La Fiscalía concluye que «el beso de Rubiales fue un atentado contra la libertad sexual de Hermoso»

Durante su informe final en el juicio, ha ido desgranando los hechos y explicando por qué considera acreditado que se han producido los delitos de agresión sexual y coacciones por los que pide dos años y medio de cárcel para Rubiales y un año y medio para los otros tres, empezando por la disección del recorrido penal de ese beso que «no fue consentido». De esto, ha sostenido, «no hay género de duda».

En su opinión, aquel beso «fue un atentado contra la libertad sexual» de la jugadora, a la que no le quedó otra que preguntarle en el juicio por cómo se sintió y que dejó claro «que no consintió y que claro que le afectó». «Afectó a su estado de ánimo, a su dignidad y a su libertad sexual», ha asegurado.

En este punto, ha desarrollado que le sigue como fiscal produciendo «cierto rechazo tener que seguir preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se reían, por qué lo celebró, por qué su comportamiento fue el que fue». «Mi obligación es que se aplique la ley y creo firmemente en aquello de lo que estoy acusando me veo obligada a revictimizar una y otra vez a la que ha sido victima. Lo he tenido que hacer en declaración, instrucción y juicio oral (...) ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico?», ha planteado en la sala.

La fiscal ha incidido en que los elementos que las defensas plantean como contradicción no se sostienen, como que justo tras el beso ella sale del podio sonriendo y dando palmaditas a Rubiales. «¿Y qué obsta a eso que haya habido una agresión sexual? ¿Qué se pretendía, que le agrediera, que le insultara en un acto que se estaba retransmitiendo en todo el mundo? (...) ¿Que le pegara? ¿Que le insultara?», ha planteado.

Para Durántez, es relevante que según baja del podio «le dice a su hermano, a Vitorino (amigo) y a dos jugadoras: '¿Pero habéis visto lo que ha hecho? Me ha dado un beso! Me ha dado asco'». «Se lo dice inmediatamente. Poco casa esa conducta con un beso consentido. Es una actitud de sorpresa inmediata y de transmisión inmediata de esa información, de quererlo contar, de recibir apoyo. Y su actitud es cada vez de mayor decaimiento», ha zanjado.

Lo mismo con la versión de Rubiales: «Pobrecita, ha fallado un penalti, la voy a consolar, voy a agredirla sexualmente», ha resumido al respecto Marta Durántez, para después desacreditar la pericial de la persona sorda que leyó los labios del expresidente de la RFEF, sin tener cualificación o titulación como perito y sin que se haya hecho en esta causa el análisis, pues lo encargó un abogado de Rubiales para un proceso sancionador de la FIFA.

En su opinión, tampoco cuenta que Jennifer Hermoso y su hermano le quitasen hierro al asunto en sendas declaraciones a los medios. La primera, porque estaba en su derecho de restar importancia y porque «en ningún momento dijo que el beso fuera consentido», ni en la radio ni en su entorno. El segundo, porque «a los periodistas se les puede mentir, no es delito, pero al juzgado se viene a decir la verdad» y él, ha sido coherente en su relato, que se ve corroborado por el testigo que viajaba a su lado en el avión y por «el devenir de los acontecimientos».

«No me cabe duda de que dijo la verdad, hemos visto las consecuencias», ha zanjado, dando así verosimilitud a su declaración frente a la de Vilda y la de testigos de la Federación como el ex director de comunicación Pablo García Cuervo, de los que ha llamado la atención sobre su actitud en la sala: «han sido unos maleducados y unos chulos», ha comentado.

En cuanto al fondo jurídico del tipo penal, Durántez ha enunciado abundante jurisprudencia que justifica que «no se necesita ánimo libidinoso» para que un beso, ya considerado en la doctrina «como acto de contenido sexual» constituya una agresión, como en un «beso robado», porque «no existe un derecho en las personas acercarse a otra y darle un beso sin consentimiento expreso o tácito al afectar a la libertad sexual». Y en este caso, «se ha acreditado que no hubo consentimiento, no hubo pregunta y no hubo respuesta, fue sorpresivo, inesperado y sin posibilidad de reacción de la víctima».

Todo, con el añadido de que «el beso no se ha visto en el juicio, lo ha visto el mundo entero», lo que a su parecer constituye una «humillación» que se suma a las «coacciones» posteriores que «hacen más gravosa la conducta del beso» porque encima, Rubiales «era su superior, no en términos de derecho laboral, es una jugadora frente al presidente de la RFEF, que le da un beso habiendo un protocolo anti acoso que dice que esas conductas son reprobables y que estaba por encima», a él «nadie le decía nada».

Y ella, mientras tanto, siguió adelante y «¿qué conseguía más que revictimizarse otra vez?». «Le hubiera ido mejor, vamos, te convocan con la selección te ofrecen un puesto... Siguió adelante porque existen determinados principios que algunas personas sí tienen, dignidad, valores, valentía y defender la verdad de lo que pasó», ha añadido.

Considera que por todo ello, Jennifer Hermoso tiene derecho a una responsabilidad civil que el escrito de acusación cifra en una indemnización de 50.000 euros porque para el resto de su vida, habiendo ganado un mundial «va a quedar como la del beso» y no por su culpa, sino por «la de quien realizó esa conducta». «Tuvo que buscarse un psicólogo. Nadie se preocupó por ella. Para preguntarle como estas a eso no fue nadie. Les preocupaba su chiringuito, eso es lo que les preocupaba». ha reivindicado.

La Fiscalía acusa por coacciones y sostiene que son «graves» porque hay que «tener en cuenta el conjunto». «Son una serie de personas entre los que existe una relación más allá de la profesional, dependen jerárquicamente del presidente de la RFEF, hicieron carrera cuando estaba al mando Rubiales, son conocedores de todo lo que está ocurriendo, la situación de Hermoso y la presión que ha sufrido y aún así, cada uno con su acción individual, insisten y pretenden obligarla a hacer lo que no quiere», ha resumido.

Ha explicado en este punto cómo la narración de los testigos sobre la reunión en el despacho de Rubiales con Integridad el día 23 de agosto ejemplifica la situación de lo que era la RFEF con él: «un modus operandi» que pasaba por crear «situaciones coactivas e intimidatorias» en una «auténtica omertá, porque allí se ponía y se decía lo que quería el señor Rubiales y no otra cosa». «Silencio. Lo que él diga, lo manda todo. Si el se caía caían todos los demás. Cayó y ninguno de los tres acusados forman ya parte de la Federación», ha recordado.

Asimismo, ha traído a su informe final referencia al hecho de que, según consta en la investigación de un juzgado de Majadahonda de corrupción por la Supercopa, Rubiales, Luque y Rivera comparten además una sociedad mercantil. «¿No van a estar dispuestos a lo que sea para salvarle el pellejo?», ha planteado.

En conclusión, entiende que «ha sido un atentado contra la libertad, su paz y su libertad que ha obligado a tratamiento psicológico y a llevar a cavo una serie de conductas como abandonar su lugar de residencia, daños morales claros» que considerando la capacidad económica de los acusados, deben indemnizar.

«Señoría, su deber es aplicar la ley y la ley es clara. Su deber es no apartarse de lo que dice la jurisprudencia, y es clara. No ha quedado duda razonable alguna de que los acusados han sido autores de los delitos que se les imputan. No cabe otra opción posible a la prueba practicada que condenar a los mismos en los términos que interesamos en nuestro escrito de acusación. Es cuestión de justicia», ha cerrado Durántez, para citar: «Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio».