con la SEPI hasta 2026 es pagar los intereses del préstamo», destacó en unas declaraciones a este periódico en las que también rechazó que el Ejecutivo pudiera acometer por iniciativa propia una conversión del préstamo en acciones. «Para llevar a cabo toda esta operación tendrían que hablar conmigo lo primero, y nadie del Gobierno se ha dirigido a mi para tratar este asunto», avisaba entonces el empresario. La SEPI ya cuenta con un hombre de confianza en la compañía: Valentín Lago, el actual consejero delegado de la aerolínea.

Desde entonces los planes del Gobierno para entrar en el accionariado de Air Europa se han enfriado. Pero eso no quiere decir que estén descartados. De hecho, en el sector aéreo dan por hecho que si Air Europa no cierra su venta pronto (ya sea a Iberia o a otra compañía) necesitará apoyo adicional del Estado por el deterioro que sufrió su balance durante la pandemia .

El sector turístico, mientras, ha pedido públicamente al Gobierno que interceda en la posible venta de Air Europa e impida el traspaso a una aerolínea extranjera (se especula con el interés de Air France) para evitar así la empresa de los Hidalgo refuerce un ‘hub’ extranjero. Iberia había garantizado que si era capaz de cerrar la operación utilizaría a la compañía para reforzar Barajas, pero dado que la operación no termina de cerrarse esta opción ha quedado en el aire.

Lo cierto es que el caso de Air Europa pone en tela de juicio los planes del Gobierno con el fondo para empresas estratégicas. Bruselas dispuso este mecanismo a todos los países comunitarios con el fin de que el Estado pasara por las empresas de manera transitoria (máximo hasta 2027), pero sin ningún viso de nacionalizaciones. Grandes compañías como Lufthansa ya han devuelto las ayudas a Alemania, acelerando la salida de Berlín del capital de la compañía, si bien este todavía posee un 14% del accionariado.

En España, la procedencia de las firmas rescatadas (muchas del turismo, muy dañadas por la crisis) podría perpetuar al holding de Hacienda en algunas de las empresas apoyadas. En el caso de la aerolínea Plus Ultra, la compañía ya reconoce que incumplirá su plan de viabilidad presentado a la SEPI y aplaza su recuperación a los años 2023 y 2024, cuando la empresa tiene que empezar a devolver las ayudas. Esto podría abocar al Estado a hacerse cargo de ella.

Pero no solo ha entrado el Estado en las empresas a través del mecanismo de la SEPI. A finales de junio del año pasado, el Gobierno aprobó el fondo de recapitalización de pymes que dejó a cargo de Cofides , dependiente del Ministerio de Industria. Desde entonces ha repartido 142 millones a 12 empresas, más de 100 en forma de préstamos participativo. De esta cuantía, un total de 18 millones de euros han ido a parar a la distoteca Pachá.

Aunque según determinan fuentes cercanas a la empresa pública, estas ayudas no se están cobrando la entrada de miembros en los consejos de administración de las empresas.

El último golpe de mano de Sánchez se ha dado en Indra. La semana pasada, la SEPI comunicó a la CNMV su intención de crecer hasta el 28% del capital, desde el 18,75% que posee en la actualidad. Una decisión que el Gobierno urde con el total rechazo de los accionistas minoritarios , inquietos también ante un posible giro de tuerca en el plan estratégico de la empresa con la entrada de nuevos miembros del Ejecutivo en el consejo de la tecnológica.

Sabidas son las intenciones de Moncloa de que Indra entre como socio en el consorcio de compra de la vasca ITP Aero, en un movimiento que además serviría para contentar al PNV. Fuentes de la semipública ya dejaron caer que estos anhelos fueron el detonante del despido del expresidente Fernando Abril-Martorell el año pasado. El directivo se mostró resistente a que se ejecutara la operación.