Las insolvencias golpean de nuevo a las familias y empresas españolas

Sus efectos sobre la salud financiera de particulares y empresas comenzaron a notarse a partir de 2008, año en que los deudores concursados se dispararon un 188% respecto al ejercicio anterior, al pasar de los 1.147 a los 3.298, según la Estadística de Procedimiento Concursal del INE. En 2009 continuó la tendencia alcista de las insolvencias, hasta llegar a los 6.197 afectados. Tras una moderada tregua en 2010, los años siguientes volvieron a aumentar los casos de personas físicas y compañías ahogadas por la falta de liquidez. Una estadística que alcanzó su punto máximo en 2013 , cuando la economía española tocó fondo.

Superados los peores momentos de la recesión, de 2014 a 2016 los deudores concursados descendieron hasta que en 2017 repuntaron de nuevo (+9,5%). En 2018 aumentaron un 11,2% interanual y en 2019 un 3,1%. Un incremento ligero, sí. Pero si se comparan los 6.599 concursos contabilizados a cierre de diciembre con los 5.253 de 2016, el alza fue de casi un 26% . «Cuando hay o se acerca una crisis, el número de este tipo de procedimientos suele crecer. Queda claro que estamos en pleno proceso de ralentización. De hecho, el Ejecutivo ha rebajado dos décimas su previsión de crecimiento para este año . Todo hace pensar que la tendencia se va a mantener en el tiempo», sostiene Massimo Cermelli , profesor de Economía de Deusto Business School.

De los 6.599 concursos –antigua suspensión de pagos– presentados en 2019, el 67,6%, 4.464, correspondieron a sociedades (+3% interanual). Fuentes de Crédito y Caución señalan que la evolución de la concursalidad en España en 2019 está muy en línea con lo observado en otros mercados del mundo: «Como ya indicábamos en nuestro último Economic Outlook, los niveles de quiebra empresarial muestran un incremento global en el entorno del 3%, un aumento que afecta a todas las regiones del mundo, con la única excepción de Europa del Este». Sus previsiones son que esta tendencia se mantenga en 2020 , año en que el aumento se situará en el entorno del 2,6%.

«La desaceleración industrial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China , las sombrías perspectivas del comercio o la incertidumbre sobre procesos como el Brexit han pesado sobre el sentimiento empresarial y el crecimiento de la inversión en un contexto de márgenes cada vez más ajustados», explican desde la compañía especializada en seguros de crédito.

Y ya hay datos que apuntan en esa dirección. En España, en enero de 2020 un total de 484 empresas se declararon en concurso de acreedores, un 57,7% más que en el mismo mes del año anterior, según el Gabinete de Estudios Económicos de la agencia de rating española Axesor. «Durante los últimos meses se ha conformado un panorama que puede tildarse de algo convulso y que viene influido en gran medida por factores económicos externos a las empresas españolas, que además han generado cierta inquietud o, como poco, precaución en el tejido empresarial, tanto en el ya consolidado como en el nuevo emprendimiento», aseguran fuentes de la firma.

Desde Axesor señalan elementos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el largo proceso en el que acabó desembocando el Brexit, la ralentización de una Alemania que a punto ha estado de caer en la recesión o la inestabilidad política derivada de la fragmentación parlamentaria y la repetición de las elecciones generales .

«En España pueden mencionarse, además, circunstancias como la incógnita que se presenta ante la posible derogación de la reforma laboral de 2012 , el impacto en el empleo del reciente incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la política fiscal del nuevo Ejecutivo, que amenaza con subidas de impuestos y gravámenes a, entre otros, el diésel», subrayan desde el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor.

Su estimación para el primer semestre de 2020 es que en nuestro país se produzcan alrededor de 3.127 procedimientos formales de insolvencia , lo que implicaría un aumento de en torno al 30% respecto a los primeros seis meses de 2019, «señal inequívoca –defienden– de que la situación financiera de las empresas se debilita en algunos sectores, tales como la construcción».

