El Gobierno recula por la presión empresarial y deja el salario mínimo en 950 euros

El propio Pedro Sánchez en su entrevista televisada del pasado lunes ya descafeinó las intensiones del Ejecutivo y aseguró que el incremento del salario mínimo tendría que ser negociado con los agentes sociales. Ayer, Carmen Calvo se adelantó al encuentro que mantuvieron empresarios y sindicatos con la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las defensoras de situar este año en mil euros el SMI, y afirmó que el incremento tenía que ser progresivo y asumible, de forma que «no provoque grandes problemas en pequeñas y medianas empresas».

El líder de la formación morada y el número tres del Gobierno, Pablo Iglesias, tendrá ahora que explicar a sus bases los motivos por los que claudica y acepta un incumplimiento de su promesa electoral. De hecho el propio Iglesias ha tenido un papel decisivo en un acuerdo con los agentes sociales para diluir en varios ejercicios la subida del salario mínimo. La presión de las empresas, grandes, mediadas y autónomos y pymes han hecho ver a los miembros del Gobierno que un nuevo incremento, sin el aval de los empresarios, tendría consecuencias nefastas para el empleo, como así ha sido ya entre las empleadas del hogar y los trabajadores del campo por la subida hasta 900 euros, tal y como avanzó ABC.

Iglesias se reunió esta semana con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sordo, para llegar a un entendimiento que el Ejecutivo refrendará el próximo martes en el Consejo de Ministros . El acuerdo corría prisa, teniendo en cuenta que el alza está referenciada a las bases mínimas de cotización que este año subirán un 5,5%.

El año pasado, el incremento del 22,3% empujó la base mínima de cotización a la Seguridad Social por encima de los 1.000 euros por primera vez, en concreto hasta los 1.050 . El alza ha tenido un impacto significativo sobre la recaudación de la Seguridad Social y sobre los costes laborales que asumen las empresas, en especial las pymes y las de sectores con menor productividad, como son el turismo o la construcción. Las bases mínimas crecieron un 22,3% y las máximas lo hicieron en un 7% y ambas han sido un balón de oxígeno para el sistema.

La clase empresarial ha preferido un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos antes de que Sánchez volviera a imponer por decreto el salario mínimo para este 2020. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó ayer que «nos hubiera gustado que la subida fuera algo menos», y reconoció que en una negociación "algún pelo se queda en la gatera". Su vicepresidente y presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, insistió en que «los 950 euros no son buenos para las empresas, pero es menos malo que mil euros». Y el presidente de ATA y vicepresidente de la patronal, Lorenzo Amor, celebró que el incremento no se impusiera, como en 2019, por decreto y que se «escuchara a quien paga las nóminas y a quien las cobra» para cerrar un acuerdo. Confió en que la legislatura se aborde con diálogo y sin decretos. «950 euros es la subida menos mala que nos podía encontrar», concluyó. El anuncio del nuevo salario mínimo se realizó una hora y media después del primer encuentro mantenido entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los líderes empresariales y con los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo. «Este ministerio va a hacer grande el diálogo social, con mayúsculas», afirmó la titular del departamento. Aseguró también que este Gobierno «es fuerte» y confirmó la promesa de que el salario mínimo alcance al final de la legislatura el 60% del salario medio.

La ministra de Podemos aprovechó también para avanzar que el Gobierno tiene preparado un real decreto para eliminar el despido por absentismo, que permite a las empresas extinciones por bajas recurrentes de los trabajadores, una iniciativa que incluyó la reforma laboral de 2012, cuya derogación no convence a los empresarios. «Nos hubiera gustado que se tratara en la mesa del diálogo social», dijo el presidente de la CEOE.