El escándalo Enríquez Negreira: quién puede y quién no sancionar al Barcelona

Los azulgranas se arriesgan a sanciones penales y tributarias, pero no deportivas, según confirmó este jueves el propio presidente de LaLiga. Javier Tebas aseguró que no existe posibilidad de castigo deportivo para el Barça porque los posibles delitos habrían prescrito al haber transcurrido más de tres años (el plazo recogido en la Ley del Deporte) desde el último pago efectuado al que fuera número dos del arbitraje español durante más de dos décadas.

Ningún club habla públicamente. Sus presidentes callan. El silencio de pares teóricamente afectados parece haberse impuesto tras estallar un escándalo que ha llevado a la Fiscalía a comenzar una investigación ante la sospecha de que la relación entre Enríquez Negreira y el Barça pudiera haber incurrido en un delito de corrupción en los negocios y quizá en algo más. La posibilidad de que con ese pago el club azulgrana hubiera podido buscar un trato de favor arbitral es una hipótesis abierta, una conducta castigada en el código penal con hasta cuatro años de cárcel para directivos de entidades deportivas, hasta seis en el caso de que consideren casos especialmente graves. «La posición de la Fiscalía en la determinación de si hay o no responsabilidades penales en el ámbito de la corrupción entre particulares marcará el que puedan iniciarse actuaciones de carácter disciplinario contra algún dirigente», explica a este periódico Alberto Palomar, abogado especialista en deporte.

Si se encuentran pruebas de amaños de partidos en base a esos pagos, el Barça podría sufrir castigo penal, pero no deportivo. El Real Decreto sobre Disciplina Deportiva vigente desde 1993 recoge en su artículo 14 (dedicado a las infracciones graves) los castigos para «las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición». Unas sanciones que van desde la multa económica al descenso administrativo, pasando por la pérdida de puntos o incluso la retirada de títulos, pero el Barcelona estaría a salvo en este caso.

«Aunque se ha hablado de posibles sanciones deportivas, no serían posibles porque del 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años», explicó Tebas a través de los medios de LaLiga. Según establece la Ley del Deporte de 2022 (articulo 112) y el propio Código Disciplinario de la Federación, las sanciones consideradas «muy graves» prescriben en ese plazo.

«Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, la Fiscalía está investigando los hechos y si puede existir un delito de corrupción entre particulares en la versión de amaños de ámbito deportivo», advirtió Tebas. El artículo 286 bis del código penal recoge una pena de prisión de seis meses a cuatro años para los implicados en este tipo de casos, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad por tiempo de uno a seis años. Sanciones que sí se podrían aplicar en caso Negreira porque la prescripción penal es mayor que la deportiva, cinco años.

«Vamos a respetar la investigación y una vez que termine, si la Fiscalía decide interponer la oportuna querella. A partir de ahí tomaremos la decisión, si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no la hay, el asunto quedará archivado», advirtió Tebas. En esta misma línea se manifestó la Federación Española de Fútbol que, a través de un comunicado, anunció que se personará «en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto». Además, el Departamento de Integridad de la RFEF informó de que ha iniciado un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del Barcelona.

Luis Medina Cantalejo, el actual responsable de los árbitros españoles, también se manifestó ayer sobre este asunto a través de un comunicado en el que mostró la «condena, sin medianías» del CTA de los hechos denunciados sobre Enríquez Negreira, «si son así», anunciando que se personarán en la causa, junto a la propia Federación, y colaborarán «en todo lo posible» para esclarecer lo ocurrido. El andaluz afirmó que «este es uno de los momentos más tristes» que ha vivido en los 40 años que lleva relacionado con el arbitraje» y que jamás ha recibido «ni una insinuación ni un consejo» para que, en su labor arbitral, llevase a cabo cualquier «toma de decisiones que beneficiaran a un equipo u a otro».