La Fiscalía de Valencia presentó ayer un escrito en el juzgado para solicitar que se reabra la investigación judicial del accidente del metro de 2006 –en el que fallecieron 43 personas y hubo otros 47 heridos–, al entender que existen «hechos y datos nuevos que en su momento no se valoraron que pudieron afectar al estado de la unidad siniestrada». La decisión del Ministerio Público se produce después de que los socialistas valencianos acudieran a la Fiscalía el 6 de mayo para presentar una nueva denuncia, con una copia de un reciente programa de televisión sobre el siniestro y actas de la comisión de investigación que se llevó a cabo en las Cortes Valencianas en 2006.

Según la Fiscalía, los hechos que se pide investigar de nuevo podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional, que no estarían prescritos. El criterio de la acusación pública difiere del expresado en su momento por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 –al que va dirigido el escrito–. La magistrada archivó la causa en febrero de 2008 al entender que la responsabilidad penal había quedado extinguida con el fallecimiento del conductor del convoy. Una decisión que fue ratificada dos meses después por la Audiencia Provincial. Sin embargo, el Ministerio Público entiende que dicha responsabilidad no se extinguió con la muerte del conductor, por lo que pide reabrir el caso.

El escrito de la Fiscalía, a pesar de solicitar que se reabra la investigación sobre el siniestro, sí da en cambio por prescrito el posible delito de falso testimonio en la comisión de investigación denunciado por el PSOE –en realidad, en la base de la denuncia socialista, que busca responsables políticos al trágico accidente–, «al estar prescritos los hechos y no existir indicios de que se hubiera cometido falsedad documental en los documentos remitidos» a la citada comisión.

«Colaborar con la justicia»

Las reacciones a la decisión de la Fiscalía no se hicieron esperar. Tanto desde el Gobierno valenciano como desde la empresa pública FGV, que gestiona el Metro de Valencia, mostraron su disposición a «colaborar con la justicia» y facilitar «toda la información» que se le solicite al respecto.

En este sentido, la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, señaló que el Consell «siempre ha colaborado y siempre colaborará con la Justicia». En declaraciones a los medios antes de participar en una reunión sectorial en el Ministerio de Fomento, Bonig aseguró que en la Generalitat hay «total y absoluta tranquilidad, serenidad» y espíritu de «colaboración».

Mientras, el PSPV, promotor de la denuncia, consideró que la decisión del fiscal «es un paso positivo hacia el camino de la verdad y la asunción de responsabilidades políticas» sobre el siniestro, un mensaje –el de buscar responsables políticos– en el que vienen insistiendo. Y en cuanto a la asociación de víctimas, satisfecha, cree que «hay mucha información que no se tuvo en cuenta en la primera investigación».