Por si fuera poco, la semana del 20 de enero saltó una nueva alarma procedente del continente asiático que puso en alerta a todo el mundo: la crisis del coronavirus . «Está haciendo ralentizar las relaciones internacionales con China, que es un gran motor para la economía global. Si las empresas de Alemania, por ejemplo, no pueden vender a China, automáticamente no compran a España, es como un dominó. Por eso, es probable que muchas empresas frente a este tipo de situaciones no tengan suficiente solvencia y liquidez para poder invertir», explica Cermelli, de Deusto Business School.

A pesar de que la cantidad de sociedades que se han declarado en concurso de acreedores encadena dos años consecutivos de subidas en España, las cifras son bajas si se comparan con las de otros países europeos . No hay que irse muy lejos. Portugal, con un PIB seis veces inferior al de España y con cuatro veces menos población, contabiliza más de 5.000 concursos en 2019. En Francia, por ejemplo, fueron 52.000 procedimientos. En Alemania, 19.400 y en Italia, 12.039, tal y como recoge el Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, a partir de las estadísticas concursales oficiales de cada país.

«El número de empresas en España comparado con otros países siempre ha sido más bajo, pero es que, además, en 2019 la mayoría de las compañías españolas que tenían dificultades ya han concursado. Las que quedan ahora son las solventes y ya pocas caen en concurso», indica Eduardo María Valpuesta , catedrático en Derecho Mercantil en la Universidad de Navarra.

Otra de las explicaciones a esta diferencia está en que en España todavía existe una resistencia empresarial a acudir al concurso de acreedores, al no percibir sus ventajas . De hecho, durante el último año, los pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ascendieron a 6.420, mientras que las empresas que se declararon en concurso de acreedores fueron 4.464. « Debería haber en torno a un 43% más de procedimientos . La situación ha mejorado, pero todavía muchas empresas que están en insolvencia acaban en cerrojazo y no pasan por este procedimiento formal, engrosando la economía sumergida concursal», dice Alberto Velasco , secretario técnico del Refor.

¿Y qué ocurre en el caso de las personas físicas sin actividad empresarial declaradas en quiebra? Que encadenan cuatro años consecutivos de incrementos, hasta alcanzar el año pasado el máximo histórico de la serie (2.135 familias) , iniciada en 2004. Sin embargo, el avance del 3,3% registrado en 2019 contrasta con las subida del 38,5% de 2018 y del 56,1% de 2017.

«La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y generó un efecto llamada, pero se ha estancado», apunta Velasco. Al mecanismo pueden acogerse particulares, empresarios y autónomos para tratar de negociar nuevas condiciones con los acreedores e incluso lograr la cancelación de las deudas, siempre que cumplan con una serie de requisitos, como demostrar que han actuado de buena fe. «El caso típico es el de una familia con hipoteca, que se ha endeudado de forma razonable a sus sueldos, se ha quedado en el paro y no puede pagar. Ahora quedan menos hogares en esa situación y por eso han crecido a menor ritmo los concursos», afirma Valpuesta.

El pasado 2 de julio el Tribunal Supremo emitió una sentencia que establece que el crédito público debe incluirse en el plan de pagos a cinco años y este debe ser aprobado por el juez de lo mercantil sin que la Agencia Tributaria pueda establecer sus propias normas administrativas que lo limitan. «Es un avance, pero no se ha notado su efecto en el 2019. Para este año sí que es esperable que se incrementen más los casos de Segunda Oportunidad», indica Velasco.

Insiste en que «el legislador debería ir más allá, aprovechando ahora la necesaria transposición de la Directiva de Insolvencia en 2020 e incluir modificaciones en la Ley Concursal para estimular que se acuda a la Segunda Oportunidad a través de una mayor proporción del crédito público exento y tener en cuenta especialmente el caso de personas físicas que sean emprendedores». Cree, asimismo, que convendría que el procedimiento fuese más sencillo , menos formalista y que se conociera más por la sociedad en su conjunto.