Venezuela se debate entre el puño de Maduro y el avance de Trump

Como ella, muchos otros no pudieron salir ni entrar, al menos no en avión. De momento, y hasta anoche, J. P. espera salir por la frontera, por eso evita cualquier conversación o dato que pueda comprometerla.

Todos desconfían en Venezuela. Aceptar hablar para este reportaje implica un riesgo real y, sobre todo, innecesario. «A más de uno se lo han llevado por tener pendejadas en el teléfono», dice un empresario desde Caracas. Prefiere no dar detalles. Se limita a explicar que la tensión a raíz del cerco de Trump disparó la tasa de cambio paralela.

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El poder adquisitivo promedio se resquebraja, la Navidad es un eufemismo y Nicolás Maduro alterna su discurso antiimperialista con un recrudecimiento de la violencia de Estado contra los ciudadanos. Cualquiera puede ser un traidor a la Patria. La gente intenta hacer su vida sin meterse en problemas.

En noviembre de 2025 –tras dos meses de ataques navales a lanchas asociadas al narcotráfico en la costa de Venezuela– Donald Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor del país debía considerarse «cerrado en su totalidad», una medida presentada como advertencia de seguridad.

El Gobierno de Nicolás Maduro respondió denunciando «amenazas imperialistas» y ordenó la revocatoria de concesiones a varias aerolíneas. En cuestión de días, Iberia, Air Europa, Avianca, LATAM, TAP Air Portugal y Turkish Airline suspendieron sus vuelos. El país quedó, una vez más, aislado.

Más de 8.000 pasajeros resultaron afectados en pocos días. En Madrid-Barajas, unos 350 viajeros de una sola ruta permanecieron varados sin plan alternativo y apenas 30 fueron reubicados en otros vuelos. La reducción del 24,7% del número de vuelos internacionales dejó al país con menos capacidad de carga aérea.

Por esas bodegas entran medicamentos, equipos médicos, repuestos industriales y paquetería urgente. Ahora todo debe desviarse hacia Bogotá, Panamá o Sao Paulo, generando retrasos y sobrecostos.

Óscar Murillo, representante de la organización en defensa de los derechos humanos Provea, lo resume así: «En Venezuela hay un ambiente marcado por la autocensura. La sociedad duda sobre qué puede decir y cuándo puede expresarlo».

El temor no siempre es explícito, pero actúa de manera constante. Tras el despliegue militar estadounidense cerca del territorio venezolano, el Gobierno reactivó patrones conocidos: detenciones selectivas, seguimiento a dirigentes políticos y vigilancia a ciudadanos de origen extranjero bajo sospechas imprecisas. «El Gobierno ha retomado su narrativa antiimperialista y la doctrina de seguridad nacional. Bajo esa doctrina, la crítica se considera una amenaza», señala Murillo.

El desconocimiento de los resultados electorales de julio de 2024 fue un punto de quiebre en el régimen de Nicolás Maduro. La población, ya golpeada por salarios insuficientes y servicios públicos deteriorados, quedó sin canales efectivos de expresión política. Las protestas posteriores fueron contenidas con represión y detenciones.

A finales de 2024 surgió el Comando Nacional de Defensa de la Democracia, un cuerpo que agrupa funcionarios de distintos organismos y actúa con amplias facultades. Sus acciones se han orientado a detener periodistas, defensores de derechos humanos y figuras vinculadas al entorno de María Corina Machado.

A ese clima se suma la censura mediática. El 10 de octubre de 2025, la noticia de que Machado había recibido el Premio Nobel de la Paz apenas circuló en radio y televisión. Entre las pocas voces que lo mencionaron estuvo Shirley Varnagy, desde su programa 'ShirleyRadio' en Onda La Superestación. Hizo una mención breve: el Nobel, el nombre de Machado, algún contexto mínimo.

Al día siguiente, su voz ya no estaba al aire en su franja habitual. No hubo comunicado oficial. La emisora no dio explicaciones. Reina la cautela, pero también la necesidad de un cambio, así lo certifica las distintas organizaciones que trabajan por el respeto de los derechos humanos.

«En este momento estamos viviendo una etapa en la que la sociedad venezolana tiene muchas expectativas. Creo que es claro, y así lo dicen los estudios de opinión a los que nosotros hemos tenido acceso, que el deseo mayoritario de la población venezolana es un cambio político». En su diagnóstico de la situación, Óscar Murillo insiste en la descripción de un sentimiento popular, el deseo mayoritario de un cambio político.

