La privilegiada vida de Ximo Puig como embajador en París

Puig fue nombrado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el 20 de febrero de 2024, dos meses después de anunciar que dejaba el liderazgo del PSPV-PSOE, que pasó a manos de la ministra Diana Morant, tras perder la Presidencia de la Generalitat. Para ello, renunció a su cargo de senador por designación de las Cortes Valencianas.

A la espera de que se fije fecha para el juicio de su hermano por presuntas irregularidades en las subvenciones que recibió de la Generalitat, el embajador se ha dejado ver en las últimas semanas en actos públicos en Valencia y Madrid. Algunas fuentes consultadas del PSPV valoran positivamente sus opiniones y su discreción -lo sitúan como una especie de referente moral- en un momento en el que la formación liderada por Morant ha perdido su principal y única baza -Mazón y su comida en El Ventorro- y se ha quedado sin discurso tras el relevo en el Gobierno regional que ahora preside Juanfran Pérez Llorca.

De hecho, Puig mantiene su oficina como expresidente autonómico, una prerrogativa que tiene por ley, con dos asesores, chófer y un céntrico local en Valencia a cuenta de de las arcas de la Generalitat. Su coste para el erario se desconoce. Tampoco es público su salario total como representante de España ante la OCDE, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación oculta una parte sustancial de los emolumentos de los embajadores, que gozan también de otros muchos privilegios.

Tras un requerimiento de información al Portal de Transparencia del Gobierno, la Dirección General del Servicio Exterior confirmó a ABC que «el contrato de arrendamiento de la residencia de la Representación Permanente de España ante la OCDE en París tiene una renta mensual de quince mil euros». Se trata de un exclusivo piso en la Avenue Marceau, que comunica el Sena y el Arco del Triunfo. Está ubicado a setenta metros de la cancillería -las oficinas diplomáticas- de la delegación y de la Embajada de España en Francia, un edificio que sí es propiedad del Estado. Además, «todas las embajadas de España en el exterior cuentan con vehículo de representación y de servicio».

No obstante, pese a que se solicitó acceso al sueldo bruto anual, con todos los complementos e indemnizaciones, la respuesta remitía al mismo portal para consultar las retribuciones de los altos cargos de todos los departamentos del Ejecutivo. La información que consta en la web está incompleta. El salario bruto que recibió Puig en 2024 rondó los 64.000 euros, de acuerdo a los datos publicados. La legislación de 1995 aplicable en este caso indica que, al salario bruto anual, incluidas las pagas extraordinarias, hay que sumar un complemento de destino (16.300 para los embajadores, en el nivel 30 de la Administración) y otro específico.

Esas tres variables se multiplican por dos módulos que el Gobierno actualiza cada año: uno de equiparación del poder adquisitivo, para paliar las diferencias de precios entre Francia -en este caso- y España; y otro de calidad vida, que se calcula «en función de factores como lejanía, clima, insalubridad, incomunicación, situación de violencia o guerra, inseguridad ciudadana, y otros similares» que puedan disminuirla. Según la estimación realizada, la cifra total rondaría los 150.000 euros anuales e incluso podría ser superior. El antecesor de Puig en el cargo, Manuel Escudero, recibió 151.660 en 2021, según el Portal de Transparencia.

La ley permite al Gobierno designar embajadores a personas que no pertenecen a la carrera diplomática. El de Puig, de hecho, no es el único caso. Los exministros Miquel Iceta, Hector Gómez e Isabel Celaá también fueron ascendidos por Albares desde que accedió al puesto hace más de cuatro años. Nombramientos que ya se producían en ejecutivos anteriores, con el de Mariano Rajoy, que otorgó el mismo cargo que Puig –no exento de polémica- al exministro de Educación José Ignacio Wert, que estuvo en el puesto entre 2015 y 2018. El PSOE lo calificó entonces como un «acto de nepotismo». Unas designaciones a las que se ha mostrado contraria, desde hace años, la Asociación de Diplomáticos Españoles.