Los exdirectivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) aportarán bienes para la fianza fijada por el juez de Javier Gómez Bermúdez, que decretó apertura de juicio oral contra ellos en la Audiencia Nacional por su gestión al frente de la entidad alicantina.

En el caso del que fuera presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, para quien el magistrado reclamó 6,6 millones de euros por la posible responsabilidad civil, ha optado por presentar las hipotecas de los propios préstamos por los que se le va a juzgar, al considerar que cubren de sobra esa cantidad de dinero. Incluso con la rebaja de valor que impuso el Banco de España, del 30%, se trata de un patrimonio con un precio muy superior a la citada fianza.

El exdirector general Roberto López Abad, a quien el juez estipuló 1,9 millones de euros en este proceso, tenía intención de recurrir igualmente a sus bienes, de los que la Justicia ya tiene una lista por estar inmerso en otras causas, según fuentes próximas al caso. De hecho, ya echó mano de este recurso para salir de la prisión madrileña de Navalcarnero en libertad provisional a mediados de noviembre, en el caso del posible fraude millonario con inversiones en el Caribe.

En 24 horas

La premura con la que el juez Gómez Bermúdez ha reclamado estas fianzas millonarias a ambos exdirectivos –tan solo 24 horas para hacerlas efectivas– puede haber influido también en la decisión de cubrirlas con bienes, en lugar de buscar fondos con que hacer frente a estos desembolsos.

La defensa de Avilés tratará de poner de relieve en el juicio las «incongruencias» del proceso, dado que los créditos por los que se le enjuicia deberían considerarse, en todo caso, «dudosos» pero no morosos.

También, que tanto el Banco de España como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) supervisaron en todo momento las decisiones adoptadas en el seno del consejo de administración de la antigua CAM. De hecho, varios consejeros de la actual Fundación CAM ejercían como directivos en aquella época, antes de la intervención del FROB. Y ahora han destinado más de un millón de euros a gastos jurídicos para emprender esta causa judicial, según las tesis de Avilés.

No obstante, ambos exdirectivos están imputados por el juez por los supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Para el que fuera presidente de la comisión de control, se añade otro de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, reaccionó ayer al conocer la noticia de la apertura de juicio oral con una valoración en cierto modo positiva. Viene, dijo, a «recobrar la confianza» de la ciudadanía en «las instituciones» y a mejorar la «moralidad pública», además de que, en su opinión, «debe hacernos reflexionar» sobre el desmantelamiento del sistema financiero de la provincia.