«La gente no aspira a un cambio decorativo, sino a un cambio político que nos lleve a un momento, a un proceso donde inicie una transformación de las realidades políticas, que eso también tenga un impacto en la calidad y en las condiciones de vida de los venezolanos –explica–. Eso creo que es como una premisa básica para entender todo lo que está pasando dentro de Venezuela».

Los datos de organismos independientes confirman el deterioro social y político. Encovi registró una pobreza por ingresos del 94,5% y una pobreza extrema del 76,6%. La ONU contabilizó más de 1.500 muertes hospitalarias por falta de insumos entre 2018 y 2019. La diáspora supera los 8 millones de personas. Foro Penal reportó 823 presos políticos en septiembre de 2025 y más de 18.486 detenciones políticas desde 2014. Provea documentó más de 10.000 muertes a manos de cuerpos de seguridad entre 2013 y 2023. La ONU atribuye más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2018 y 2019. La situación es profunda y manifiesta ahora sus grietas más visibles.

El papel de Trump en todo esto no es nuevo. La política ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro es la continuación de una línea de presión iniciada en 2017, cuando se habló por primera vez de una «opción militar» y se aplicaron sanciones financieras. A partir de entonces, el deterioro institucional se profundizó.

Las fuerzas de seguridad aumentaron su presencia en calles y zonas residenciales. Las protestas de 2017 terminaron con más de 160 muertos y miles de detenciones. Las sanciones de 2018 y 2019, sumadas al embargo petrolero, golpearon duramente la economía. De forma paralela a la depauperación económica, surgió una erosión institucional.

Bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas oficiales surgieron economías ilegales dentro y alrededor de organismos públicos: contrabando de combustible, cobros irregulares, circulación de mercancías sin control aduanero y redes de corrupción en puertos y aeropuertos.

Venezuela se convirtió en un punto clave en las rutas de cocaína hacia África Occidental y Europa. Su extensa costa, la merma de vigilancia y la corrupción permiten la circulación de embarcaciones sin supervisión efectiva. A eso se suma el desplazamiento de las bandas de delincuencia –satélites de las fuerzas armadas y grupos paramilitares– hacia zonas de explotación ilegal como el Arco Minero del Orinoco, donde se lleva a cabo la extracción ilegal de riquezas, la trata de blancas y el tráfico de personas.

Tras la acusación por narcoterrorismo contra Maduro, el Gobierno reforzó el uso combinado de fuerzas militares, policiales y civiles armados para labores de control interno. Para 2021, la pobreza alcanzó niveles históricos y amplias zonas del país quedaron supeditadas a estructuras locales con acceso a armas o respaldo institucional.

Incapaz de movilizar a sus bases, sobre todo en los rincones más empobrecidos, el régimen de Maduro cruzó todas las líneas, incluido el desconocimiento de la victoria de la oposición en julio de 2024. En solo dos días se registraron 915 protestas en 20 estados; 138 fueron reprimidas. Hubo entre 24 y 25 personas asesinadas por armas de fuego, más de 2.200 detenciones y al menos 50 desapariciones forzadas de corta duración.

En 2025, Provea destacó el caso del abogado Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo. Durante cinco días ningún organismo admitió su paradero. Solo el 13 de mayo la Fiscalía reconoció su detención sin ofrecer detalles. Continúa desaparecido. Otros casos incluyen a Perkins Rocha y Biaggio Pilieri, detenidos en 2024 y mantenidos incomunicados en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). La desaparición temporal de la defensora Rocío San Miguel sigue citándose en informes internacionales.

Foro Penal registró en julio de 2025 un total de 807 presos políticos; 44 estaban desaparecidos o incomunicados. Entre abril y noviembre de 2025 documentaron entre 37 y 59 desapariciones forzadas o incomunicaciones prolongadas.

Venezuela enfrenta una combinación letal: aislamiento aéreo, tensión internacional, represión interna creciente, pobreza estructural y control territorial fragmentado. Mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe y el Gobierno refuerza su discurso de resistencia, la vida cotidiana se reduce a resolver lo inmediato y evitar riesgos innecesarios. Reina la incertidumbre y la oscuridad total del apagón democrático.